La inmersión lingüística

El Govern fija que los porcentajes de castellano son "inaplicables" en las aulas

  • El Executiu se arroga la responsabilidad de los proyectos lingüísticos para salvaguardar a las direcciones de los centros escolares

El Consell Executiu, reunido en el Palau de la Generalitat.

El Consell Executiu, reunido en el Palau de la Generalitat. / FERRAN NADEU

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Xabi Barrena
Xabi Barrena

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Especialista en información sobre el Govern de Catalunya, de ERC y en el seguimiento de la actualidad del Parlament.

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Júlia Regué
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Daniel G. Sastre
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El Govern activó este lunes la segunda 'palanca', el decreto, de su plan para proteger el catalán en las aulas de las sentencias judiciales. En tanto la nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales pactada por PSC, ERC, Junts y 'comuns' ha sufrido un parón por la petición de Vox, Cs y PP de un dictamen a Consell de Garanties Estatutàries (CGE), una reunión extraordinaria del Consell Executiu validó el decreto que debe acompañarla, para cumplir así con el plazo dado por el TSJC para ejecutar su fallo, que finaliza precisamente este martes. Parte del independentismo,, sin embargo, no las tiene todas consigo. Así, Òmnium reclamó ayer que se estudie desde ya un plan b por si la doble 'palanca' no sirve para frenar la "acometida" judicial.

Queda aún por saber con qué apoyos contará el Executiu para sacar adelante, en el Parlament, la convalidación de un decreto que se ha acordado con las entidades. Si se cumple lo previsto, los partidos siguen negociando, serán los ‘comuns los que lo permitan puesto que el PSC ya se manifestado en contra del decreto porque "desafía a los tribunales". Previsiblemente, la convalidación del decreto en el Parlament también se hará esperar porque Cs ya ha anunciado que lo llevará al CGE al considerarlo "otra treta para saltarse la sentencia del 25% de castellano" en las aulas.

Esta segunda ‘palanca’ observa que el uso de parámetros matemáticos, es decir, el porcentaje que impuso el TSJC de asignaturas mínimas en castellano, en este caso el 25%, es “inaplicable”. Asimismo, otorga a la Conselleria de Educació la autoridad para validar los proyectos lingüísticos siempre “de acuerdo con la ley y la realidad sociolingüística del centro escolar”, según puntualizó la portavoz del Executiu, Patrícia Plaja.

Rechazo a los porcentajes

El decreto ley deja claro el rechazo a los porcentajes de catalán y castellano en las aulas y establece que el Departament de Educació validará los proyectos lingüísticos de todos los centros educativos de Catalunya -en un máximo de 30 días-, eximiendo así a las direcciones de las escuelas e institutos de posibles responsabilidades legales.

El objeto del decreto es "fijar los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y de los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos, a efectos de establecer los aspectos relativos en la organización de la enseñanza y el uso de las lenguas oficiales en cada centro".

El artículo 2 establece que el fin es que los alumnos logren "el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria" con evaluaciones periódicas cada dos años como máximo, que los proyectos lingüísticos deben acomodarse "al análisis del entorno sociolingüístico de los centros, del entorno general y de los objetivos de normalización lingüística" y queda por escrito "la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas".

Posible recurso al TC

Es más que probable que el PP Vox lleven el decreto al Tribunal Constitucional. Ambos grupos pueden hacerlo ya que tienen más de 50 diputados en el Congreso de los Diputados (los populares tienen 88 y la extrema derecha, 52). De hecho, el PP y Cs ya anunciaron que sí presentarán un recurso de inconstitucionalidad sobre la nueva ley que se prevé aprobar en el Parlament cuando pase el filtro del Consell de Garanties Estatutàries.

El Govern aprueba el decreto a 36 horas de que venza el plazo por el TSJC para que se aplique la sentencia y a la espera de que la ley consensuada por PSC, ERC, Junts y 'comuns' siga su trayectoria. Según la portavoz, el interés real es que las escuelas tuvieran las directrices claras cara al próximo curso escolar. "Mañana recibirán toda la información y el asesoramiento para que tracen esos proyectos lingüísticos", aseveró Plaja.

Enfado del PSC

El PSC, que sí pactó con los independentistas y los 'comuns' la nueva ley sobre los idiomas en la escuela, ha corroborado este lunes su 'no' al decreto . El PSC, que asegura que no ha conocido el texto hasta que se ha hecho público, se opone porque rechaza explícitamente los porcentajes lingüísticos en las aulas. "Esta propuesta de decreto es una improvisación del Govern para esquivar la sentencia. Las sentencias se tienen que cumplir, nos gusten o no", ha afirmado la viceprimera secretaria de Organización del PSC, Lluïsa Moret.

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La dirigente socialista ha añadido que el trabajo de su partido para sacar adelante una modificación legal sobre la lengua de la escuela obedecía en parte a esa voluntad de "cumplir mejor las sentencias".

Una vez el Govern divulgó el contenido del decreto, los socialistas ratificaron su oposición. La viceprimera secretaria de Acción Política, Alícia Romero, subrayó, en un tuit, que el texto aprobado por el Govern "no da cumplimiento a la sentencia del TSJC, no recoge con plenitud el acuerdo fruto del consenso trabajado por los grupos, no menciona el uso curricular del castellano y desafía a los tribunales".