Las escuelas de Catalunya acreditarán mediante un cuestionario que cumplen la normativa lingüística

El Departament d'Educació ha enviado a primera hora de este martes, justo el día en que vence el plazo que dio el TSJC para impartir un 25% de castellano en las aulas, un correo electrónico a los más de 5.000 centros educativos de Catalunya con las instrucciones "muy claras", en palabras del 'conseller' Josep Gonzàlez-Cambray ,que han de seguir para acreditar que sus proyectos lingüísticos cumplen la nueva normativa vigente, que es la que marca el decreto que el Govern aprobó el lunes. Educació considera que con el decreto y las instrucciones los centros quedan protegidos ante la justicia porque, y aquí el quid del asunto, el decreto fija un nuevo marco legal que el TSJC deberá cumplir.

En este correo, el Departament explica que para acreditar que los proyectos se ajustan a la nueva normativa, las direcciones deberán acceder a un aplicativo y responder un cuestionario de siete preguntas. Las escuelas tienen ahora un margen de 30 días, es decir todo el mes de junio, para responder a este cuestionario. La Inspección del Departament contactará con todos los centros para asesorarles en el proceso.

Si todas las respuestas del cuestionario son afirmativas, ello significará que el proyecto lingüístico es correcto y el Departament, a través de la Inspección, lo validará como tal. Si alguna de las respuestas es negativa, estos centros tendrán un curso --el 2022-23-- para adecuar su proyecto a la normativa vigente. "Deberán adaptar el proyecto, pasarlo para su aprobación en el Consell Escolar, remitirlo a los Servicios Territoriales y de ahí a Educació para su validación", ha detallado este martes Cambray, que ha apuntado que este proceso se deberá realizar durante "los primeros seis meses" del curso que viene.

Las direcciones deberán contestar, por ejemplo, si el proyecto lingüístico prevé que el catalán es la lengua de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado, o si prevé un uso curricular y educativo tanto del catalán cómo del castellano o si tiene en cuenta la realidad sociolingüística del centro. También pregunta --y aquí apunta a los 47 centros que actualmente tienen aulas donde se aplican sentencias del TSJC que fijan el 25% de clases en castellano-- si se evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas.

Con la validación última por parte del Departament, el Govern considera que queda claro que es la 'conselleria', con Cambray al frente, la responsable última ante la justicia. "Educació asume toda la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos", ha enfatizado el 'conseller' que considera que "las direcciones quedan protegidas al cien por cien ante las injerencias de los tribunales". "Hacemos de escudo jurídico", ha señalado.

Según el decreto que este lunes aprobó el Govern, el Departament d'Educació es el encargado de validar los proyectos lingüísticos de los centros y el 'conseller', Josep Gonzàlez-Cambray, es el responsable último de los mismos ante la ley. De esta manera, el Govern descarga a los docentes de cualquier responsabilidad frente a la justicia en esta cuestión.

"Los profesores no pueden elegir lengua"

La instrucción también hace hincapié en que las direcciones deberán velar por que el proyecto lingüístico del centro se aplica realmente. Así, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha advertido de que "los profesores no pueden elegir la lengua en la que hacen la clase. Han de utilizar la lengua que marque el proyecto lingüístico del centro". Y ha anunciado que Inspección vigilará para que así sea. "Inspección hará seguimiento de que se cumple el proyecto, ya sea a través de visitas ordinarias, a través del plan de impulso del uso del catalán o de planes específicos". Una instrucción esta que alude a la situación detectada en muchos centros, mayoritariamente de secundaria, en que los docentes utilizan el castellano para impartir sus materias.

En este sentido, el 'conseller' ha subrayado que el decreto y las instrucciones cumplen con la promesa del Govern de proteger el catalán y el modelo de escuela catalana. Asimismo, ha apuntado que la normativa garantiza el aprendizaje tanto en catalán y en castellano y las plenas competencias del alumnado en ambas lenguas. "Estoy aquí para garantizar el aprendizaje del alumnado", ha insistido. No ha querido responder Cambray si las instrucciones suponen una obediencia o una desobediencia al TSJC.

Medidas suficientes

El Departament y el Govern consideran que el TSJC considerará suficientes el decreto y estas instrucciones. "Las instrucciones están adecuadas al decreto ley, que es la nueva normativa vigente", ha insistido Cambray, que considera que a partir de ahora las sentencias del TSJC deberán ajustarse a esta nueva normativa. "Tenemos una nueva legalidad que dice que no hay porcentajes. El tribunal tendrá que cumplir la nueva legislación", ha afirmado.

Y ha ido más allá al anunciar que los servicios jurídicos del Departament revisarán la situación de los 47 centros donde se aplica el 25% de castellano en las aulas para que se ajusten a esta nueva normativa.

No lo tienen tan claro entidades como Òmnium Cultural, que ha pedido al Govern alternativas en caso de que estas medidas (la nueva ley del catalán, el decreto y las instrucciones) no sean suficientes. "Hay que tener un plan B, un plan C y un plan D para asegurarnos de que las zarpas de los tribunales quedan fuera de las escuelas", ha señalado el presidente de la entidad, Xavier Antich.

Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ya ha anunciado que el 1 de junio, si las instrucciones enviadas a los centros no cumplen con lo exigido por la sentencia, presentará un escrito ante el TSJC denunciando la desobediencia y pidiendo medidas de ejecución inmediata de la sentencia. "El plazo del 31 de mayo sigue vigente y en caso de que ese día los alumnos catalanes no estén recibiendo al menos un 25% de su docencia en castellano se estará produciendo una quiebra del Estado de Derecho que deberá ser reparada de inmediato", señala la entidad que preside Ana Losada.