En el juicio de las primeras piezas

Villarejo se remite a la "Operación Cataluña" y a Barbara Rey para justificar sus audios

  • Sostiene que el CNI "monitorizaba" su vida y luego le proporcionaba las grabaciones por seguridad

  • Atribuye al "marketing" la posibilidad de acceder a datos policiales de lo que se jactaba con sus clientes

El comisario jubilado José Manuel Villarejo responde a los medios a su llegada para declarar a una nueva sesión del juicio por la operación ‘Tándem’, en la Audiencia Nacional.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo responde a los medios a su llegada para declarar a una nueva sesión del juicio por la operación ‘Tándem’, en la Audiencia Nacional. / Euopa Press

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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El excomisario José Manuel Villarejo, que se enfrenta a más de 100 años en su primer juicio por espiar a la competencia de sus clientes, se remitió a la "Operación Cataluña" y a la artista Barbara Rey, por su amistad con el rey emérito, para negar haber grabado las conversaciones que mantenía con sus interlocutores, cuyos soportes le fueron intervenidos en los registros que se realizaron en sus propiedades cuando fue detenido en noviembre de 2017.

Villarejo, que comenzó a declarar este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por tres de los contratos firmados con su grupo Cenyt, aseguró que tenía un pacto con el CNI por el que le "monitorizaba la vida" desde principios de los 2000 y eran los servicios de inteligencia quienes grababan sus encuentros y luego le entregaban por seguridad una copia, como dijo que se hizo con Barbara Rey para tranquilizarla y que no dijera nada.

A la pregunta de por qué entonces cuando él habla se oye con mucha más nitidez que cuando lo hace su interlocutor, Villarejo, en su línea de rehuir la respuesta directa, se remitió a la "Operación Cataluña", donde dijo que si "algún día" podía declarar explicaría cómo se manipulan las grabaciones. Lamentó que no le dejen hacer una auditoría para demostrar que los audios están manipulados.

Para particulares

El fiscal Anticorrupción Miguel Serrano cuestionó su argumento al dejar constancia de que los tres contratos en cuestión fueron con particulares por sus problemas con otros particulares, por lo que el CNI no tenía por qué tener interés alguno. Previamente hizo que Villarejo admitiera que entre entre 2012 y 2014 había sido funcionario de policía, abogado en ejercicio y titular del entramado empresarial Cenyt.

El acusado, que se definió como "analista de inteligencia", se desentendió de la necesidad de compatibilidad para ejercer esas actividades con el argumento de que siempre trabajó "al servicio del Estado", aunque puso especial cuidado en negar haber cobrado de los fondos reservados o haber dicho a sus clientes que, como policía, tenía acceso a bases policiales.

Exagerar el trabajo

Villarejo explicó que él no era detective, sino un analista que subcontrataba detectives cuando lo necesitaba y atribuyó "al marketing" el "exagerar" su trabajo para "proyectar una imagen de eficacia", en la que dejaba ver ante sus clientes su ascendente sobre la policía. Incluso dio la razón a los clientes que al declarar como acusados dijeron que no les dio información nueva, sino que era prácticamente la que ellos mismos le habían proporcionado.

En Iron se juzga el contrato de Villarejo por el despacho Herrero y Asociados para investigar a los abogados que lo abandonaron. El excomisario se quejó de que los perjudicados en el procedimiento al que se enfrenta fueron precisamente quienes cometieron una ilegalidad al llevarse la base de datos del bufete que dejaban; su labor era recabar los datos necesarios para denunciarles.

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En Land, relativa a la herencia del promotor de la lujosa urbanización de La Finca, en los alrededores de Madrid, aseguró que intervino porque se lo pidió el expresidente del Gobierno Felipe González, que era muy amigo de su propietario, Luis García-Cereceda, que había fallecido. El expolicía fue contratado por Susana García-Cereceda, que argumentaba que la pareja de su hermana perjudicaba la herencia que habían recibido. Y en Pintor el marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz, y su hermano le contrataron para tratar de cobrar una deuda que tenían con un cliente, para lo que Villarejo recurrió a un vídeo de su abogado, en el que se le veía consumiendo drogas.

Pese que la declaración comenzó con tensión entre Villarejo y la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que le pidió que se calmara, diciéndole "piano" y él a ella, "respeto", en general el expolicía mantuvo un tono moderado para contestar al fiscal. Solo se permitió algunas licencias, como quejarse de que le pedía para él cuatro veces más pena que para los etarras, dejar constancia de que había recusado sin éxito al magistrado Fermín Echarri y señalar que no disponía de sus agendas para que no recordara.