Sin vacantes

La causa contra Puigdemont evitó que la Sala Segunda del Supremo colapsara por el bloqueo del Poder Judicial

  • Tres magistrados se incorporaron a la Sala de lo Penal después de que Marchena advirtiese de que solo dos jueces podrían juzgar al 'expresident' si era detenido o se entregaba

Puigdemont, el pasado 24 de febrero, en el Parlamento Europeo.

Puigdemont, el pasado 24 de febrero, en el Parlamento Europeo. / Johanna Geron / Reuters

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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La solución para los problemas viene a veces de los sitios más inesperados. En la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la encargada de revisar las sentencias dictadas en lo penal por las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, vino prácticamente de la mano del procedimiento que espera al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont si en algún momento se pone a disposición de la justicia española. El motivo fue la exposición que hizo el presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Manuel Marchena, cuando el Consejo General del Poder Judicial debía decidir si le reelegía para el cargo o designaba a otro magistrado para esa responsabilidad.

En la exposición en la que defendió su candidatura, Marchena explicó que, tras la celebración del juicio del 'procés', la instrucción de la causa y la resolución de los recursos que se habían planteado, solo dos de los magistrados que en ese momento formaban la Sala Segunda podrían juzgar al 'expresident' si era detenido o se ponía a disposición de la justicia española. Se trataba de dos de los tres que en octubre de 2019 se acababan de incorporar al alto tribunal: Susana Polo y Eduardo de Porres. También se había sumado por esas fechas Carmen Lamela, pero a ella se la entendía contaminada para participar en el juicio contra Puigdemont, porque en su anterior destino, la Audiencia Nacional, instruyó el procedimiento hermano que se siguió contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que acabó siendo absuelto.

La advertencia de Marchena contribuyó en gran medida a que un Consejo prácticamente unánime procediera a nombrar a los tres magistrados que faltaban para que estuvieran cubiertas todas las vacantes en la Sala Segunda. Los elegidos, Ángel Hurtado, Leopoldo Puente y Javier Hernández, representaban diferentes sensibilidades y fueron la fórmula utilizada por el órgano de gobierno de los jueces para responder a la presión que desde el Gobierno y colectivos de izquierda le sometían para que paralizara los nombramientos mientras estaba en funciones, posición que el Ejecutivo acabó convirtiendo en ley.

El mayor número de vacantes se concentra en la Sala de lo Contencioso, pero la situación no se considerará grave, aunque la primavera del año próximo se prevén más jubilaciones

Sala de lo Contencioso

La situación de la Sala Segunda es diferente de la de otras salas, como la Tercera o de lo Contencioso-Administrativo, donde se han producido media docena de vacantes desde que el Consejo tiene vetado realizar nombramientos con el mandato caducado. Fuentes del CGPJ han señalado a este diario que, no obstante, su situación no se considera preocupante, aunque, de no producirse la renovación antes, en la primavera del año que viene se verá agravada por varias jubilaciones previstas para entonces.

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Pese a ello, las fuentes consultadas señalan que la Sala Tercera tiene previsto reorganizar sus magistrados, pero en ningún caso acudir a los de la Sala de lo Militar, como refuerzo, o a jueces jubilados para que se reincorporen al alto tribunal. Esta Sala, en cuyas manos están, entre otros asuntos, los recursos contra los indultos del 'procés' y el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala general del Estado, es la más extensa del alto tribunal, con una treintena de magistrados distribuidos en secciones, por lo que una reorganización de sus jueces es más sencilla que acudir a otras salas.