El arranque del curso político

PSOE y PP siguen con sus reproches tras 1.000 días de bloqueo del CGPJ

  • Los socialistas sostienen que aunque no haya llamada de Sánchez a Casado, nunca se ha perdido el contacto con el PP, y es cuestión que afecta a los grupos

  • Los populares mantienen su 'no' a negociar la renovación de los órganos mientras no haya una reforma legal que cambie el modelo de elección

La vicesecretaria general del PSOE y coordinadora general del 40º Congreso Federal, Adriana Lastra, junto a su adjunto, Santos Cerdán, y la portavoz, Eva Granados, durante la reunión del órgano de este 30 de agosto de 2021 en Ferraz. 

La vicesecretaria general del PSOE y coordinadora general del 40º Congreso Federal, Adriana Lastra, junto a su adjunto, Santos Cerdán, y la portavoz, Eva Granados, durante la reunión del órgano de este 30 de agosto de 2021 en Ferraz.  / FLICKR PSOE

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez

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El 4 de diciembre de 2018 caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde entonces, han pasado casi tres años con este órgano en funciones. Mil días de bloqueo, concretamente. Una cifra redonda que este lunes aprovechó el PSOE para volver a la carga. Para seguir llamando al PP, quizá con términos más gruesos pero con el mismo fondo, a sentarse a negociar la renovación de los órganos constitucionales. Pero más allá de esa apelación, poco. No hay previsión de promover ninguna reforma legal ni tampoco, por ahora, contempla el presidente del Gobierno telefonear a Pablo Casado para buscar una aproximación. Sí reanudará los contactos con los conservadores la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop. Los conservadores tampoco mueven ficha y se aferran a las recomendaciones de la Unión Europea para mantener su 'no' a la renovación de las instituciones.

Los socialistas estrenaron este lunes un rostro nuevo, el de Eva Granados, viceprimera secretaria del PSC y portavoz del comité organizador del 40º Congreso del PSOE. La dirigente no habló de los preparativos del cónclave —que se celebrará entre el 15 y el 17 de octubre, en València— y se centró en lanzar la campaña #1000DiasSecuestroConstitución. Subrayó que es "inadmisible" que el PP siga bloqueando el relevo institucional (el CGPJ, que acumula esos mil días, pero también el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas), que se trata de un "sabotaje" insólito en democracia, una "deslealtad histórica". Un "secuestro" de la Carta Magna.

La renovación de los órganos constitucionales, remarcó, "no tiene nada que ver con la oposición al Gobierno, es una obligación constitucional". "España merece una oposición que alcance pactos, no que piense en clave electoral", indicó Granados, quien se preguntó si los barones populares comparten el "empeño" de Pablo Casado de convertir al PP en un partido "sin sentido de Estado". En otras ocasiones, era Génova quien se dirigía a los barones socialistas críticos para atacar a Pedro Sánchez.

Aunque Granados habla de acuerdo entre los "partidos mayoritarios", en el Ejecutivo precisan que no se sacará de la ecuación a Unidas Podemos

El plan de los socialistas pasa por que los conservadores recapaciten y den marcha atrás. No se intentará elevar el rango de la interlocución implicando al presidente. "Son negociaciones entre grupos parlamentarios. Pero nunca se ha perdido el contacto con el PP", señaló Granados antes de apuntar que, más allá de un pacto entre el Gobierno y la oposición, es necesario un "acuerdo entre los partidos mayoritarios".

Al hablar de "partidos mayoritarios", quedaba la duda de si el PSOE se planteaba retomar las conversaciones sin los morados. Fuentes del Ejecutivo indicaron que no será así. El esquema permanece y "Unidas Podemos estará". Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, aprovechó también la ocasión y denunció el "comportamiento sedicioso del PP para blindar y atrincherar a los suyos en el Poder Judicial".

"Lógica perversa"

También la ahora titular de Justicia se refirió al "bloqueo" institucional. Llop retomará el contacto con los populares esta semana, y lo hará igual con el resto de los grupos. "En diversas ocasiones hemos apelado al PP a que entre en las negociaciones para la renovación y que lo haga sin condicionamientos ni chantajes", aseguró la ministra, quien llamó para acabar con un CGPJ que ha de renovarse a los cinco años pero acumula tres en funciones, lo que "dificulta mucho el normal funcionamiento de la Administración de Justicia".

Llop retomará los contactos con los populares, a los que pide que entren en las conversaciones "sin condicionamientos ni chantajes"

No obstante, la llamada de Llop a los populares no parece que vaya a tener mucho éxito. En el PP no hay predisposición alguna a ceder a las presiones de los socialistas. Más bien, todo lo contrario. El secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea, aseguró que no darán su brazo a torcer si no es para permitir la elección directa de los vocales del CGPJ por parte de los jueces. Cualquier otro escenario está descartado. El dirigente popular dejó claro, además, que ya no sirven los compromisos ni promesas del PSOE de cambiar la ley en un futuro, sino que quieren hechos, "pasos firmes". 

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"Si no damos pasos a la despolitización es muy difícil, muy difícil que el Consejo pueda renovarse", avisó García Egea después de 1.000 días con este órgano en funciones. "Lo que nosotros no podemos hacer es no tener en cuenta lo que nos pide Europa", resumió el dirigente popular antes de exigir al Gobierno de coalición que permita avanzar a España "hacia una Justicia realmente independiente". Así, todo hace augurar que el CGPJ seguirá sumando días con su mandato caducado.

El CGPJ acumula mil días de parálisis, pero no es la institución que lleva más tiempo colgada. La plaza que ocupaba Soledad Becerril al frente del Defensor del Pueblo lleva vacante desde el 20 de julio de 2017, y quien ejerce el cargo en funciones desde entonces es Francisco Fernández Marugán. Además, el Congreso debe nombrar a cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato venció el 7 de noviembre de 2019. Y el pasado 23 de julio caducó el de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas.