El Parlament recortará la subvención a los partidos que no expulsen a diputados acusados de acoso sexual

La actividad parlamentaria no escapa del machismo y el legislativo catalán se propone dar pasos adelante para la erradicación de las violencias que se reproducen en la cotidianidad de la política, tanto dentro como fuera del hemiciclo. El Parlament, tras dotarse de un plan de igualdad pionero, despliega ahora un nuevo protocolo contra el acoso sexual para establecer un canal de denuncia que investigue estas conductas y que pueda tanto sancionar a los agresores como ofrecer vías de reparación a las víctimas.

El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, propone un marco de actuación amplio para gestionar conductas de acoso sexual por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género con la finalidad de suprimirlas de la vida parlamentaria, y fija sanciones en caso de corroborarse los hechos denunciados. En el caso de cargos electos, la capacidad de sanción es limitada, ya que solo se les excluiría de las "designaciones y delegaciones" que no están cubiertas por el derecho al ejercicio de un cargo público, que está blindado por ley.

En la práctica, eso se traduce en que el parlamentario no perderá su acta por un caso de violencia machista denunciado puertas adentro, y solo vería mermado su sueldo si se le retirase de aquellas responsabilidades añadidas, como las presidencias o portavocías de grupos o comisiones, que se remuneran mediante pluses. Sí quedará afectado el grupo parlamentario en caso de que no actúe y se niegue a expulsarlo de sus filas, porque ahí verá recortada su subvención. Otra cosa es todo lo que queda denunciado por la vía penal, ya que si se detectan indicios de delito contemplados en el Código Penal, están obligados a comunicarlo al Ministerio Fiscal para que indague.

Los comportamientos que quedan clasificados en el protocolo como acoso sexual se clasifican según la intensidad y van desde el uso de un lenguaje con contenido sexual ofensivo, invitaciones impúdicas o comprometedoras hasta el abuso o la agresión sexual. La actuación se hace extensible a las redes sociales o cualquier contacto mediático dentro y fuera del horario laboral, no sólo a los contactos presenciales, al igual que atañe al personal administrativo, a los asesores de los grupos parlamentarios, a periodistas y visitantes, más allá de los que fueron elegidos en las urnas.

De hecho, la aplicación de este protocolo prevalece sobre las guías que puedan tener a nivel interno los partidos con representación en la Cámara catalana. Paralelamente, se ha impulsado otro protocolo específico sobre el acoso psicológico en la administración del Parlament.

De la denuncia a la sanción

Cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de acoso sexual –siempre que la víctima no se oponga explícitamente- puede activar la alarma. La solicitud de intervención llega a la Oficina de Igualdad y, siguiendo la más estricta confidencialidad, se abre una investigación que no se puede demorar más de dos meses y en la que se pone a disposición de la víctima una atención psicológica externa y especializada.

La Comisión de Abordaje de las Situaciones de Acoso, formada por un mínimo de tres profesionales en psicología, criminología y derecho especializados en género (contratados como mínimo durante un año); se encarga de llevar a cabo la investigación con entrevistas a las partes afectadas y en busca de pruebas que corroboren los hechos anotados. La Secretaría General es el órgano que propone la sanción cuando hay hechos probados y la eleva a la Mesa del Parlament, que actúa como órgano sancionador.

Esta puede actuar incluso de forma preventiva, mientras se lleva a cabo la investigación, excluyendo a los diputados implicados "de todas las designaciones y delegaciones que no están cubiertas por el 'ius in officium' (derecho a acceder a cargos y oficios públicos)", pero, de confirmarse el caso denunciado, debe retirar del grupo parlamentario "la parte de la subvención que le toca en función de este diputado" y "limitar los medios materiales y los locales a los que tiene acceso" el electo, si no lo da de baja directamente.

Los diputados que dejen de pertenecer a un grupo, eso es, que pasen a ser no adscritos, pierden los puestos que ocupaban en los órganos del Parlament. En cuanto las sanciones al personal laboral, a los periodistas y visitantes, pueden ser vetados de la Cámara catalana entre seis meses y cinco años, según la gravedad de lo sucedido.

Falta por ver cuál será el recorrido de este plan y si los grupos parlamentarios se lo hacen suyo y lo asumen como propio. La extrema derecha ya se negó en marzo a firmar la declaración contra el acoso sexual y psicológico ideado con el fin de promover la igualdad "efectiva" de hombres y mujeres y la no discriminación del colectivo LGBTI.

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