Ocho autonomías reclaman una financiación que frene los "desequilibrios territoriales"

El tablero geopolítico interno español experimenta los primeros movimientos de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado en 2014 y que ni el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ni el de Pedro Sánchez (PSOE y Unidas Podemos) han abordado. Galicia lidera un frente de la España vaciada que quiere ejercer de contrapeso frente a las comunidades más pobladas, como Andalucía, o con peso político vital para la continuidad del Ejecutivo, como Catalunya.

Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias reeditaron este martes en Santiago el frente creado en 2018 en Aragón con un mensaje firme que trascendió las siglas políticas, pues se mezclaron gobiernos populares (dos), socialistas (cinco) y regionalistas (uno) convocados por el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Exigen que se tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos para distribuir recursos entre los territorios y no solo el volumen de población, criterio que las penaliza.

El presidente de la Xunta declaró que “hoy no es noticia la bronca o el ruido, es noticia el acercamiento” y negó que el frente se crease “contra nadie”, una apreciación compartida por sus homólogos. Todos ellos compartieron posteriormente comida en un hotel compostelano.

Envejecimiento y dispersión poblacional son dos ejemplos. El primero incrementa el coste de la sanidad, que trata a mayor porcentaje de población con dolencias crónicas. El segundo dispara, por ejemplo, el precio del transporte escolar.

“El objetivo que debe unirnos es el de acertar en la definición de los costes reales que suponen los servicios que prestamos”, reclaman las ocho comunidades. “Este es el único camino posible para garantizar la igualdad de los españoles con niveles de servicios públicos homogéneos en todas las comunidades y evitar desequilibrios territoriales”, añade.

Su declaración conjunta [aquí en PDF] reclama blindar el principio de “solidaridad”. “Debe preservarse en las decisiones gubernamentales para garantizar en todo momento los mismos derechos a todos los ciudadanos, con independencia de su condición y del lugar en el que vivan”, reza el documento.

El bloque de ocho comunidades que representa el 62% del territorio y el 24% de población considera la “emergencia demográfica” el principal reto a abordar, por lo que urgen colaboración “activa y leal” de todas las administraciones para reformar la financiación autonómica. Consideran la pandemia “una ventana de oportunidad” para revitalizar el medio rural, siempre que se blinden la financiación de servicios públicos.

La reedición de la cumbre supone casi un 'déjà vù' respecto a la de 2018 en Zaragoza, pues entonces también tuvo lugar tras mensajes reiterando que no se trata de un frente contra el Gobierno ni contra otras autonomías y Hacienda aseguró tener casi lista una propuesta. El guion es casi calcado al actual, pues la ministra María Jesús Montero había prometido que en noviembre revelarían un modelo para renovar el sistema que permite pagar los servicios públicos en las autonomías.

"A tiempo" aún

En concreto, a lo que se comprometió Montero fue a presentar este noviembre de 2021 el criterio de población ajustada, la base del nuevo modelo de financiación autonómica, y que pretende corregir la financiación por habitante con variables sociodemográficas y geográficas. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró este martes tras la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, en Madrid, que Hacienda "está trabajando" en el concepto y, dado que "aún no ha terminado el mes de noviembre", el Ejecutivo está "en tiempo de poderla avanzar".

El Gobierno de Pedro Sánchez, que había observado con ciertas reservas iniciales el foro de Santiago, finalmente le dio su bendición. Y es que sus cinco presidentes concernidos —Adrián Barbón (Asturias), Javier Lambán (Aragón), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura) y Concha Andreu (La Rioja)— ya advirtieron de que irían para defender sus intereses y de que no tolerarían que se convirtiera en un "frente" contra el Gobierno. Fuentes del equipo de Rodríguez recordaban los oficios de los barones socialistas con Feijóo, para despojar a la cita, que se retrasó tres semanas respecto a lo programado inicialmente, de todo carácter de "confrontación".

"Valoramos positivamente que haya habido presidentes de comunidades autónomas que manifiestan cuáles son las singularidades de sus territorios. Ahora bien, han de ponerse de acuerdo, debemos ponernos de acuerdo con aquellos otros territorios que tienen diferentes circunstancias y todos juntos concurrir en algunos principios que se exponen en esa declaración de Santiago", declaró la también ministra de Política Territorial. Rodríguez subrayó que el actual sistema se aprobó en 2009 y caducó en 2014, de modo que es una "cuestión pendiente", "es de las reformas que sí o sí es preciso afrontar", aunque para ello se requiere un "previo consenso".

La portavoz saludó el "esfuerzo" de los ocho presidentes reunidos en Santiago para ir "allanando ese camino de posibles vías de acuerdo y de consenso, manifestando las posiciones que tienen como consecuencia de la singularidad de los territorios a los que representan". Es decir que la cumbre de este martes hay que valorarla en un "ámbito de normalidad en las relaciones institucionales de los gobiernos autonómicos" que puede ayudar a "fijar esos consensos previos" a la reforma del modelo. Además, el Gobierno cree que los puntos de la declaración conjunta de las ocho comunidades coinciden con los "principios inspiradores" de la Constitución, "que tienen que ver con la solidaridad de los territorios y con la igualdad de los españoles, vivan donde vivan, y con la garantía de esos servicios básicos".

Rodríguez defendió la acción del Ejecutivo, ya que, "en tanto llega ese consenso" para rediseñar el modelo, el Gobierno ha demostrado "su absoluto compromiso con la financiación de las comunidades autónomas para que puedan ejercer sus competencias, fundamentalmente las que tienen que ver con la educación, la sanidad o la protección social, con la mayor entrega de financiación que nunca se había producido en nuestro país". "Este es el Gobierno que más recursos ha dado a las comunidades autónomas y por tanto tenemos la tranquilidad de que hoy las comunidades autónomas tienen recursos suficientes para abordar la prestación de los servicios básicos que prestan a la ciudadanía", remachó la portavoz.