El PSC insta al Gobierno a la reforma del delito de sedición

La reforma del Código Penal para modificar las penas por sedición y otros delitos está encima de la mesa del Gobierno. Y lo está, entre otros motivos, porque el PSC se ha movido para que Pedro Sánchez contemple esa vía y le ha pedido que la estudie. En opinión de los socialistas catalanes, "es importante que el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos" con respecto a la situación de los presos del 1-O.

Una vez que el Ejecutivo ha 'comprado' la idea, que figuraba ya en su cuaderno de bitácora de la legislatura pero que ahora ha reactivado, las implicaciones políticas de la reforma son evidentes. Aplicada con efectos retroactivos, y a falta de comprobar cuál es el redactado final del proyecto de ley, podría suavizar las condenas de los líderes del 'procés', que, desde la suspensión de su régimen de semilibertad, pasan la mayor parte del día en sus celdas.

¿Antes de las catalanas?

Los cambios se producirían a las puertas de las elecciones catalanas. "Si son en febrero", como todo parece indicar después de que Quim Torra haya dicho que no las convocará antes de su probable inhabilitación, "es posible que la reforma ya esté aprobada", piensan en el PSC.

Se trataría sin duda de una buena noticia para los socialistas catalanes. Su primer secretario, Miquel Iceta, ya se pronunció antes de las elecciones del 2017 a favor de fórmulas útiles para "cerrar heridas" en la sociedad catalana. En aquella ocasión habló del indulto, pero la vía de la reforma del Código Penal parece más rápida y tendría un menor coste político.

La reforma sería una buena noticia para el PSC, que defiende fórmulas útiles para "cerrar heridas"

Pero también ERC se beneficiaría de la medida. Los republicanos temen una nueva remontada de Carles Puigdemont, y la rebaja de penas por sedición podría permitirles demostrar a la sociedad catalana que su apuesta por el diálogo con el Gobierno da frutos. En cuanto a los 'comuns', fueron los primeros en enunciar la idea: el diputado Jaume Asens ya dijo en enero que la reforma estaría "en coherencia con lo que ha sido la revisión de estos delitos en la mayoría de países europeos". Y la defendió en las últimas campañas de las generales.

Pierde la "confrontación"

Por el contrario, si la iniciativa sale adelante, perdería fuerza el mensaje de las formaciones, como JxCat, que han cuestionado –por inútil— el diálogo con el Estado y que han hecho de la "confrontación" que defiende Puigdemont su principal gancho electoral.

Pero en el horizonte, además de las elecciones catalanas, están los Presupuestos Generales del Estado para el 2021. Y los dos caminos se cruzan. La Moncloa no se atreve a precisar fechas aún, rehúsa sitúar el día exacto en que llegará al Consejo de Ministros el anteproyecto de la reforma del Código Penal que reajustaría los delitos de sedición y rebelión y comportaría una rebaja de la pena para los presos del 'procés'. Sin embargo, lo que está claro es que se trataría de un gesto inequívoco hacia ERC, que ayudaría a reengrasar la relación con el Gobierno y facilitaría la aprobación de los Presupuestos del Estado.

Sánchez ha ido reordenando el tablero en las últimas semanas, a la vista además de que la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se frustraba por la oposición radical del PP y la necesidad de reconstruir puentes con los socios de investidura, sin perder, al menos por el momento, a Ciudadanos. Y una pieza clave es, precisamente, la reforma del Código Penal.

El pasado 8 de septiembre, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, llevó al Consejo de Ministros el plan anual normativo para 2020. O sea, la programación de las leyes y reales decretos que el Gobierno prevé impulsar en esta segunda parte del año. Pero, como adelantó EL PERIÓDICO, se decidió incluir a última hora la revisión de los delitos "contra el orden público y la Constitución con la finalidad de adaptarlos tanto en perspectiva comparada con los textos nacionales de otras legislaciones nacionales europeas y al marco normativo de la Unión Europea, así como a los actuales parámetros doctrinales, políticos y constitucionales". Ese giro de guion, con el que no se contaba, era toda una señal. La víspera, en TVE, el presidente había defendido que mantenía vivo su compromiso con la reforma del Código Penal, compromiso que había contraído en el arranque de la legislatura y que entró en barbecho con el estallido de la pandemia del covid-19. 

La Moncloa ha reactivado la reforma a la vista también de la parálisis en el CGPJ por el PP

La propia Calvo aseguraba el pasado jueves 17 de septiembre, y también en TVE, que no había fecha aún para la modificación de la sedición y la rebelión, aunque ya apuntó que estaría lista antes de final de año, porque el borrador que prepara el Ministerio de Justicia está "muy avanzado". Una vez listo el anteproyecto, el texto pasaría por los órganos consultivos para después volver al Consejo de Ministros y luego, ya sí, aterrizaría en la Cámara baja. 

Menos dificultades de encaje

El Gobierno, de hecho, prepara una reforma inminente y rápida, tal y como avanzaba este fin de semana José Antonio Zarzalejos en este diario. Se valora un texto sencillo, que pudiera ser sometido a la aprobación de las Cortes en lectura única. Es decir, por el pleno de Congreso y Senado, y sin pasar por el trámite en ponencia y comisión, lo que garantizaría que el proyecto fuera respaldado en muy poco tiempo. Así se hizo, de hecho, la reforma del artículo 135 de la Constitución en 2011.

Otras fuentes del Gobierno, no obstante, advierten de que quizá una aprobación tan exprés "no encaje por la naturaleza del asunto". En la Moncloa, mientras, indican que la idea de una tramitación ultrarrápida "es una posibilidad, pero no la única". Es decir, que aún no están todas las piezas perfiladas y le queda a la iniciativa algo de maduración. "No tenemos aún calendario", insisten fuentes solventes. De cualquier modo, la fórmula satisface al PSC. "Es una vía transparente y democrática por su tramitación parlamentaria", señala un máximo dirigente del partido hermano.

Aunque el Ejecutivo no quiere que se ligue a la negociación de los Presupuestos, es evidente que hay un hilo conductor entre ambas cuestiones. ERC asume que no podrá reactivarse la mesa de diálogo de manera inminente, como pretendía, no por las reticencias del Gobierno, que ha insistido reiteradamente en que no tiene problema en que se retome, sino por el rechazo de Quim Torra. 

La operación de reforma exprés de la sedición puede soliviantar a la oposición —y enfriar la relación con Ciudadanos—, pero tiene menos dificultades de encaje para el Gobierno. De hecho, la Moncloa no hace sino rescatar su plan original, el que ya mostró a comienzos de año, al poco de constituirse la coalición. Una revisión de las figuras delictivas de la sedición y rebelión, para "acompasarla a los tipos que existen en otros países de Europa" y para ajustarlos a "una democracia consolidada como la nuestra", como explican en el corazón del Ejecutivo, sería impecable desde el punto de vista técnico, y menos problemática que una concesión del indulto, que podría tropezar con la oposición del Supremo y además los presos del 'procés' lo rechazan.

Tampoco es viable decretar la amnistía, como pide el independentismo, ya que el Gobierno considera que la Constitución prohíbe un perdón generalizado y tampoco se tocará la ley de 1977. Y el tercer grado que concedió el Govern está en el alero, ya que la Fiscalía recurrió la medida para los siete encarcelados en Lledoners —entre ellos, Oriol Junqueras, líder de ERC—. La reforma del Código Penal, que comportaría la rebaja de las penas de sedición, por la que fueron condenados los líderes del 'procés', llevaría a su aplicación retroactiva. Porque cualquier modificación de la legislación penal que beneficie al reo debe ser activada por el tribunal sentenciador, la Sala Segunda del Supremo.

En el Parlamento, el Gobierno tampoco se encontraría con demasiados obstáculos, ya que podría articular la mayoría absoluta requerida (176 escaños) con los minoritarios y el concurso de ERC. De hecho, el viernes pasado, el Parlament votó a favor de una propuesta de los 'comuns' en el mismo sentido, reforma de la sedición para hacerla "homologable" a las regulaciones europeas, y recabó el respaldo de ERC y el PSC, la abstención de JxCat y el voto en contra de PP, Cs y la CUP. 

El Gobierno valora un trámite rápido de una reforma que incluiría más asuntos

La revisión del Código Penal, previsiblemente, incluirá otros aspectos como los delitos contra el medio ambiente o la protección de los derechos de los animales. Una reforma, por tanto, que se quiere aprovechar para distintas cuestiones y que el Gobierno pretende que se aborde de manera "rápida", como admitió Calvo el jueves. 

En verano, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, enfrió la modificación del Código Penal. Afirmaba que debía analizarse con calma e incluso la sacó del calendario del 2020. Pero en aquel momento el Gobierno tenía la expectativa de poder renovar, con el PP, el CPGJ y el resto de instituciones colgadas. Pero Pablo Casado rompió la baraja en agosto. Según deslizó Sánchez este sábado en una entrevista 'La Sexta noche', el jefe de los conservadores rechaza proceder al relevo en el Poder Judicial porque "esta composición le beneficia" por los casos de corrupción que se están investigando en los tribunales. Entre ellos, la 'Kitchen'.