El delito que sustituirá a la sedición rebajará la pena máxima a 5 años de prisión

La proposición de ley para derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de "desórdenes públicos agravados" ya está registrada en el Congreso. Tras el anuncio de Pedro Sánchez, PSOE y Unidas Podemos han registrado este viernes una iniciativa para suprimir el capítulo 1 título XXII del Código Penal que versaba sobre el delito de sedición y crear una nueva tipificación de delito de desórdenes públicos agravados que conlleve penas máximas de cárcel de 5 años. Esta figura actuará contra aquellos que atenten "contra la paz pública", mientras exista "violencia o intimidación" y sean cometidos por "una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público".

El texto registrado por socialistas y morados modifica el artículo 557 del Código Penal que hace referencia a los delitos de desórdenes públicos. Así, establece que serán castigados quienes "actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o cosas; obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o la salud de las personas o invadiendo instalaciones o edificios". En estos casos, las penas irán de los seis meses a los tres años.

Sin embargo, las condenas serán de tres a cinco años de cárcel e inhabilitación para ser cargo público cuando este delito "cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público". En caso de ser autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años. Los socios habituales del Gobierno -ERC, PNV, EH Bildu y Más País- ven con buenos ojos esta propuesta, por lo que todo apunta a que saldrá adelante sin ningún problema

El porqué

En la exposición de motivos, los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, argumentan este cambio en la necesidad de "armonizar la legislación española" con la de países del entorno y "adecuar" la regulación a "la realidad histórica actual", ya que apuntan que el delito de sedición fue introducido en el Código Penal de 1822 y "mantiene prácticamente inalterada su redacción original". "La escasa aplicación que hasta fechas recientes ha experimentado este delito ha impedido apreciar con claridad los graves problemas de interpretación que se derivan de la difícil delimitación del tipo penal y de la confusa definición de la conducta típica", sostienen para justificar que el cambio del Código Penal se produzca ahora.

PSOE y Podemos introducen este cambio legal que está exigiendo ERC como proposición de ley a través de sus grupos parlamentarios, una fórmula que les permite esquivar la obligación de solicitar informes al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial. Cuando es el Ejecutivo el que impulsa una iniciativa esos requerimientos son obligatorios. El portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, ha quitado importancia al camino elegido y ha recordado que en las últimas nueve legislaturas, gobiernos de todos los colores han utilizado este sistema para modificar en 10 ocasiones el Código Penal.

Además, el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha señalado que la reforma podría estar aprobada antes de final de año y ha dejado caer que el próximo paso sería reformar el delito de malversación por el cual también están condenados varios procesados por el 1-O. Según ha dicho, se trata de un "cajón de sastre que permite interpretaciones torpes como la que hizo el Supremo" y que "habrá que abrir ese debate". Aunque "sin prisa" y "paso a paso".

El PSOE recuerda que algunos países europeos no pudieron extraditar a algunos dirigentes huidos porque los tipos de delitos no estaban homologados

Las extradiciones

López ha defendido que su Gobierno homologue el ordenamiento jurídico a algunos países del entorno europeo y ha recordado que, tras la declaración unilateral de independencia, algunos de esos estados no pudieron colaborar judicialmente con España "no fue posible". "Se requería de un tipo de delito homologable que no existía y eso impidió, entre otras cosas, las extradiciones", ha apuntado.

En una rueda de prensa en el Congreso para defender la reforma legal, el portavoz socialista ha subrayado que "Catalunya está hoy infinitamente mejor que en 2017". "Ahora la Generalitat se compromete por escrito a cumplir el ordenamiento jurídico legal, y a que las soluciones sean amplias y transversales para toda la sociedad catalana, como acordó la mesa de diálogo en julio. Ahora la mayoría de catalanes y catalanas quieren permanecer en España y no salirse de ella como pasaba antes. Ahora no hay unidad de acción independentista, ha desaparecido el victimismo, que es lo que más les aglutina", ha reflexionado. Se refería indirectamente a que Junts ha desdeñado esta reforma del delito de sedición y la ha calificado de "nueva trampa" del Gobierno a ERC.

Los periodistas han preguntado si el PSOE ha calculado el impacto que esta reforma legal puede tener en el votante socialista, que acudirá en las urnas el próximo mes de mayo en las elecciones autonómicas y municipales. López considera que los dirigentes socialistas deben saber explicar los motivos que han llevado a Sánchez a dar pasos para mejorar "la convivencia en Catalunya" desde que llegaron al Gobierno, en mayo de 2018. "El que más ha hecho por la unidad y la convivencia en este país ha sido este Gobierno. Y eso nuestros electores lo van a entender perfectamente", ha argumentado después de recordar que durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) se realizaron dos consultas ilegales y se declaró la independencia.

El apoyo de los socios

La proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos cuenta ya con el respaldo del bloque progresista. A la satisfacción que expresa ERC, con la que el Gobierno ha negociado esta reforma, se suma la del PNV, cuyo portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que la propuesta es "lógica" y que les parece "positivo". EH Bildu también ha hecho una "valoración positiva". El diputado aberzale Jon Iñarritu ha asegurado que "era un compromiso pendiente del Gobierno y es positivo que se lleve a cabo antes de que termine la legislatura". El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha dicho que es "una decisión correcta y justa". Así, el Ejecutivo lograría 179 'síes' con lo que superaría la mayoría absoluta necesaria para reformar el Código Penal.