Italia decide si se suma a los cuatro países que han rechazado entregar a Puigdemont

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont podría este lunes sumar un nuevo país, el quinto, a la lista de los que han rechazado su entrega a España. Será en la vista fijada por el Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña (Italia), para decidir si accede a la reclamación cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para poder juzgar al eurodiputado y líder de Junts por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, por los que, tras la sentencia del 'procés', cursó la euroorden de detención y entrega contra él. Puigdemont ha comenzado a declarar a las 11 de este lunes, un día después de llegar a Cerdeña acompañado de los 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí, también eurodiputados, y sobre quienes Italia comunicó a España que no les detendría en caso de que viajasen a la isla.

Puigdemont ha convocado una rueda de prensa por la tarde en L'Alguer, junto a sus abogados Gonzalo Boye y Agostinangelo Marras, lo que evidencia que la defensa del 'expresident' da por hecho que la justicia italiana también rechazará entregarlo a España. Y el mencionado aviso de las autoridades italianas a través del sistema Sirene, la red de información y coordinación policial entre los países de la zona Schengen, informando de que Comín y Ponsatí no serían detenidos, eleva las esperanzas de que Italia siga los pasos de los países que rechazaron la solicitud del Tribunal Supremo.

El líder de JxCat fue puesto en libertad el 24 de septiembre tras su arresto en el aeropuerto de L'Alguer y después de pasar una noche en prisión. El tribunal tiene que dilucidar en primer lugar si la euroorden cursada por Llarena está, como el magistrado defiende, en vigor o se encuentra suspendida, como aseguró la Abogacía del Estado ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), lo que motivó que este considerara innecesario mantenerle cautelarmente la inmunidad que le había retirado el Parlamento Europeo. El pasado viernes, Puigdemont volvió a solicitar ser inmune de forma provisional mientras se resuelve el recurso contra la decisión de la Eurocámara.

El 'expresident' confía en que la pretensión española corra la misma suerte que en Alemania, Bélgica, Escocia o Suiza

Confiar en el resultado

La defensa confía, no obstante, que la decisión del TGUE no sea fundamental, porque para cuando se pronuncie, la justicia italiana ya haya rechazado la entrega, como ocurrió con Alemania, que solo la concedió por malversación, y el Supremo la rechazó; y Bélgica, que declaró que el alto tribunal español no era competente para juzgar al 'exconseller' Lluís Puig, lo que motivó que Llarena planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por el que se considera suspendida la euroorden.

A estos dos países hay que sumar a Escocia por su pronunciamiento sobre Ponsatí, que consistió en archivar la causa al entender que ella residía en Bélgica; y a Suiza, país al que la fiscalía ya descartó para tratar de instar a la entrega de otros huidos por el 'procés'. La oficina Sirene helvética comunicó a la española que "los hechos descritos no constituyen, a primera vista, un delito extraditable", sino que "parecen ser un delito político o un delito relacionado con un delito político".

La vigencia de la euroorden y la inmunidad parlamentaria serán claves en la decisión del Tribunal de Apelación de Sassari

Esa comunicación policial consta en la pieza de situación personal abierta en el Supremo sobre Puigdemont, a la que ha tenido acceso este diario, en la que queda constancia de las actuaciones de España para tratar de lograr la entrega del 'expresident'. Entre ellas también figura la enviada por Italia al alto tribunal el 24 de septiembre a las 9.09 horas, comunicando su arresto. Tras recibirlo, Llarena remitió un primer oficio a Italia, que completó el pasado jueves.

Compartir criterio

La defensa espera que los tres magistrados italianos compartan el criterio de la jueza Plinia Azzena, ante la que compareció el expresidente y que ordenó su "inmediata puesta en libertad" en una providencia en la que señalaba que “la suspensión del procedimiento nacional comportaba la suspensión de ejecución de dicho mandato" de detención. Además, consideraba que su arresto dañaría "en forma grave el derecho del detenido a viajar libremente para participar en las reuniones en el Parlamento Europeo", garantizado por "una inmunidad, todavía intacta".

Para tomar su decisión, el tribunal de Sassari escuchará al propio Puigdemont y al fiscal. El ministerio público, garante de la legalidad, suele ser el que defiende la reclamación del país que solicita la entrega. En la vistilla que hubo tras su arresto no pidió medida cautelar alguna para Puigdemont, que quedó en libertad sin restricciones. De hecho, fuentes jurídicas italianas aseguran que si el líder de Junts hubiera decidido no presentarse ante el tribunal, el procedimiento abierto debería ser sobreseído y archivado.