Hacienda propone que sanidad y educación pesen más en el reparto de la financiación autonómica

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado este viernes un primer paso para reformar el sistema de financiación autonómica al remitir a todas las comunidades de régimen común la propuesta del Gobierno en base al criterio de población ajustada. En este primer documento para iniciar el debate sobre el nuevo modelo, el Ejecutivo central plantea elevar el peso del gasto sanitario y educativo, así como de la despoblación, en el reparto de los recursos públicos. En concreto, la incidencia del gasto sanitario pasaría del 38% al 40% o 45%, y la del gasto educativo, del 20,5% al 25% o 30%.

En esta propuesta, Hacienda propone un cálculo de población ajustada, una de las variables del modelo de financiación que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales, tal y como estaban pidiendo comunidades infrafinanciadas, como la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia.

En una primera reacción, la Conselleria d'Economia, aunque admite que estudiará el documento, insiste en su mensaje de que "la infrafinanciación y el déficit fiscal difícilmente se podrán corregir con un nuevo modelo de financiación". De hecho, el Govern de Pere Aragonès pretende mantenerse la margen de la negociación del sistema de financiación, algo que han criticado el resto de partidos de la oposición en Catalunya, con el PSC en cabeza.

Las mismas fuentes aseguran que los criterios de población ajustada "no se ajustan a la realidad de Catalunya", ya que es preciso "tener en cuenta el porcentaje real de población de Catalunya sobre el conjunto del Estado, así como la paridad del poder adquisitivo y el coste de la vida y los servicios públicos, entre otras cuestiones".

Grupos de edad

La propuesta de Hacienda, sujeta a las aportaciones que lleven a cabo las comunidades, y que el ministerio espera recibir a lo largo de enero, eleva el peso del gasto sanitario en la población ajustada con respecto al sistema actual del 38% a entre el 40% y el 45%. Una de las medidas consiste en estratificar la población en 20 grupos de edad frente a los siete actuales. "De esta forma se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas de edad", aseguran, al considerar que, en términos de gasto sanitario, la edad es relevante.

En el caso de la educación, la ponderación pasa del 20,5% del sistema actual a entre el 25% y el 30%. La propuesta de Hacienda, que surge de los trabajos previos realizados por la comisión de expertos y el comité técnico permanente de evaluación, incorpora las necesidades de la población no universitaria, de 0 a 17 años según el padrón y de formación profesional (FP) superior procedentes de otras comunidades autónomas, y las de la población universitaria de 18 a 24 años, así como la llegada de alumnos universitarios de otras comunidades. El modelo actual de financiación evalúa las necesidades en materia de formación solo de la población de 0 a 16 años, con lo que quedan fuera los universitarios y los alumnos de FP.

El Gobierno se decanta por esta solución, si bien el documento plantea una segunda opción con la población no universitaria de 0 a 17 años y la universitaria de 18 a 24 años, pero "sin incorporar los alumnos procedentes de otras comunidades autónomas". Una tercera opción, que también recoge el informe remitido a las comunidades, es una población no universitaria de 1 a 17 años, alumnos de FP superior y una población universitaria basada en los alumnos matriculados.

Servicios sociales

En cuanto a los servicios sociales, la ponderación del gasto pasaría del 8,5% actual a entre un 6% y un 10%. Dentro de esta variable, el padrón de personas mayores de 65 años pesaría entre un 80% o un 90%, y el de los parados, entre un 10% y un 20%. El actual modelo se basa solo en los mayores de 65 años, mientras que la propuesta de Hacienda divide el grupo en dos: un tramo de 65 a 79 años y otro de mayores de 80 años. Eso, a juicio de Hacienda, "permite una mejor adaptación a la realidad de este gasto". Por lo que respecta al gasto en el resto de servicios, la ponderación bajaría del 30% actual a entre el 18% y el 22%.

Las variables para garantizar una adecuada prestación de servicios y que no tienen que ver con la población pasan de una ponderación del 3% en el sistema actual a entre el 3% y el 4%. Estas son la superficie, la despoblación, introducida como nuevo elemento a tener cuenta, al igual que la dispersión, así como la insularidad, ponderada en función de los kilómetros de las islas a la península. También se incluye como variable correctiva de costes fijos o economías de escala, que podría afectar "a siete comunidades autónomas de menor población".

El Gobierno reclama a las autonomías y los partidos "un diálogo leal y constructivo" y "abandonar la confrontación y los intereses partidistas". Hacienda considera que los cambios garantizan que la distribución de recursos "se adecúa mejor a la realidad demográfica, social y territorial de cada zona" y recuerda que se ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades.