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CAUSA POR REBELIÓN

Suiza no ve viable detener a Puigdemont como pedía la fiscalía

El fiscal solicita al juez Llarena que limite la validez el pasaporte del 'expresident'

El líder de JxCat aterriza el domingo en Ginebra para participar en varios debates

Ángeles Vázquez

Carles Puigdemont, flanqueado por el exconseller Lluís Puig y el diputado de JxCat Eduard Pujol, este miércoles en Bruselas.

Carles Puigdemont, flanqueado por el exconseller Lluís Puig y el diputado de JxCat Eduard Pujol, este miércoles en Bruselas. / JOHN THYS (AFP)

Con la experiencia de Copenhague a la espalda, ante el viaje a Suiza del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la fiscalía ha optado por medir sus pasos y no pedir directamente al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que acuerde el arresto del 'expresident' una vez abandone Bélgica. En esta ocasión ha preferido dejarlo entrever a través del anuncio de una serie de diligencias que incluyen gestiones previas para conocer la viabilidad de su arresto en Suiza y que se limite la validez de su pasaporte para frenar nuevos desplazamientos por Europa.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado en una nota, el ministerio público quiere que el instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación no se mantenga impasible ante el próximo viaje de Puigdemont y la exconsejera Meritxell Serret a Suiza, país en el que ya reside Anna Gabriel desde que decidió desoír la citación de Llarena el pasado mes de febrero. Puigdemont ha anunciado su desplazamiento para asistir al Festival de Cine de Derechos Humanos, junto a la propia Gabriel, mientras que Serret asistirá a un acto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Entre las diligencias instadas por el ministerio público, figura pedir a la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior, en colaboración con Interpol, que realice las gestiones necesarias ante las autoridades suizas para calibrar "la viabilidad de la detención de los fugados y su reclamación a efectos de extradición".

Una gestión que ha sido resuelta a través de los medios de comunicación poco después de hacerse pública la intención fiscal. El gobierno suizo ya ha dicho a Efe que "no hay ninguna base" para detenerles. El portavoz del Departamento Federal de Justicia suizo, Folco Galli, ha recordado que el 5 de diciembre el Tribunal Supremo "retiró la orden de detención y entrega europea contra Carles Puigdemont y más personas, entre ellas Meritxell Serret. Esa decisión sigue vigente". Y recordó que en el caso de Anna Gabriel no se ha llegado a cursar orden internacional de detención, por lo que niega que haya base para el arresto de Puigdemont para una hipotética extradición a España.

Detención solo en España

Como destaca el portavoz suizo, el juez Llarena dejó sin efecto las órdenes internacionales de arresto y las euroórdenes cursadas por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Con su decisión tanto Puigdemont como el resto de autoexiliados en Bélgica no tienen más condicionante en su día a día que evitar volver a pisar España, porque solo en ese momento serían detenidos.

De ahí que sea cuando menos insólita otra de las diligencias solicitadas al magistrado por la fiscalía: que se limite la validez del pasaporte de Puigdemont y del resto de fugados como "medidas cautelares complementarias". De esta forma se podrían limitar sus desplazamientos por Europa hacia aquellos países donde fuera necesario ese documento. La fiscalía no menciona siquiera el traslado a Escocia de la 'exconsellera' Clara Ponsatí, que abandonó Bruselas para incorporarse a la universidad de St Andrews.  

La tercera medida instada por el ministerio público es solicitar al Ministerio de Exteriores un informe sobre las gestiones que Puigdemont, Serret o los organizadores de los eventos en los que participarán en Suiza han realizado ante representantes diplomáticos españoles en ese país, si es que han existido.

La decisión, en cualquier caso, queda en manos del magistrado Llarena que ya rechazó la petición fiscal de reactivar la euroorden contra Puigdemont cuando este se desplazó a Copenhague. Tampoco actuó contra Anna Gabriel, pese a que ignoró su propia citación cuando elevó a 28 el número de imputados por rebelión con ella y otras cinco personas, entre las que también estaban el expresidente Artur Mas y la número dos de ERC Marta Rovira.

Fuentes jurídicas insisten en que la intención del instructor es no reactivar las órdenes internacionales de detención contra el expresidente catalán hasta que se haya dictado auto de procesamiento para poder dirigir al extranjero una reclamación más consistente. 

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