La entrega de Puigdemont depende de que los jueces consideren vigente la euroorden

¿En vigor o suspendidas?

Determinar qué criterio prima de cara a entregar o no a Puigdemont está en manos de la justicia italiana, cuya policía le arrestó el jueves al saltar la alerta de la orden de detención y entrega europea dictada por el Supremo. Según insisten a este diario fuentes del alto tribunal, nunca ha estado desactivada y solo estuvo en letargo mientras el 'expresident' huido contó con la inmunidad que le confería el Parlamento europeo.

La defensa de Puigdemont, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, sostiene en cambio que esa orden, aunque estuviera en activo, no es ejecutable. Se basa en el auto del pasado 30 de julio del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que desestimó la demanda con la que él y el resto de 'exconselleres' huidos, también elegidos europarlamentarios (Toni Comín y Clara Ponsatí), pidieron que se les mantuviera cautelarmente la inmunidad parlamentaria que había levantado la Eurocámara ante el temor a ser detenidos.

La defensa esgrime, en concreto, un párrafo referido a la cuestión prejudicial planteada por el Supremo ante la negativa de Bélgica a entregar a Lluís Puig, al entender que no era el tribunal competente para reclamarle en España. En la nota con la que el tribunal europeo informó de su decisión dice textualmente: "Habiéndose suspendido el proceso penal de que se trata mediante esta petición, la ejecución de las órdenes de detención europeas también ha sido suspendida, como ha indicado España, que interviene en apoyo del Parlamento".

En esa resolución, las autoridades españolas, representadas por la Abogacía del Estado, habían asegurado "expresamente" al TGUE que las euroórdenes se encontraban suspendidas. Pero, en realidad, seguían en vigor porque el único que puede suspender o retirar una euroorden es el magistrado que la dictó, en este caso, Llarena, y nunca lo hizo, según informan a este diario fuentes jurídicas.

Protegidos solo para ir al Parlamento

Desde el Supremo se asegura que la cuestión prejudicial solo se refiere al procedimiento abierto con Bélgica en relación a Puig, no a los otros prófugos, pese a que cuando se informó de la medida sí se relacionó con ellos, para saber qué actuación era la más conveniente. En el procedimiento ante el TGUE, los huidos argumentan que están plenamente en vigor; de ahí su miedo al arresto.

El TGUE recordaba que "el Parlamento suspendió únicamente la inmunidad de que gozan los diputados, en el territorio de todo Estado miembro distinto de su territorio nacional, frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial", pero la mantuvo "durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de este", porque para ello "permanece jurídicamente intacta". Añadía que "en consecuencia, pueden desplazarse para asistir a las reuniones del Parlamento y no pueden invocar válidamente, para acreditar la existencia de un perjuicio grave e irreparable, un supuesto riesgo de ser detenidos, concretamente en Francia, para participar en una sesión parlamentaria en Estrasburgo o para regresar de esta".

Pese a no apreciar el riesgo de detención alegado por los huidos, el TGUE admitía esa posibilidad. y concluía diciendo que "los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda si, con posterioridad al presente auto, el perjuicio alegado resultara suficientemente probable, y en particular en caso de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o de que se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlos a las autoridades españolas".

En manos de Italia

Que las órdenes de detención están en vigor parece acreditarlo el propio arresto de Puigdemont, porque la actuación italiana no fue instada en forma alguna por el Supremo, sino que se produjo de forma automática al saltar la alerta policial cuando se introdujeron sus datos para volar a Cerdeña.

Para demostrar que no hay nada que ocultar e intentar la entrega, cuando ha llegado al Supremo la comunicación oficial del arresto, el juez Llarena ha remitido un oficio al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) en el que le comunica que "el procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía".

También le envía la cuestión prejudicial planteada en su día en relación con Puig, "cuya tramitación no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento, sin perjuicio de que deba acomodarse en su día a la interpretación que del derecho europeo, y sobre las estrictas cuestiones suscitadas, realice el TJUE", precisa. Anuncia que le remitirá traducida al italiano la orden europea de detención y que enviará "cuanta documentación sea precisa".

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Fuentes jurídicas explican que la detención se produjera ahora y no en otros desplazamientos, porque probablemente en ellos utilizó el coche y no cruzó ningún puesto fronterizo donde pudiera activarse de forma automática la alerta de la detención pendiente.

Para su respuesta definitiva, la justicia italiana deberá determinar si las euroórdenes estaban o no en vigor y cuál es el efecto del auto del TGUE. En cualquier caso, la no imposición de medida cautelar alguna para el 'expresident', cuya puesta en libertad este viernes sin restricción alguna de movimientos y la única obligación de presentarse en la vista del próximo 4 de octubre, no parece un signo esperanzador para los intereses del alto tribunal.