Catalunya se aparta del debate de la financiación autonómica

Todo el mundo espera a Catalunya. En esta espera 'godotiana', porque Catalunya, como el personaje de Samuel Beckett no va a aparecer, coinciden, cual 'vladimires' y 'estragones', todas las comunidades. Las que desean que la Generalitat sea, de nuevo y como lo ha sido desde 1993, el ariete que rompa la puerta y por dónde entrar ellos, como aquellos que precisan del fantasma de la insolidaridad catalana para enardecer y cohesionar a los suyos.

El gran animador de la financiación autonómica desiste. El pasado 8 de septiembre, en una reunión en Valencia, Pere Aragonès traspasó simbólicamente la capitanía del equipo reivindicador a Ximo Puig. El presidente valenciano, en privado, le había tratado de convencer de que la Generalitat jugara sus cartas. Aragonès, en broma, le respondió que si salía ante los medios a decir eso le hacía un flaco favor: "Te llamarán pancatalanista en un santiamén", le dijo en el tono cordial en que se celebró toda la reunión. La otra voz que ha buscado sumar a la parte catalana al tren ha sido, también infructuosamente, la presidenta balear, Francina Armengol.

Más que caducado

Catalunya no va a mover ni un dedo para abordar la reforma del sistema. El actual data del 2009 y debía revisarse en 2014. Siete años son muchos. Y si se suma el 'procés', siglos de lejanía, al menos mental para el independentismo.

El desespero es también para aquellos que se apuntan al 'contra Catalunya se vive mejor'. Y para botón de muestra, esa cumbre de autonomías del PP y del PSOE que ha convocado Alberto Núñez Feijóo ante el peligro, autocreado, de que la Generalitat arranque un acuerdo bilateral económico con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin ánimo de abrir melones

Y lo cierto es que Aragonès no tiene ninguna intención de abrir el melón, ni tan solo de participar en las negociaciones del reparto de tajos. La Generalitat considera que el modelo de financiación autonómica está agotado. Un camino que inició Jordi Pujol con Felipe González, en 1993, así que el PSOE perdió la mayoría absoluta, y que finalizó con la famosa cesión del 15% del IRPF, entre las quejas de una derecha que acusaba al líder socialista de vender España por una legislatura más.

Claro que luego vino el Pacto del Majestic, obra del propio Pujol esta vez con el PP y José María Aznar y un joven Mariano Rajoy en el equipo negociador. Un pacto que llevó al centroderecha al poder y en el que Aznar cedió mucho más que una simple cesta de impuestos en la que destacaba el 33% del IRPF y el 35% del IVA.

La 'cesta' de impuestos

Hasta dos nuevos modelos de financiación se precisaría para acabar de estirar el chicle y dibujar la cesta actual de impuestos. A saber: impuesto de sucesiones y donaciones (utilizados por algunos, graciosamente regados por el efecto capitalidad para hacer lo que Ximo Puig define com 'dumping' fiscal); impuesto sobre el patrimonio (bonificado al 100% por el Estado en 2008, pero prorrogado anualmente desde su restablecimiento temporal en 2011); impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados ; 50% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que constituye el tramo autonómico de este impuesto: 50% del impuesto sobre el valor añadido (IVA); impuesto sobre los hidrocarburos; 58% del impuesto especial sobre los alcoholes y el tabaco; impuesto especial sobre la electricidad; impuesto especial sobre determinados medios de transporte; impuesto sobre los depósitos a las entidades de crédito (aquí el Estado anuló un gravamen catalán para instalar, mediante ley, un tipo impositivo al 0%); impuestos sobre el juego (incluye el juego online).

"Es un modelo agotado", apunta una fuente de Palau que niega cualquier implicación del Govern en los debates que se produzcan. "Sería mucho más eficaz, por ejemplo, que el Gobierno mantuviera ese fondo extraordinario que se creó para combatir el covid [y que se dotó con 16.000 millones]", del que a Catalunya le han correspondido más de 3.100 millones de euros. Y es que, en el fondo, la ganancia de arremangarse y negociar con el Estado una mejora tampoco es tanta si, en el caso de permanecer pasivo, gracias al régimen general que rige para todos (Euskadi y Navarra aparte), cualquier nuevo beneficio sería de inmediata aplicación para Catalunya.

"Nosotros estamos en otra fase. Cualquier pacto autonómico es insuficiente para atender las necesidades de los ciudadanos de Catalunya. Los problemas de financiación que tenemos solo se arreglan con las herramientas de un Estado independiente. No hay otra opción para evitar el ahogo y, por tanto, la única negociación sobre financiación que vamos a abrir es la del derecho a la autodeterminación", sanciona esta voz en los pasillos de la sede de la Generalitat.

En esta cuestión, la Conselleria de Economia, en manos de Junts, no difiere mucho --sin que sirva de precedente-- de los socios de ERC. Y es que en materia de financiación autonómica, el departamento que encabeza Jaume Giró recurre al símil del pase de pantalla, o sea, ya no quieren negociar en un marco autonómico sino mirando hacia la independencia. Aunque admiten que "Catalunya tiene un grave problema de infrafinanciación a causa del actual modelo", no piensan ni liderar ni remover el debate, como en ocasiones anteriores. En esencia, la infrafinanciación lo lo que significaría es que la Generalitat ha de endeudarse o buscar más recursos para prestar los mismos servicios que otros territorios.

Y todo ello a pesar de que es la tercera comunidad en términos de capacidad fiscal, pero pasa a ser la décima comunidad por lo que respecta al retorno. Y, además, "si se tiene en cuenta el coste del nivel de vida, Catalunya pasa a ser la comunidad número 14 con menores ingresos per cápita para financiar los mismos servicios". En esos datos justifican desde la Conselleria de Economia que Catalunya tenga "una ligera presión fiscal superior", por la necesidad de captar más recursos "para prestar los mismos servicios que otros territorios". De hecho, Catalunya es una de las comunidades con el IRPF más elevado, especialmente en las rentas hasta 30.000 euros.

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