El Parlament paga 1,7 millones anuales a funcionarios que ya no trabajan en la Cámara

El Parlament gasta anualmente 1,7 millones de euros en pagar los sueldos de 21 funcionarios que ya no trabajan en la Cámara catalana pero que se han acogido a un régimen especial llamado "licencia por edad". Este fue aprobado por unanimidad en 2008 y, según destapó el diario 'Ara', supone sueldos de entre 56.000 y 140.000 euros al año para funcionarios que deben tener más de 60 años y haber trabajado más de 15 en la Cámara catalana y que reciben hasta su jubilación sin tener que acudir a su puesto de trabajo. Las retribuciones más bajas son de unos 4.000 euros y las más altas pueden llegar a los 10.000, como es el caso de dos exsecretarios.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, tuvo conocimiento de esto cuando se asentó en el cargo y tuvo que firmar las nóminas a finales de marzo de 2021. Fuentes de su entorno aseguran que desde entonces se puso manos a la obra para "corregir" esta anomalía y que en verano modificó los trienios (que se contaban en el tiempo laboral del funcionario, fuera o no dentro del Parlament, lo que podía llegar a superar el salario base) y que en la última Mesa de diciembre ya se acordó una reforma sobre este asunto. Sin embargo, no puede tener un efecto retroactivo, por lo que no afectarán a los 21 funcionarios acogidos ahora a esta figura, sino a los que se apunten a ella a partir de este año, en el que se suprime la posibilidad de no acudir al trabajo, y queda limitada a una reducción de jornada progresiva.

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Además, se impulsará un portal de transparencia propio en la Cámara catalana y se renovarán los miembros del órgano de garantías del derecho a la información pública del Parlament (OGDAIP), que dimitieron por las tensiones internas de que saliera a la luz este asunto, según fuentes parlamentarias.

Avalado en 2008

El que fuera presidente del Parlament durante la aprobación de este régimen especial que fue avalado por unanimidad, Ernest Benach (ERC), argumentó en TV-3 que el contexto ha cambiado “muchísimo” y que leer esta noticia del 2008 con los ojos de 2022 “no es exacto”, por lo que quienes lo sacaron adelante no tomarían esta decisión ahora.

El ‘president’ Pere Aragonès negó que este régimen exista en la Generalitat: “Puedo asegurar que no nos consta ningún caso como este, ni desde el punto de vista general ni en ámbitos concretos”, espetó, recordando que corresponde al Parlament corregir esta situación. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, abogó por revertir los beneficios que disfrutan los trabajadores del Parlament y señaló que la noticia ha sorprendido en su partido, a pesar de que de sus filas han salido tres de los presidentes de la Cámara que, bajo su mandato, han cobijado estas prebendas: Benach, Carme Forcadell y Roger Torrent. Desde Junts celebraron las medidas impulsadas por Borràs y el PSC sostuvo que los funcionarios deben estar bien pagados, “pero sin privilegios”, mientras que los ‘comuns’ opinaron que el sueldo de alguno de ellos es “escandaloso”. Las derechas reclamaron explicaciones y la documentación sobre estos sueldos y las medidas llevadas a cabo.