Investigación judicial

Dos excargos de la Generalitat en Lleida, a un paso de ir a juicio por presunta corrupción

La juez considera que dos jefes de los servicios de carreteras podrían haber percibido dinero y regalos por favorecer a una empresa en la adjudicación de trabajos de mantenimiento

Carretera A2 Lleida

Carretera A2 Lleida / MARC VILA

J. G. Albalat

J. G. Albalat

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Un juzgado de Lleida ha dejado a un paso de ir a juicio al exjefe de servicios territoriales de carreteras de la Generalitat en esta provincia, Jordi Benet Llobera, y al exresponsable de área de conservación, Baltasar Carlos Rullan Marqués, por la presunta adjudicación irregular de contratos a cambio de dinero en metálico, regalos o dádivas, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En la causa judicial se investiga la presunta comisión de varios delitos, entre los que figuran malversación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, Diana Lorenzo Mañas, también confirma la imputación de Jose Maria Gruas Pauls y Miguel Turmó Gruas, directivos de la empresa MJ Gruas, compañía que supuestamente se benefició de las concesiones de labores de mantenimiento de carreteras, así como de una tercera persona. La magistrada, sin embargo, archiva el proceso judicial contra otros cuatro encausados. En la resolución judicial acuerda dar traslado de la causa al fiscal para que en un plazo de tiempo presente su escrito de acusación. De la investigación se ha encargado la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos. 

La jueza sostiene que Gruas y Turmó “utilizaron sus contactos personales y profesionales con entonces cargos del departamento de carreteras en Lleida para “obtener un beneficio” para su empresa, “tanto para conseguir” la adjudicación de contactos” de servicios de carteras, como para “obtener una posición de preferencia respecto el resto de las empresas que se presentaban a las licitaciones”, y “para favorecer” el cobro de facturas presentadas a la Generalitat por trabajos no realizados o hechos parcialmente. A su entender, esta actuación permitió “un aprovechamiento económico” de la empresa respecto al “erario público”. La fiscalía vinculó en su día esta sociedad con el 'caso Triacom' de presunta financiación ilegal de CDC que se instruye en la Audiencia Nacional

Regalos, dinero y dádivas

La resolución judicial precisa que, a cambio de ese supuesto trato de favor, Benet recibió dinero en metálico “o bien regalos, dádivas o trabajos en su beneficio particular, como obras en una finca suya en Torrefarrera. El otro alto cargo acusado, Rollan, recibió, siempre según este escrito, “regalos o dádivas”. Las adjudicaciones bajo sospechas se remontan a 2014 y abarcan trabajos de conservación en dos tramos de carretera en la provincia de Lleida.

Una de estas licitaciones, adjudicadas en 2010, pero suspendida en 2011 a causa de la crisis económica y por falta de liquidez, se reactivó en 2016, y se trataba de unas labores en la vía entre Lleida y Corbins. Los representantes de la empresa, según el auto, mantuvieron conversaciones entre ellos para planificar los trabajos y “los cargos públicos con los que tenían que hablar o a los que tenían que presionar para hacer posible los cobros”. La jueza subraya que en mayo de 2016, a petición de Benet, los trabajadores de MJ Gruas efectuaron trabajos en una finca particular suya, sin que conste facturación alguna. A ello añade que los directivos de esta empresa, incide la resolución, convinieron con el alto cargo pagarle una cantidad en metálico. También se le sufragó comidas en restaurantes de categoría de la localidad de Lleida, tal y como se desprende de extractos de las tarjetas de la sociedad.

Los investigadores también han hallado supuestas irregularidades en una adjudicación de 2014. En un pendrive intervenido se encontró un archivo de movimientos de caja en el que consta una entrega de 5.000 euros en concepto “Jordi Bebet. Miquel Firmat”, lo que supondría la entrega de dicha cantidad a Jordi Benet como contraprestación a la adjudicación de ese contrato. El auto recoge también certificaciones mensuales de obra que presuntamente no se correspondía a trabajos realizados. La magistrada, además, relata la existencia de “gran cantidad ingresos en efectivo” (94.030 euros) en una cuenta bancaria de Benet, “desconociendo el origen de dichas cantidades”, a la vez que destaca el importante patrimonio de este alto cargo investigado (cinco viviendas y seis plazas de aparcamiento).