PSC, ERC, Junts y 'comuns' salvan el consenso lingüístico y pactan una nueva ley sobre el catalán

Dos meses después de que saltara por los aires un pacto que tan solo duró ocho horas, los partidos han reconducido la situación y han pactado una nueva salida a cuatro para impulsar retoques a la inmersión lingüística que encajen la sentencia que exige un 25% de clases en castellano en las aulas de Catalunya. PSC, ERC, Junts y 'comuns' han cerrado este lunes un nuevo acuerdo lingüístico que esquiva los porcentajes y que define el catalán como lengua vehicular y el castellano como lengua curricular, según el ámbito sociolingüístico del centro educativo.

Junts se descolgó del pacto inicial al constatar que una parte del independentismo era reacia al redactado, pero la presión -y la paciencia- de los otros tres promotores allanó un final consensuado que pasa por una respuesta doble. De un lado, a nivel parlamentario, se impulsará una nueva ley "sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria", así que no se reformará la ley de política lingüística y habrá algunos cambios respecto al acuerdo del 24 de marzo.

Así, el texto de la ley acordada tiene dos artículos. En el segundo se asevera que el catalán “es la lengua normalmente utilizada como vehicular” en el sistema educativo y la de “uso normal en la acogida del alumnado recién llegado”. El castellano, por su parte, se utilizará en aquellos términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro.

Asimismo se asevera que "la enseñanza y el uso curricular" de ambas lenguas deben de estar “garantizados y tener una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos” para que “todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito de los dos idiomas oficiales".

“La determinación de la presencia de las lenguas oficiales, las tres en el Aran, debe tener en cuenta la situación sociolingüística, de los centros y de su entorno con un alcance que viene fijado “exclusivamente” con criterios pedagógicos. Los proyectos serán validados por el Departament d’Educació –manteniendo, eso sí, la autonomía de los centros- siempre atendiendo a la realidad sociolingüística del centro en cuestión, y con el fin último de que la presencia de una u otra lengua tenga que ver con criterios pedagógicos.

Por otro lado, el Govern, vía decreto ley -que no tendrá el apoyo del PSC- explicita el veto o la eliminación de cualquier porcentaje y apunta que los proyectos lingüísticos son acreditados por Educació, que asume la responsabilidad legal sobre ellos, eximiendo a los equipos docentes de cualquier posibilidad de ser perseguidos.

Este es el esquema que definieron tanto Marta Vilalta (ERC) como Jordi Sànchez (Junts). La republicana dio tanta importancia al contenido de la ley como al reconstruido consenso a cuatro, que agrupa a "casi el 80% del Parlament". Y es que los republicanos fían casi más las esperanzas de frenar la ofensiva judicial a ese consenso, y en particular a la presencia en él del PSC, que al propio contenido del texto. "Es un buen acuerdo", señaló Vilalta ya sobre la nueva ley.

El PSC está satisfecho del texto final de la proposición de ley, porque entienden que se preserva sus dos principales objetivos en la negociación: el estatus del castellano como "lengua de aprendizaje", al lado del catalán, y que el texto de la nueva norma no contravenga las indicaciones del TSJC. "Lengua curricular es lo mismo que lengua vehicular", aseguran fuentes socialistas, en contra de lo que dice JxCat. El partido también subraya el enorme parecido entre el pacto de este martes y el que se alcanzó hace dos meses.

La portavoz parlamentaria del PSC, Alícia Romero, quiso evitar ataques a otros partidos en la presentación del acuerdo. "Siempre hemos dicho que hay que defender el catalán como centro de gravedad, y que el castellano debe ser también lengua de aprendizaje. Y también que hay que cumplir las sentencias", dijo. En opinión de los socialistas, todo eso queda preservado.

Junts y el PSC, de la mano

El acuerdo tiene también un marcado carácter político. Jordi Sànchez lanzo un mensaje muy alejado de recientes vetos al PSC: "En la defensa del catalán no sobra nadie, para defender la lengua estamos con la voluntad de abrir la mano, buscar acuerdos con tantas fuerzas como sean necesarias". El acuerdo ha sido también fruto de equilibrios internos en Junts, porque en marzo ya firmó un pacto con el PSC que saltó por los aires por presiones internas y externas. Ahora se resitúa en el pacto aduciendo que se han incorporado más garantías, pero desde un inicio, en Junts se defendía que el texto de marzo solo requería de retoques para evitar injerencias jurídicas.

La interlocutoria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fijaba el 31 de mayo como plazo máximo para cumplir con su directriz que se concreta en que, además de la asignatura de lengua castellana, los colegios deberían impartir otra asignatura en castellano y esta debería ser troncal. La nueva ley será tramitada por lectura única y por urgencia extraordinaria para que pueda ser aprobada en el próximo pleno, previsto para este miércoles y jueves en el Parlament.