Sin protagonismo para Catalunya

Agenda económica y social y más presión para el PP: las claves del arranque de curso de Sánchez

  • El presidente quiere que sea patente el cambio de paso en esta segunda parte de la legislatura, centrada por completo en procurar una "recuperación justa"

  • Anuncia la subida "inmediata" del salario mínimo, perfila la fecha de presentación de los Presupuestos y apremia al PP para que desbloquee el CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de arranque del curso político, este 1 de septiembre de 2021 en la Casa de América de Madrid. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de arranque del curso político, este 1 de septiembre de 2021 en la Casa de América de Madrid.  / JOSÉ LUIS ROCA

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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Con sus decisiones, gestos y palabras, Pedro Sánchez está empeñado en dibujar una cesura en su mandato. Como dicen en su equipo, una primera parte de la legislatura, marcada por la gestión de la pandemia del covid-19, y una segunda, la que arrancó tras los indultos del 'procés' y la recomposición del Gobierno, en la que desea volcar todas sus energías en la "recuperación justa". Así llamó la Moncloa, de hecho, la conferencia de arranque de curso político, este 1 de septiembre en la Casa de América de Madrid. Una recuperación justa. Un acto semejante en el formato —miembros del Ejecutivo, del Ibex 35 y representantes de la sociedad civil entre los invitados— a otros protagonizados por el presidente en estos años en el poder, aunque desprovisto de la hojarasca que le rodeaba en anteriores alocuciones.

Dos anuncios nuclearon la intervención del líder socialista. La confirmación de la subida "inmediata" del salario mínimo y de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 se presentará en el Congreso "entre finales de septiembre y principios de octubre". Además, reconoció la "preocupación social" existente con la escalada de la luz (aunque recalcó a sus socios de Unidas Podemos, sin citarlos, que no se saldrá del marco regulatorio europeo) y reiteró su llamamiento al PP, al que acusó de falta de "lealtad", para la renovación de los órganos constitucionales.

Subida del salario mínimo "inmediata"

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya abrió camino en julio, al aceptar la posibilidad de un alza del salario mínimo interprofesional (SMI) en la última parte del año, a la que se había opuesto para comienzos de 2021. Pero ahora la situación económica ha cambiado, y ese es el argumento que ha venido utilizando el Gobierno: la vacunación ha avanzado a velocidad de crucero —el 70% de la población inmunizada con pauta completa es una realidad— y la actividad económica se ha lanzado.

Pedro Sánchez, en su discurso de este miércoles, insistió en que el objetivo del Gobierno, los agentes sociales y la sociedad civil están llamados a "dos tareas fundamentales". Una, "consolidar la recuperación económica" y dos, "que la recuperación llegue a los bolsillos" de todos los ciudadanos "en forma de más empleo, mejores salarios y pensiones dignas". "No habrá recuperación económica si no es una recuperación justa. Si no llega a todos los estratos de nuestra sociedad. Si no se expande a todos y cada uno de las ciudades y pueblos de España. Nadie puede quedar atrás", proclamó.

Ese razonamiento lleva al Ejecutivo a "abordar una subida inmediata del salario mínimo para lo que queda de año, y continuar avanzando en el objetivo de alcanzar en 2023 el 60% del salario medio". El presidente, por tanto, ya marcaba el desenlace de la negociación que arrancaba este miércoles la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con los agentes sociales: habrá alza del SMI, aunque la rechacen los empresarios. La decisión está tomada. El Ejecutivo, antes de la aprobación del real decreto de actualización del salario mínimo (hoy en 950 euros), está obligado a consultar a los agentes sociales, pero nada más. No tiene por qué seguir su criterio. Y es una facultad suya, sin que pase por las Cortes para su refrendo. Sánchez accede así, además, a una de las peticiones de Unidas Podemos, que perdió en 2020 la batalla contra Calviño para proceder al aumento de cara a 2021. Tras el acto en Casa de América, Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, planteó un incremento de 15 euros para este año (hasta 965 euros), de 31 euros adicionales en 2022 (hasta 996) y de otros 31 euros en 2023 (hasta 1.027).

"Preocupación social" por la subida de la luz

El Gobierno es consciente de la erosión que le está provocando la subida sin descanso del precio de la luz, que este miércoles alcanzó otro récord histórico (140,38 euros el megavatio hora). Sabe que es un debate que está permeando y que ha perdido la batalla del relato. Por ello, como reconocían sin ambages fuentes del Ejecutivo este mismo martes, se va a afanar en hacer "pedagogía" sobre este asunto, en explicar qué ha hecho y qué va a hacer, qué puede hacer y qué no es posible. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, va a "coger el toro por los cuernos" y será la que dé la cara, añadían.

Pero también el presidente quiso mostrar su sensibilidad en un asunto que también inquieta al PSOE. "Quiero ser claro: el Gobierno se hace cargo de la preocupación social. Y por eso, el Gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía".

Sánchez recordó que el Ejecutivo ya bajó el IVA del 21% al 10%, que suspendió el impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que amplió el bono social y aprobó el bono social térmico para dar cobertura a los colectivos más vulnerables. Además, ya envió a las Cortes el proyecto de ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y el que prevé atajar la sobrerretribución de las tecnologías hidroeléctrica y nuclear, textos para los que pide una "rápida tramitación parlamentaria y una aprobación mayoritaria". También se ha actuado con las subastas de energías de nueva potencia renovable o con ayudas directas al autoconsumo.

"Continuaremos actuando, siempre dentro del marco regulatorio europeo" , siguió Sánchez. Un aviso claro a Unidas Podemos, que ha planteado propuestas que, a juicio de Transición Ecológica, chocan con Bruselas, porque no es posible fijar precios para la nuclear y la hidroeléctrica. El presidente respaldó los anuncios hechos por Teresa Ribera el lunes: disminución de la "volatilidad de la tarifa regulada" (PVPC) e impulso en Europa del debate para adaptar las reglas del mercado a un "nuevo contexto de transición energética" y mayor penetración de las renovables. Además, el Gobierno ya ha dado el visto bueno a la aprobación, en el Congreso, de una comisión de estudio que aborde las vías para rebajar la factura de la luz. "Escuchar, debatir, acordar y actuar son cuatro verbos con los que el Ejecutivo se siente comprometido", sostuvo.

Fuentes del Gobierno añadieron que se verá en los próximos días a una Ribera "más comprometida" con esa labor de "pedagogía" que entienden imprescindible, y "liderando la gestión a nivel interno y externo, en la UE". Habrá "nuevas medidas", subrayaban en la Moncloa, que se irán anunciando.

Presupuestos en capilla y con la intención de amarrar apoyos antes de su tramitación

Ya ocurrió el año pasado, en el acto simétrico de arranque de curso. Sánchez prometió "estabilidad" ante la plana mayor empresarial. En aquel momento, no estaba claro que pudieran aprobarse los Presupuestos de 2021. Ahora el contexto es distinto, con la vacunación al 70% y la recuperación lanzada. No obstante, el presidente volvió a apuntalar ese mensaje. El Gobierno, dijo, cumple este miércoles 603 días desde que resultó investido, el 7 de enero de 2020. "Y cada uno de esos 603 días el Gobierno ha actuado. Ha tomado decisiones, ha elaborado leyes, ha dotado de recursos y ha propiciado acuerdos". Ha continuado imprimiendo "estabilidad" al país, presumió, incluso en condiciones extremas, durante la pandemia". "Este es un Gobierno de acción", "resuelto", "que hará a España avanzar", prosiguió.

El presidente aseguró que "en los aproximadamente 850 días que quedan de legislatura" —o sea, hasta finales de diciembre de 2023—, la actitud del Gabinete será la misma. Recordó las 144 iniciativas previstas para antes de que acabe 2021 incluidas en el Plan Anual Normativo (PAN) aprobado ayer martes por el Consejo de Ministros. Y, de entre ellas, una fundamental será la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Unas cuentas "para la recuperación económica justa". "Y que presentaremos entre finales de septiembre y principios de octubre. Nuestro propósito es ambicioso: queremos hacer de España un país aún mejor que antes de la pandemia", agregó.

Fuentes de Hacienda y de la Moncloa coincidían este miércoles en recalcar que las negociaciones con Unidas Podemos llegarán a buen puerto, aunque todavía no se ha entrado al detalle de las cuentas. Los morados exigen una subida fiscal a la que Sánchez se niega porque entiende que antes ha de asentarse la recuperación. La intención de María Jesús Montero es llevar el proyecto de ley al Congreso con la garantía, de los socios de izquierdas, de que no presentarán enmienda de totalidad, por lo que los PGE podrían continuar su tramitación sin sustos. La ministra ha observado "buena disposición" en ellos.

Nuevo llamamiento al PP

Sánchez aludió a las "lecciones" que la pandemia ha dejado y que no se deben "olvidar". Una, la "importancia" del Estado. Dos, el valor del "impulso reformista". Tres, el "valor de la colaboración público-privada", que pueden multiplicar el efecto de los fondos europeos. Y cuatro, "el valor de la lealtad", "no con el Gobierno, pero sí con nuestro pacto de convivencia, con la Constitución española". Con este último punto introdujo el pasaje más político de su discurso, en el que se limitó a denunciar, otra vez, el bloqueo del PP por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial —1.002 días ya con el mandato vencido—, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.

El presidente insistió en que, "en un contexto de crisis como el actual", es "tarea de todos impulsar la regeneración" de las instituciones, "y regenerar es renovar, es cumplir con lo que obliga la Constitución".

El líder socialista, en un tono duro, advirtió de que "ninguna formación política tiene el derecho a incumplir sus obligaciones constitucionales", a "situarse fuera" de la Carta Magna, ya que "menoscaba el prestigio" de la democracia en un momento en el que los ciudadanos piden instituciones sólidas. "Cortocircuitar el funcionamiento de los órganos constitucionales es faltar a la lealtad con el pacto de convivencia que representa nuestra Constitución", reafirmó, volviendo a llamar al PP a que "vuelva al consenso constitucional y cumpla con su deber".

La titular de Justicia, Pilar Llop, se reunió este miércoles con los portavoces sectoriales en las Cortes, y volvió a apelar al PP, que reclamó, según fuentes próximas a la ministra, "diálogo". Los conservadores reclaman el cambio de la ley orgánica para que los jueces elijan al CGPJ. El Gobierno no se opone a que se abra el "debate" en el Parlamento, pero no cederá ante los de Pablo Casado. Considera que la actual ley, de 1985, que ha servido a gobiernos de distinto signo (también conservadores) para renovar el CGPJ, no debe cambiarse porque toda la pluralidad política está representada en las Cortes y recuerda al PP que no dispone de mayoría parlamentaria para modificarla.

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Sin Catalunya en el discurso

Tras la concesión de los indultos y el cambio en el Gabinete, Sánchez busca que Catalunya no monopolice su agenda. Este miércoles, directamente, no dijo una palabra sobre el desafío soberanista. "Veníamos a hablar de recuperación justa, no a hablar de Catalunya. Sí hemos incidido en la necesidad de lealtad institucional", justificaban en la Moncloa, que apuntaban que las relaciones con la Generalitat son cordiales.

Sin embargo, el Gobierno tiene por delante la segunda reunión de la mesa de diálogo con la Generalitat, que se celebrará en la semana que arranca el 13 de septiembre, tras la Diada. Aún no está pactada ni la fecha, ni el orden del día, ni la composición de las delegaciones. La Moncloa se resiste a aclarar si está dispuesta a que se siente en ella, de nuevo, Sánchez, como le demanda Pere Aragonès. Por lo pronto, el Ejecutivo ha sacado de sus prioridades la reforma del Código Penal para la rebaja de la sedición, modificación que perdió urgencia tras el perdón gubernamental a los presos del 'procés'.

Menos formalismos aunque con un formato semejante

Aunque el núcleo de poder en la Moncloa ha cambiado radicalmente, tras la defenestración de Iván Redondo, Sánchez protagonizó este miércoles un acto similar a los de ocasiones anteriores: con el Gobierno (casi) en pleno arropándole, con las figuras potentes del Ibex 35, invitados del universo mediático, cultural o civil sentadas en la platea. Y una alocución con él como único orador.

No obstante, sí se notaron algunos cambios. Para empezar, un discurso más corto del presidente —ya lo fue el de balance del curso, el pasado julio—, más conciso. Para seguir, menos formalismos, menos boato. Los invitados entraban por el jardín que da acceso a la Casa de América escoltados por Protocolo (aunque no siempre), pero sin declaraciones por el camino, sin la puesta en escena de una première de cine.

Entre los presentes, los máximos responsables de Iberdrola (Ignacio Sánchez Galán), Endesa (José Bogas), Fundación La Caixa (Isidre Fainé), Caixabank (José Ignacio Goirigolzarri), Telefónica (José María Álvarez-Pallete), ACS y Real Madrid (Florentino Pérez) o El Corte Inglés (Marta Álvarez). También asistieron los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez —no se vio, en cambio, al jefe de la CEOE, Antonio Garamendi—; directores de varios medios de comunicación o intelectuales como Lorenzo Silva. La Moncloa reservó un lugar destacado, en primera fila, a Alberto Ginés, medalla de oro en escalada en Tokio 2020.