El PSC carga contra el decreto del catalán: "¿Qué problema hay en que se dé una materia en castellano?"

El PSC ha defendido hoy su posición ambivalente con respecto a la respuesta política que se está dando desde Catalunya a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) que dispone que un 25% de las clases se den en castellano. Los socialistas han pactado con ERC, Junts y 'comuns' una ley que, en réplica a esa resolución judicial, quiere regular el régimen idiomático en las escuelas; sin embargo, están en contra del decreto que el Govern aprobó el lunes.

Lo están porque, según ha explicado la portavoz parlamentaria del PSC, Alícia Romero, colisiona con la decisión del TSJC. Y una de las premisas de los socialistas es que hay que cumplir las sentencias, "gusten o no". Además, el PSC no ve problema en que la presencia del castellano en las aulas se incremente hasta ese 25% que pide el tribunal. "¿Qué problema hay en que se dé una materia en castellano?", se ha preguntado Romero. "Eso ya pasa en muchas escuelas, y no es un problema", ha añadido.

La dirigente socialista ha explicado por qué su partido se opone a ese texto. "Se habló de que ley y decreto irían en consonancia, pero por desgracia ayer vimos que no era así. No se habla del castellano, y se apoya una inaplicación de porcentajes, es decir, incumplir la sentencia", ha dicho Romero. 

Para el PSC, el punto de partida de cualquier sistema sigue siendo el mismo: "El catalán es lengua minoritaria que hay que garantizar y proteger, pero el castellano tienen que ser también lengua de aprendizaje y puede ser vehicular en otras materias, como matemáticas o educación física".

Los 'comuns' votarán con el Govern

Los 'comuns', sin embargo, sí apoyarán el decreto en el Parlament, lo que permitirá a ERC y Junts sacarlo adelante. "No dejaremos a la intemperie jurídica a las direcciones de los centros, y pensamos que quien debe dar la cara es el Departament", ha dicho la líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, que ha añadido que "el objetivo es garantizar la plena competencia en las dos lenguas oficiales, y eso se hace con criterios pedagógicos y teniendo en cuenta el entorno sociolingüístico".

Los 'comuns' quieren que tanto la ley como el decreto se aprueben lo antes posible. La ley deberá esperar a que haya dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que pidieron Vox, Cs y PP; en teoría, tiene que estar listo antes del pleno ordinario de la próxima semana, donde podría ya votarse la norma. El decreto, sin embargo, no pasará por el filtro del CGE. Vox y PP han decidido acudir directamente al Tribunal Constitucional, aprovechando que pueden hacerlo porque tienen más de 50 diputados en el Congreso.

La vía de los tribunales

El portavoz de Cs, Nacho Martín Blanco, ha vuelto a advertir al 'conseller' de Educació, Josep Gonzàlez Cambray, de consecuencias judiciales si no acata la sentencia. Los naranjas ya recurrieron a la fiscalía del TSJC el 28 de marzo, pero el 4 de mayo el caso quedó archivado al considerar que el procedimiento estaba en curso y que el escrito tenía talante “político y no jurídico”.

“Estamos ante los últimos coletazos, el fin de fiesta, de una de las mayores tomaduras de pelo en España. Se pretende desobedecer los mandatos judiciales abiertamente y desobedecer el 25%”; ha espetado, señalando al PSC y a los ‘comuns’ por pactar la nueva ley sobre el catalán. “Es evidente la manifiesta voluntad de enfrentarse a los tribunales […] El PSC es absolutamente corresponsable. Si el separatismo va con todo en las tretas para tratar de derribar el estado democrático y driblar a los tribunales, nosotros vamos a ir a con todos los instrumentos para impedir que el nacionalismo vuelva a pisotear los derechos lingüísticos”, ha zanjado.

El PP, por boca de su portavoz, Lorena Roldán, ha cargado también contra el PSC. "Está cada día más cerca de ERC y más lejos de la Constitución", ha dicho a cuenta de la participación de los socialistas en la ley que busca regular el régimen lingüístico en las escuelas.