Los partidos encauzan la nueva ley sobre el catalán en las aulas

El ultimátum venció y PSC, ERC y 'comuns' no cumplieron su advertencia, confiados en que Junts podía volver al consenso lingüístico. Las negociaciones continuaron y el registro del Parlament cerró sin la petición de incluir en el próximo pleno el debate sobre la ley de política lingüística. Pero la respuesta parlamentaria a la obligación de fijar un 25% de las clases en castellano en Catalunya está enfilada. Según fuentes de la negociación, los partidos "encauzan" ya el acuerdo final y que este, si nada se tuerce en las próximas horas, será anunciado en la mañana del jueves.

Tal y como adelanto este diario el martes, la vía que los partidos exprimen para blindar la normalización lingüística, tras la interlocutoria del TSJC que fija como plazo el 31 de mayo para acatar, es doble. Por un lado, plasmar en una ley de protección del catalán el texto que se había consensuado el 24 de marzo, y que por aquel entonces se pensó como una modificación de la ley de política lingüística, y, por el otro, aprobar un decreto ley que concrete el blindaje.

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Esquerra, con el conocimiento del PSC y los 'comuns', planteó a Junts la creación de una nueva ley que reuniera las enmiendas ya cerradas a tres bandas: una para aclarar que los proyectos lingüísticos serán validados por el Departament d’Educació –manteniendo, eso sí, la autonomía de los centros-, otras para que conste que el objetivo último es mantener la normalización lingüística y una última que pasaría por eliminar el "también" del redactado inicial que hacía referencia a la lengua castellana, aunque seguirá siendo lengua docente y, el catalán, lengua vehicular.

Según fuentes negociadoras, durante la mañana del jueves entrarán a registro la petición para que la Junta de Portavoces retoque el orden del día del pleno del 25 y 26 de marzo y se pueda debatir esta futura legislación.

Sin porcentajes

Por otro lado, el decreto del Govern, explicita el veto o la eliminación de cualquier porcentaje, o proporción en la enseñanza de las lenguas en las aulas.

El decreto también apunta que los proyectos lingüísticos son validados por la Conselleria de Educació, que asume la responsabilidad legal sobre ellos, eximiendo a los equipos docentes de cualquier posibilidad de ser perseguidos. Asimismo, se sanciona que la propia 'conselleria' es la que debe asesorar a los centros educativos en cuanto a la elaboración y aprobación de los proyectos lingüísticos.

Este acuerdo se cerró al más alto nivel entre los socios en el Palau de la Generalitat. Estuvieron presentes, por parte de ERC, el 'president' Aragonès, el director de su oficina, Sergi Sabrià, las 'conselleres' Laura Vilagrà y Natàlia Garriga, el secretario general de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, y la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta; por parte de Junts, el 'vicepresident' Jordi Puigneró, la presidenta del Parlament y futura presidenta de Junts, Laura Borràs, el secretario general del partido, Jordi Sànchez, y el que le sucederá en el cargo, el 'exconseller' Jordi Turull, y el líder del grupo parlamentario, Albert Batet.

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