Caso Tándem

El marido de Ana Rosa Quintana admite que contrató a Villarejo

El excomisario insiste en que fue un "agente de inteligencia" con cobertura del Estado durante años

El empresario Juan Muñoz, en una imagen de archivo. EFE/J.P. Gandul

El empresario Juan Muñoz, en una imagen de archivo. EFE/J.P. Gandul

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EFE

El empresario Juan Leocadio Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando han admitido este lunes en el juicio del caso Tándem haber contratado al excomisario José Manuel Villarejo para que investigase a una persona con la que el segundo tenía un conflicto monetario.

La Audiencia Nacional ha reanudado el juicio a Villarejo con la declaración de ambos empresarios, que han ratificado el acuerdo con el que reconocieron los hechos de los que les acusa la Fiscalía, que rebajó su petición de 8 años a alrededor de un año de prisión para ellos.

Ambos han admitido que contrataron a Villarejo entre 2016 y 2017 para conseguir "información patrimonial" de Mateo Martín Navarro y de su abogado, el juez inhabilitado Javier de Urquía, para que el primero modificase su estrategia procesal en una causa en la que estaba acusado de delito fiscal junto con Fernando Muñoz.

El objetivo era que se "desmontase la falsa insolvencia" alegada por Martín Navarro en ese procedimiento y también se barajó "la posibilidad de obtener información del señor Urquía" para que dejase de ser su abogado, según ha declarado Fernando Muñoz.

Por este trabajo han reconocido que abonaron 20.000 euros en efectivo a Villarejo, quien proporcionó a Fernando un informe, que contenía además dos vídeos de Urquía consumiendo droga, si bien Juan Muñoz ha indicado que en las reuniones que tuvieron con el comisario los vídeos se vieron parcialmente, pero no se entró en "el detalle"; sólo se expuso "el alcance de lo que se había conseguido", ha dicho.

También ha declarado el abogado Ricardo Álvarez Ossorio, quien ha admitido que, a petición de Fernando Muñoz, amigo suyo, acudió a una reunión a las oficinas de Villarejo en la que se visionó un vídeo donde aparecía Urquía, otro hombre y "dos chicas que parecía que estaban de fiesta" y se esnifaba.

Ha señalado que era un vídeo "muy antiguo" y que explicó que no creía que surtiera ningún efecto, porque "era muy conocido en todos los foros de Marbella" y no tuvo impacto ni "cuando ese señor estaba casado y era juez".

Según ha dicho, aunque no quería, acabó llevándose un pendrive con el vídeo con el encargo de hacer de intermediario y que llegara a Urquía, pero no hizo la gestión, y ha insistido que nunca cobró y facturó nada a Fernando.

"Al servicio del estado"

Por su parte, el excomisario se ha presentado en su juicio por espionaje como un "agente de inteligencia" que trabajó "al servicio del Estado" durante años, en los que utilizó sus empresas privadas como "cobertura" para los encargos que, insiste, le hicieron "diferentes gobiernos".

Por primera vez desde que fue detenido en 2017 en la operación Tándem, el excomisario ha declarado como acusado en su primer juicio en la Audiencia Nacional, en el que la Fiscalía pide más de cien años para él por servirse presuntamente de su condición policial para realizar tres supuestos encargos de espionaje.

Durante más de tres horas -y no ha acabado-, Villarejo se ha afanado en tratar de desvirtuar todas las acusaciones y no se ha movido un ápice de su versión habitual: todo es un "montaje" del CNI y de Asuntos Internos contra él, con un "arsenal de pruebas montadas" para incriminarle.

"Monitorización" del CNI

Tras quitarse la toga que le permite ejercer como codefensor de sí mismo y después de fracasar en un nuevo intento de recusar a uno de los magistrados, Villarejo se ha sentado frente al tribunal para defender su labor privada como "analista de inteligencia" desde que en 1995 reingresó al servicio activo de la Policía.

Aquel año, ha explicado, informó por escrito del supuesto "pacto" que había alcanzado por el que aportaba su entramado societario como "cobertura" de su trabajo de inteligencia. Y nadie, ha asegurado, lo cuestionó ni le preguntó si se había "vuelto loco".

La única condición era que sólo percibiría su nómina de policía, de modo que, según él, los beneficios de sus empresas se reinvertían "en la estructura empresarial al servicio del Estado".

Al estar "convencido de que trabajaba" para su país, nunca pidió ningún informe de compatibilidad, ha afirmado, y ha supuesto que lo ordenó hacer en 2015 el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por indicación del presidente, Mariano Rajoy -cuyos nombres no ha citado expresamente-. Según ha apuntado, se reunió con la cúpula policial para explicarles "todas las cuestiones".

Villarejo ha responsabilizado al Centro Nacional de Inteligencia de las grabaciones que se le incautaron y ha aludido a otro supuesto pacto al que llegó con este órgano para que se "monitorizara" su vida, como ha dicho que ocurrió con Bárbara Rey.

"Todo es un montaje"

La declaración del comisario, que estuvo más de tres años en prisión preventiva, ha estado plagada de ataques al CNI y a la Unidad de Asuntos Internos, a quienes acusa de elaborar un "montaje" contra él, "colocando" pruebas falsas, y ha deslegitimado así los informes y grabaciones, incautados en los registros, sobre los supuestos trabajos privados de espionaje que realizó.

Tampoco se ha librado de los ataques el fiscal Miguel Serrano, con quien ha mantenido un tenso interrogatorio y cuya actuación ha cuestionado en todo momento, llegándole a comparar con un "guionista de cine".

Réplicas ante las que el fiscal ha hecho un "ejercicio de paciencia" y que han provocado diversas intervenciones de la magistrada Ángela Murillo, con quien Villarejo suele chocar cada jornada.

El excomisaio ha negado haberse servido de su condición policial para obtener ilegalmente información para los clientes que le contrataron en los proyectos Iron -un supuesto espionaje a un despacho de abogados- y Land -en torno al conflicto familiar por la herencia del promotor Luis García-Cereceda-.

En este segundo encargo ha involucrado al expresidente del Gobierno Felipe González, amigo de García-Cereceda. "Para mí el cliente era él, a mí el encargo me lo hace el señor Felipe González", ha señalado tras apuntar que fue un conocido común quien le contactó.

Según su declaración, "jamás" dijo a sus clientes que era policía en activo o que su empresa Cenyt ofreciese labores de detective, y ha asegurado que toda la información que obtuvo venía de "fuentes abiertas".

Fijaba los presupuestos de cada encargo, ha explicado, "a grosso modo", para cubrir gastos: "Yo miraba al infinito, me inspiraba y en base a eso decía 'tanto'; era un criterio muy sui generis, muy personal".

Cría de caballos y cultivo de espárragos

En todo momento ha sostenido que su entramado le servía para dar cobertura a su actividad como agente de inteligencia, en función de las necesidades y de los encargos que recibía.

"Por eso había una empresa de caballos, para poder entrar en el mundo árabe haciéndome pasar como criador de caballos", ha subrayado Villarejo, quien ha hablado también de organizar "parques temáticos" o de "montar una empresa de espárragos o mariscos en Marruecos".

Sin ser preguntado, ha dejado caer alguno de sus "trabajos" como agente, como el que ha dicho que le encargó el PSOE para "debilitar" al juez Baltasar Garzón cuando investigaba los GAL, o cuando se hizo pasar por narcotraficante para cazar a Laureano Oubiña.

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Y ha pedido al fiscal que no tomara al pie de la letra todo lo que aparece en las grabaciones. En sus conversaciones con narcotraficantes o gente próxima al Dáesh, ha asegurado, "soy el más malo de todos"; incluso puede escucharle hablar de "preparar un atentado", le ha advertido.

Tras la declaración de otro acusado, Villarejo continuará mañana declarando sobre Land y el proyecto Pintor.