Aprobación del Plan Anual Normativo para 2021

El Gobierno aparca la reforma de la sedición y da un aviso al Govern

  • Bolaños arguye que el cambio legal, congelado hasta al menos 2022, no es "prioritario". El Ejecutivo se volcará con la agenda social y la recuperación justa

  • La portavoz advierte taxativa a la Generalitat de que el camino del diálogo no es "indicar horizontes para la independencia" de Catalunya

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodíguez, conversa con el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, antes de su rueda de prensa de este 31 de agosto de 2021, posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodíguez, conversa con el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, antes de su rueda de prensa de este 31 de agosto de 2021, posterior al Consejo de Ministros. / EFE / CHEMA MOYA

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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Cuando, el pasado junio, el Gobierno pisó el acelerador para aprobar los indultos a los presos del 'procés', ya decidió que metía en el congelador una reforma pendiente anunciada en el arranque de legislatura, la modificación del Código Penal para la rebaja de la sedición. Ahora, oficializa la salida de la agenda de esta carpeta, que en realidad siempre le quemó en las manos y para la que no tenía los apoyos parlamentarios garantizados. El Ejecutivo considera que este cambio legislativo "no es prioritario" y no lo impulsará antes de que acabe el año, con toda seguridad. Después, ya se irá "viendo". Pero es evidente que a partir del próximo ejercicio todo se complica más para el Gabinete, en la medida en que se irá calentando la maquinaria electoral de cara al ciclo que se abre en 2023 y que será antecedido por los comicios autonómicos andaluces.

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Plan Anual Normativo (PAN) del Gobierno de Pedro Sánchez para 2021

Plan Anual Normativo 2021

El Gobierno remachó este martes esa idea, tras la cita del Consejo de Ministros, al tiempo que lanzó otro mensaje diáfano al Govern: hablar de un referéndum de independencia para 2030 "no es el camino". La Moncloa rechaza discutir de esta cuestión para la segunda reunión de la mesa de diálogo, para la que no está cerrada la fecha, aunque se barajan los días 16 y 17 de septiembre, según el Executiu.

El Gabinete de coalición aprobó este 31 de agosto el Plan Anual Normativo (PAN) de 2021, el programa, de 73 páginas, de actuaciones normativas que el Gobierno prevé aprobar antes del 31 de diciembre de este año [aquí en PDF]. Contiene, según detalló el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, 144 iniciativas, entre leyes orgánicas (seis), leyes ordinarias (28) y reales decretos (110). Del total de iniciativas, 37 son incorporaciones del Derecho de la UE (o sea, "compromisos" de España con la Comisión Europea en el marco del plan de recuperación). Un paquete de medidas, subrayó el ministro, "muy ambicioso", que pretende proyectar la idea de un Gobierno "de acción y de recuperación".

El Ejecutivo promoverá la ley de FP, la de Ciencia, la de creación y crecimiento de empresas y la del 5G, así como la reforma laboral o la ley de vivienda y el cumplimiento de los compromisos con la UE

El leitmotiv del Ejecutivo, en el que hacen hincapié constantemente Pedro Sánchez y los miembros de su Gabinete, más aún tras la remodelación ministerial, es el de "recuperación justa". En consonancia con ese propósito, el plan normativo de 2021 se fija esa meta, se centra en una "agenda social y económica para una recuperación justa, para que el crecimiento económico" que ya se está sintiendo, defendió Bolaños, "llegue a todos", por mecanismos de "redistribución y de ampliación de derechos y libertades". Que el empuje económico se traduzca, por tanto, en "cohesión social" y "solidaridad". "Somos un Gobierno con impulso transformador y modernizador del país, con una visión progresista", proclamó el ministro. El Gobierno quiere poner ahí el acento, y no en Catalunya, una cuestión que ha erosionado sus expectativas electorales en los últimos meses. Es evidente que Sánchez quiere pasar página, no volver a sufrir coste político, y la prueba fue el relevo de Juan Carlos Campo por Pilar Llop al frente de Justicia en julio. Campo había preparado borradores sobre este cambio legal, con el propio Bolaños, entonces secretario general de la Presidencia, y la vicepresidenta Carmen Calvo.

La "prioridad absoluta"

El titular de la Presidencia desgranó que en los próximos meses el Ejecutivo aprobará la ley de Formación Profesional, la de Ciencia, la de creación y crecimiento de empresas y la de la quinta generación de las telecomunicaciones (5G), así como el desarrollo normativo de la ley educativa, la reforma laboral o la ley de vivienda, atascada entre los socios desde hace diez meses por las discrepancias en la regulación de los alquileres. En ese pequeño resumen no estaba la modificación de la sedición. Se le preguntó por ello a Bolaños, y confirmó, como había publicado 'eldiario.es', que este cambio, que sí se incorporó a última hora al plan normativo de 2020, sale del programa de 2021.

"En estos cuatro meses no era prioritario afrontar esta modificación del Código Penal. A futuro, iremos viendo", sentencia el ministro

En el PAN 2021 "no va ninguna reforma del Código Penal", subrayó Bolaños, sin medias tintas. "La prioridad del Gobierno es la recuperación social y económica del país, que recuperemos nuestra vida normal, que el crecimiento se traduzca en bienestar para todos los españoles. Es la prioridad absoluta", defendió, y también el cumplimiento de los compromisos con la UE. "Entendemos que en estos cuatro meses no era prioritario afrontar esta modificación del Código Penal —remachó el ministro con rotundidad—. A futuro, cuando aprobemos futuros planes [normativos], iremos viendo". La pretensión del Ejecutivo era homologar el texto español a los tipos delictivos europeos, pero lo trascendente era el gesto político hacia el independentismo. Sin embargo, la iniciativa podía embarrancar, porque ERC no acababa de verla de manera aislada.

Lo que sí encaja en esa planificación del Ejecutivo, en cambio, es la subida del salario mínimo. La mesa del diálogo social se reúne mañana miércoles, 1 de septiembre, y de ahí debiera salir el acuerdo, aunque la patronal se opone a cualquier alza ahora. "Lo que desearíamos es que hubiera un acuerdo en ese marco de diálogo social y adoptar una decisión que fuera conforme a lo que está siendo la recuperación económica en nuestro país, pero que contara con el consenso de los agentes sociales", respondió Bolaños.

Cumplimiento del 87%

"Disposición de diálogo toda, pero el camino no es indicar horizontes para la independencia", subraya Rodríguez, que no desvela si Sánchez irá a la reunión de la mesa

Junto al PAN 2021, el Consejo de Ministros aprobó el informe de evaluación normativa sobre el plan de 2020, el "primero" que se elabora para un periodo completo y que refleja, según enfatizó el ministro, la voluntad de "transparencia" y de "rendición de cuentas" del Gobierno. El documento refleja un grado de cumplimiento del 87%. Además, se aprobaron 59 iniciativas que no estaban incorporadas al paquete de 2020 porque respondían a las urgencias de la lucha contra la pandemia del covid-19. Tomando como periodo de referencia la fecha inmediatamente anterior a la ratificación del nuevo plan —31 de agosto de 2021—, un 51% de los proyectos ya han sido "aprobados" y un 36% se hallan "en tramitación". Se ha traspuesto el 69% de las directivas europeas. Por tanto, quedan "12 de las iniciativas incluidas en el plan anual 2020, lo que representa un 31%". Entre ellas, la modificación del Código Penal, que no verá por ahora la luz.

Unidas Podemos dejó ver enseguida que no comparte la decisión de la Moncloa. Lo expresó en Twitter el presidente del grupo de los morados en el Congreso, Jaume Asens: la reforma, dijo, es "un compromiso con Europa y las organizaciones de derechos humanos", una iniciativa que será "una de las primeras cuestiones" que llevarán a la mesa de diálogo "para su acuerdo y aprobación", informa Miguel Ángel Rodríguez.

Precisamente, la segunda reunión del foro Gobierno-Generalitat sí está más cerca. El 'president' aseguró este lunes en TV3 que no concibe una cita de la mesa "en la que no esté" Sánchez. Y también afirmó que confía en que la negociación con el Ejecutivo culmine con un referéndum acordado sobre la independencia de Catalunya, votación que espera que llegue "antes de 2030". La ministra portavoz le replicó este martes. "Este no es el camino, no es la forma en la que queremos transitar con Catalunya", aseveró Isabel Rodríguez.

La ministra de Política Territorial glosó las medidas tomadas en favor "del diálogo y el reencuentro" adoptadas por el Gobierno, entre las que se encuentra la liberalización de los peajes —que entrará en vigor este 1 de septiembre—. El Ejecutivo quiere centrarse en la discusión de los problemas que demanda la sociedad catalana y cuyas propuestas de solución son las que el Ejecutivo llevará a la mesa. "Yéndole bien a Cataluña nos va bien a todos en España", insistió. El foco está puesto, de nuevo, en la agenda social y en la recuperación justa para todos. Así que, reiteró, "disposición de diálogo toda, pero el camino no es indicar horizontes para la independencia". 

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, con los titulares de la Presidencia, Félix Bolaños (c), y Universidades, Manuel Castells (i), este 31 de agosto de 2021 tras la reunión del Consejo de Ministros, en la Moncloa.

/ EFE / CHEMA MOYA

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Rodríguez no dio pistas sobre la próxima reunión de la mesa de diálogo, que tendrá lugar en Barcelona. La ministra no desveló si Sánchez acudirá (como exige Aragonès), aunque sí recordó que el presidente sí formó parte de la primera cumbre entre gobiernos, en febrero de 2020 y en la Moncloa. Las conversaciones con el Govern se centran, ahora mismo, en determinar la fecha exacta, el orden del día y la composición de las dos delegaciones. En definitiva, como recalcaban fuentes del Ejecutivo, todo está abierto.

Bolaños acusa al PP de dar "excusas cambiantes" para no renovar el CGPJ y saluda cualquier "llamamiento" que favorezca el relevo

El Gobierno sigue denunciando los "mil días de bloqueo" (en puridad, 1.001 días ya) en el Consejo General del Poder Judicial. Félix Bolaños acusó al PP de tener "nulo sentido de Estado", de contribuir a "desprestigiar" un pilar tan importante como el Poder Judicial, ofreciendo "excusas cambiantes" para no negociar el relevo, cuando lo que hay es una "absoluta falta de voluntad". El resultado es que el PP "incumple la Constitución".


El Ejecutivo, tras el gesto de reprobación de la UE, ya no tocará la ley para rebajar las mayorías exigidas. Pero tampoco va a ceder en lo que le pide el PP: que se cambie la norma para que los vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces, como propone Europa. El ministro de la Presidencia recordó que la actual ley es de 1985, lleva 36 años en vigor, y ha permitido la renovación del CGPJ "con distintas mayorías" de las Cámaras. "Y ahora decide que la ley no le gusta y no la cumple", algo que el Gabinete de coalición considera de suma "gravedad". Para que se cambie la norma, "deberán tener mayoría parlamentaria", de la que ahora los populares no disponen, subrayó. Bolaños reiteró la "preocupación por el bloqueo" en el CGPJ —que no puedan hacer nombramientos al tener el mandato vencido está provocando ya disfunciones—, por el "coste reputacional" que está teniendo la parálisis, y tendió "la mano" de nuevo para llegar a un acuerdo "cuanto antes", y se "cumpla la Constitución y la ley", y el "único camino" es el consenso "entre las dos principales fuerzas".


¿Cree que Gobierno que debieran dimitir Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, y el resto de vocales para así forzar la renovación? "Es una decisión tan personal que desde el Gobierno no podemos valorar. Cualquier llamamiento, desde cualquier órgano, para que el principal partido de la oposición cumpla la Constitución y la ley y se renueve lo valoramos positivamente", aseveró el ministro, que añadió que "los que están más preocupados" por este bloqueo de casi tres años "provocado por el PP" son los jueces y su órgano de gobierno. Por el momento, indicaron fuentes del Ejecutivo, "no hay contactos" con los populares y "el problema no es" si hay llamada de Pedro Sánchez a Pablo Casado, sino la falta de "voluntad" de Génova.