El Govern levanta el veto al PSC para poder aprobar los presupuestos

El efecto dómino ha sido evidente. Una vez el Gobierno y ERC han pactado la reforma del Código Penal con derogación del delito de sedición incluida y mientras tantean si es posible también un acuerdo para modificar el de malversación, se ha encendido la luz verde del semáforo del Govern para negociar con el PSC los presupuestos de la Generalitat. Hasta ahora los republicanos lo mantenían en ámbar a la espera de resultados en Madrid. La 'consellera' de Economia, Natàlia Mas, ha sido clara y meridiana: ya no hay "línea roja" que impida estrechar la mano tendida de Salvador Illa desde hace tres meses, cosa que no quita que la aritmética prioritaria continúe siendo ir de la mano de Junts y de los 'comuns'.

Pero una cosa es lo deseable y la otra lo que es posible, y justamente por eso el 'president' Pere Aragonès mantiene a los socialistas en la reserva. La titular de Economia ha admitido en una entrevista a Catalunya Ràdio que será inevitable una "prórroga técnica de unas pocas semanas" y todos los actores en juego sitúan como claves los 15 próximos días teniendo en cuenta que la previsión es que el Consell Executiu apruebe los presupuestos a principios de diciembre. Básicamente para intentar desbrozar cómo de largo será ese paréntesis antes de tener cuentas nuevas en vigor.

Tanto los socialistas como los 'comuns' quieren una entente sellada antes de que los presupuestos aterricen en el Parlament, sobre todo teniendo en cuenta que si no pactan antes de finales de año acabará atrapados en la telaraña del clima preelectoral. Es con los de Jéssica Albiach con los que la 'consellera' Mas asegura que las conversaciones están "más avanzadas", mientras los socialistas fruncen el ceño y reclaman que, más allá de las palabras, se les faciliten cifras concretas para ver qué margen negociador hay.

2.000 millones ya comprometidos

El techo de gasto para el año que viene supera en 3.000 millones las cifras del 2022, lo que supone un incremento del 10%. Pero el Govern da ya por comprometidos del orden de 2.000 millones. Se estrecha, pues, el montante del toma y daca para el acuerdo. Con los 'comuns' se han reunido por lo menos dos veces -Mas dice que tres- y este viernes se producirá el tercer intercambio, mismo día en qué se producirá también el segundo encuentro con Junts.

Los exsocios, que mantienen el rol de oposición sin concesiones, sospechan que el Govern busca pactar primero con los 'comuns', como ya hizo con las cuentas del 2022, y los socialistas han salido este jueves de la segunda interlocución decepcionados, ha dicho la portavoz, Alícia Romero, porque no se entra aún en detalles y todo va "lento". Los socialistas avisan que de poco sirven las palabras si no se acompañan con hechos.

Conscientes de que, ahora sí, empieza la contrarreloj, En Comú Podem ha escenificado su pulso dejando claro que no será barato y que sus exigencias buscan ahuyentar a Junts de la suma para aprobarlos. De hecho, apuntan al corazón de la carpeta con los intereses más antagónicos: la fiscalidad. Si los posconvergentes quieren la reducción del IRPF, los 'comuns' reclaman incrementarlo para las rentas altas, así como subir el de patrimonio o el de los pisos vacíos. Sobre la mesa Albiach ha puesto muchas otras peticiones que requieren de un desembolso significativo: 5.000 viviendas de alquiler social, recuperación de la sexta hora en las escuelas públicas, 1.000 millones para escudo social y el 25% del presupuesto de Salut para la atención primaria.

La frágil carpeta de la fiscalidad

De partida, ha admitido la 'consellera', el Govern no es favorable a hacer cambios en la carpeta de impuestos, más allá del de cruceros que se acordó el año pasado y otros medioambientales ya previstos. Ha recordado que esta era la intención y ha argumentado que deflactar la tarifa autonómica del IRPF, como querría Junts, supondría un impacto de apenas tres euros para el 30% de los contribuyentes de menor renta y de 24 euros para los de mayores ingresos. Para la Generalitat, ha explicado, significarían 55 millones, es decir, el 15% del presupuesto de Salut.

Mas ha criticado, por tanto, las medidas que "buscan titulares", que supone un coste elevado para la Generalitat y un impacto muy limitado de manera individual. En cambio, no ha cerrado la puerta a retoques fiscales al alza que plantean los 'comuns', aunque lo ha dejado todo a merced de la evolución de la negociación. "Hay propuestas que son mucho titular y poco impacto", ha dejado caer Romero exhibiendo cierta sintonía en este ámbito con la 'consellera'. Sin embargo, los socialistas siguen sin desvelar sus exigencias bajo la filosofía de que quieren pagos por avanzado de un Govern que Illa señala que "no es de fiar". La segunda ficha del dómino caerá en una semana, cuando ERC apruebe los presupuestos de Pedro Sánchez.

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