Cumbre de barones este martes en Santiago

La España despoblada presiona a Hacienda para el nuevo modelo de financiación

  • Ocho presidentes autonómicos (cinco del PSOE y dos del PP) se citan para aprobar un texto común y reiterar sus demandas ahora que se abre el debate

  • Se pretende apartar los elementos que generen conflicto y se busca evitar que se visualice como un “frente” contra el Gobierno

La última cumbre de la España despoblada se celebró el 10 de septiembre de 2018 en Zaragoza, en la sede del Gobierno aragonés. Entonces, como se ve en la foto, participaron los que eran los presidentes de Asturias, Javier Fernández; La Rioja, José Ignacio Ceniceros; Aragón, Javier Lambán; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Tras las elecciones de mayo de 2019, Fernández, Ceniceros y Herrera fueron reemplazados en 2019 por los socialistas Adrián Barbón y Concha Andreu en Asturias y La Rioja y por Alfonso Fernández Mañueco (PP) en Castilla y León.

La última cumbre de la España despoblada se celebró el 10 de septiembre de 2018 en Zaragoza, en la sede del Gobierno aragonés. Entonces, como se ve en la foto, participaron los que eran los presidentes de Asturias, Javier Fernández; La Rioja, José Ignacio Ceniceros; Aragón, Javier Lambán; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Tras las elecciones de mayo de 2019, Fernández, Ceniceros y Herrera fueron reemplazados en 2019 por los socialistas Adrián Barbón y Concha Andreu en Asturias y La Rioja y por Alfonso Fernández Mañueco (PP) en Castilla y León. / EFE /JAVIER CEBOLLADA

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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Se había programado inicialmente para el 2 de noviembre, pero al final se aplazó para este martes. Este 23 de noviembre, a las 10 horas y en el Salón Real del Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, arranca la tercera cumbre de presidentes autonómicos de la España despoblada. La España que sufre la dispersión y el envejecimiento y que reclama un sistema de financiación que tenga en cuenta el coste de la prestación real del servicio, no solo el dinero por habitante. Un foro en que participan ocho comunidades (cinco de ellas lideradas por el PSOE y dos por el PP) y que llega a las puertas de que el Ministerio de Hacienda presente el principal pilar del nuevo modelo, el de población ajustada. El Gobierno se había comprometido a tenerlo diseñado este mes pero ahora aduce que podría tardar algo más por las enormes diferencias que separan a las comunidades, partidas en dos bloques básicos: la España interior y más rural frente a la España más saturada poblacionalmente y que se considera infradotada. Catalunya reclama una negociación bilateral y Madrid está al margen de la discusión por ahora y no se alinea con ningún grupo.

El jefe de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, ejerce de anfitrión de la cita, a la que se suma su compañero de partido Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Aragón, Javier Lambán; Asturias, Adrián Barbón; La Rioja, Concha Andreu, y Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Este último se incorpora al bloque en esta cumbre de 2021, igual que Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria y del regionalista PRC, que cogobierna con los socialistas la comunidad. Las ocho autonomías, recuerdan, representan el 62% del territorio y aglutinan 11,5 millones de habitantes (en torno al 25% de la población total).

De la reunión de este martes pretenden salir los ocho barones con una declaración institucional conjunta unánime, como ocurrió en 2018 [aquí en PDF], lejos de “frentes”, coinciden fuentes de varios gobiernos consultadas por este diario. Los principios generales están “claros”, porque son los mismos que inspiraron la primera cumbre, en febrero de 2018 en León (en la que participaron Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón, cita a la que precedió un encuentro entre las tres primeras en diciembre de 2017), y la segunda, en septiembre de ese año en Zaragoza (a la que ya se sumaron Castilla-La Mancha y La Rioja). Esto es, que el nuevo modelo de financiación autonómica, que sustituya al vigente, nacido en 2009 y caducado desde 2014, tenga en cuenta que el coste real de servicios como la sanidad o la educación es mayor en territorios muy extensos y poco poblados, demográficamente envejecidos y con dificultades orográficas, que otros con mucha más población articulada en grandes núcleos urbanos. Ese “coste efectivo y real” es el que, a juicio de los ocho presidentes, ha de ser el principal criterio que ha de primar a la hora de reformar el modelo, y “no solo, ni principalmente, el de la población”.

La principal demanda es que el nuevo modelo tenga en cuenta el coste "real y efectivo" de la prestación del Estado del bienestar, y no solo la población

Esta es la gran diferencia respecto al bloque que lideran el socialista Ximo Puig (Comunitat Valenciana) y el popular Juanma Moreno (Andalucía), que se reunieron en septiembre en Sevilla también para hacer presión frente a Hacienda. Ambas comparten diagnóstico y demandas, igual que Murcia (Fernando López Miras, PP). No demasiado lejos de las tres, aunque con problemas concretos, se sitúa Baleares (Francina Armengol, PSOE).

Gasto no en embajadas

Las ocho comunidades que se dan cita en Santiago este martes también recuerdan que todas las autonomías —y no solo las más pobladas— sufren un déficit de financiación, porque prestan los servicios esenciales del Estado del bienestar (sanidad y educación se comen la mayor parte del gasto) y estos tienen una mayor demanda por parte de la ciudadanía, lo que significa mayor desembolso económico. Señalan que si se quiere garantizar la suficiencia financiera del Estado del bienestar las comunidades han de representar "más del 28% del gasto público total" que suponen ahora, y ese esfuerzo "lo debe hacer el Estado". Los presidentes de estas ocho regiones remarcan que han de prestar "en condiciones de razonable igualdad los grandes servicios públicos esenciales", por lo que el modelo de financiación ha de atender ese coste del Estado del bienestar, y no, apuntan desde uno de los gobiernos socialistas, el impacto de la creación de las "embajadas o policías autonómicas, cuya fiesta debe quedar al margen del sistema general de financiación". Una apostilla que, sin embargo, quedará probablemente fuera del texto común precisamente para no alimentar la confrontación con otros territorios.

"No se trata de inventar nada", conviene un barón socialista, sino de "plantear propuestas de comunidades que comparten un diagnóstico"

El texto estaba aún perfilándose en estas últimas horas, y por eso no estaba claro que se fueran a introducir demandas más coyunturales dirigidas al Gobierno como un nuevo fondo covid —Hacienda se niega porque entiende que ya ha reservado partidas suficientes para sanidad o educación a través de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que esta semana acabarán su trámite en el Congreso— o la protección del lobo. Pero la intención es apartar todos los elementos que sean fuente de conflicto. "No es el foro para tratar estos temas. No podemos abrir melones que nos lleven al desacuerdo —indican desde el equipo de un presidente socialista—. Estamos aquí para abordar una cuestión estructural como lo es la financiación autonómica, con una mirada larga para los próximos 10 años".

"No se trata de inventar nada", indica otro barón del PSOE, "se trata de plantear propuestas de comunidades que comparten un diagnóstico, y este foro nació para abordar la despoblación". "Si hay algún elemento que distorsione, se apartará. No queremos alimentar el frentismo ni el frente de unas comunidades frente a otras, eso está descartado", abundan desde una tercera comunidad dirigida por el PSOE. "Continúa el intercambio de documentos por parte de los gabinetes, hay propuestas pero no está cerrado aún qué incluirá la declaración final", sostienen a su vez en el entorno del presidente cántabro.

La reunión se prevé corta, de aproximadamente dos horas, porque, como recuerdan varios dirigentes consultados, las conclusiones están muy trabajadas y no han cambiado significativamente desde la cita de 2018. Sí se busca "concretar más cuestiones como la dispersión, el envejecimiento o el sostenimiento de la dependencia", y "enfatizar la defensa del Estado de las autonomías y del Estado del bienestar", pero poco más. "La política nacional ha subrayado el reto demográfico y la despoblación como desafíos a abordar, y ahora hay que ser coherentes: que se refleje en el nuevo sistema ese salto más cualitativo que cuantitativo", explican desde Castilla-La Mancha.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos para 2022, el pasado 13 de octubre de 2021 en el Congreso.

/ EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

Sin posturas partidistas

"Es para decir que estamos aquí, no tiene más", glosa un barón socialista, que insiste en que no se que quiere atizar el conflicto con Hacienda. La ministra María Jesús Montero sí había mostrado sus reservas sobre la cumbre de Santiago, advirtiendo a sus compañeros de que Feijóo realmente perseguía un "frente" contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero sus reticencias se fueron mitigando. También porque los presidentes de Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja rubricaron que no tolerarían ninguna maniobra contra el Gobierno. Montero constató, en la reunión con los mandatarios socialistas en Ferraz del pasado 5 de noviembre, que sería imposible para el partido hablar con una voz única: cada uno primaría la defensa de los intereses de su territorio en el debate de financiación, aunque sí comparten una posición de mínimos. En el caso del PP, Génova no ha reunido a sus barones para esgrimir unas líneas básicas.

Algunos territorios socialistas creen que tender puentes con el PP en un foro institucional puede facilitar el camino del acuerdo, aunque lo obstaculiza el lío interno en el partido

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El siguiente paso será la presentación de la propuesta de población ajustada por parte de Hacienda. En principio, en este mes de noviembre. Hacienda, por lo pronto, quiere cerrar la carpeta de los Presupuestos —este jueves el pleno del Congreso acabará de votar el dictamen, que ya irá rumbo al Senado—, aunque advierte de que el ambiente aún no es el propicio para el acercamiento, por el choque entre comunidades y la actitud poco colaboradora del PP.

Algunos de los líderes socialistas que acuden a la cumbre de Santiago creen que una reunión como esta, con gobiernos de distinto color, puede ayudar a que se avance hacia un acuerdo, al superarse las fronteras ideológicas. Pero certezas no existen. "El modelo solo puede reformarse con un acuerdo de PSOE y PP", recuerda un presidente socialista, "y yo no veo a Pablo Casado dando esa baza a Pedro, dando oxígeno al Gobierno, y menos con la situación interna que tiene". Y es que la guerra en el seno de la formación conservadora, entre la dirección de Génova e Isabel Díaz Ayuso, es total y sin visos de una solución a corto plazo. Batalla que, como reconocen en la cúpula, frena la acción del partido.