Las elecciones catalanas, pendientes de fecha y blindaje legal

No hay vuelta atrás. Las elecciones al Parlament previstas para el 14 de febrero serán este viernes formalmente aplazadas unas semanas por la situación pandémica. Mientras el Govern ultima el blindaje jurídico y político para el 'stand by', el partido que con más ahínco se ha opuesto al aplazamiento expuso este jueves que aceptaría la dilación siempre que de la reunión de la mesa de partidos a celebrar este mismo viernes, y que encabezará la cúpula del Ejecutivo catalán, 'president' en funciones incluido, salga ya la nueva fecha y su elección no quede en manos del Consell Executiu.

Fuentes del Govern señalaron a este diario la imposibilidad de garantizar ahora el derecho a voto de todos los contagiados. En especial, si como apuntan los escenarios matemáticos construidos por la Conselleria de Salut, en la semana de las elecciones se llega a máximos de infección y colapso en las ucis. Todo esto, aconseja un aplazamiento. Por esta misma razón epidemiológica, si en vísperas del 14 de febrero se alcanza el pico pandémico de esta tercera ola, no se podrán realizar las elecciones, al menos hasta llegada la primavera, por cuanto el descenso de la curva se prevé tan lenta como pausada, pero sin descanso, ha sido el ascenso.

Precisamente, el PSC apuesta por celebrar los comicios antes de Semana Santa, es decir, en la segunda quincena de marzo. La fecha será, sin duda, otro caballo de batalla, por ejemplo, en el seno del Govern, por cuanto ERC apuesta por que se celebren con la máxima celeridad que permita el covid y JxCat ha manifestado intramuros su preferencia porque sean a finales de mayo. La tome quien la tome, la mesa de partidos o el Govern, el Executiu celebrará, también el viernes, una reunión donde se sancionará oficialmente.

Estimaciones pésimas

Todo esto después de que el Departament de Salut presentara a los partidos políticos una actualización de las predicciones que sitúa el pico de contagios y de ocupación de las ucis en las vísperas de los comicios, al tiempo que se prevé una mejora de la situación epidemiológica en mayo por el aumento de las temperaturas y el avance del plan de vacunación, que ya llevará cinco meses en marcha.

Respecto a la base legal para posponer la fecha, tanto los servicios jurídicos del Palau de la Generalitat como los del Parlament sostienen que no hay discusión. Es cierto, asumen, que no hay precedentes, pero añaden que tampoco los había en el caso del retraso de las elecciones vascas y gallegas. Opinan que existe un informe de la Comissió Jurídica Assessora que da el visto bueno al retraso de las urnas en circunstancias como las actuales. Y recuerdan que el decreto que firmó el vicepresidente en funciones de 'president' Pere Aragonès, para convocar las elecciones el 14-F incluye la eventualidad de un retraso.

Con todo, el PSC recuerda que las elecciones no las ha convocado un 'president' de forma ordinaria, sino que son fruto de la inhabilitación del 'expresident' Quim Torra, por lo que el 'president' en funciones no puede disolver el Parlament. Los socialistas consideran que si no puede disolver, tampoco puede fijar otra cita con las urnas distinta a la que esta vez ha sido fruto de un automatismo: la falta de candidato alternativo a Torra con mayoría suficiente.

"Falta de previsión legal"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una entrevista en La 2, habló de "falta de previsión legal" y recomendó "mucha cautela". Pocas horas más tarde, la 'consellera' y portavoz del Govern, Meritxell Budó, respondía que es "viable y legal" mover la fecha de los comicios. En cualquier caso, declaraciones al margen, en Junts están convencidos de que la posición del PSC, contraria al aplazamiento, se mantendrá este viernes en la reunión de partidos pero no se traducirá en un recurso ante los tribunales.

Algo que fuentes de los socialistas catalanes no descartan pero que Junts confía en sortear. En cualquier caso, la formación independentista asegura que si el Gobierno y el PSC fuerzan en los tribunales a mantener el 14-F, esta decisión favorecería electoralmente al independentismo, que podría volver a enarbolar la bandera del centralismo y la falta de autonomía de la Generalitat para fijar los comicios en Catalunya.

Los partidos de la oposición esperan expectantes que el Govern llegue a la reunión de este viernes con una propuesta "clara" antes de pedir la opinión de las formaciones: "Nosotros no somos los expertos, quién tiene que pronunciarse es la 'consellera' de Salut y el ministro de Sanidad", apuntan, pero desde Salut pasan la pelota a los partidos: "No nos corresponde a nosotros decidir, tienen que ser los partidos. Nosotros ofrecemos la información máxima responsabilidad", espetó la titular Alba Vergés. Según el informe remitido a los partidos, el 14 de febrero se estima un impacto de entre 3.000 y 4.000 positivos por covid al día y entre 620 y 750 pacientes en las ucis si las restricciones decretadas hacen su efecto.

Borràs y Canadell

Según el Govern, estas cifras hacen evidente la necesidad de posponer las urnas pese a que no se dan los dos escenarios previstos: un confinamiento total o una restricción absoluta de la actividad social. Por una vez, y en cuanto a la necesidad de aplazar los comicios, las dos trincheras del Govern han coincidido. No así la candidata del Govern, Laura Borràs, e incluso su polémico número dos, Joan Canadell, quien defendieron (el presidente de la Cambra de Comerç mediante un tuit que después borró) la conveniencia de acudir a las urnas el 14-F.

Más allá de las dos fuerzas en el Govern y del PSC, Cs, 'comuns' y la CUP son abiertamente partidarios de votar más adelante y el PPC y el PDECat, si bien preferirían hacerlo según lo previsto, no se opondrán a lo que decida el Govern.

Suscríbete para seguir leyendo