El otro 'procés' pendiente

En pleno proceso soberanista, Artur Mas llevó a la Moncloa un documento con 23 reclamaciones económicas y competenciales. Su sucesor en la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, trasladó 46 puntos al presidente Mariano Rajoy. Esta vez, Quim Torra, encara la reunión con Pedro Sánchez centrado en sus objetivos independentistas, pero existe una cartera de asuntos pendientes que podría aflorar durante el encuentro. La Moncloa no espera grandes avances en el encuentro, pero quiere ir más allá de la autodeterminación y allanar el camino para el diálogo sobre asuntos a corto y medio plazo. 

Financiación

El actual modelo está caducado desde el 2014. Torra no quiere entrar en la lógica autonomista de negociar mejoras económicas en un marco estatal, pero lo cierto es que el Govern reivindica una flexibilización de los objetivos de déficit. Y publica las llamadas balanzas fiscales (la diferencia entre lo que aporta la Generalitat en impuestos y recibe a cambio del Estado en forma de inversiones), mientras el Estado no hace lo propio tras cambiar la metodología en período del ministro Cristóbal Montoro. Los últimos datos de la Generalitat sobre las balanzas indican que el déficit fiscal superó en el 2015 y el 2016 los 16.800 millones de euros. Esta cifra supuso el 7,9% y el 8,2% del producto interior bruto (PIB) respectivamente. 

Infraestructuras

Es la otra gran reivindicación, con cuestiones como Cercanías como epicentro del malestar de gobiernos de distinto signo. En septiembre del 2018, el Ministerio de Hacienda llegó a un principio de acuerdo con la Generalitat para saldar en un plazo de cuatro años 1.459 millones de euros correspondientes a compromisos del Estado pendientes de pago a Catalunya arrastrados desde hace 10 años. La cantidad de 1.459 millones incluía 759 millones de inversiones pendientes en Catalunya por no haber aplicado la disposición adicional tercera del Estatut en el 2008 (sobre infraestructuras) y otros 700 millones para asumir compromisos antiguos de financiación del cuerpo de Mossos de d’Esquadra. La falta de Presupuestos del Estado ha impedido hacer realidad este acuerdo.

Dependencia

La Generalitat calcula "impagos millonarios" del Estado, ya que ambas administraciones deberían hacer la misma aportación al cuidado de ancianos y personas con discapacidad. Según datos de la Conselleria d’Afers Socials, el año pasado el Gobierno central invirtió siete veces menos que el Govern para pagar a residencias, centros de día o cuidadores en Catalunya, precisamente la comunidad con más personas en lista de espera para una residencia. El sector pide una inversión de 300 millones de euros para la viabilidad del sistema. El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se ha comprometido a mejorar el sistema de dependencia para reducir sus listas de espera a lo largo de la legislatura en "al menos un 75%".

Menores no acompañados

La Generalitat afirma que Catalunya acoge el 60% de los niños y adolescentes migrantes que llegan a España sin adultos que se hagan cargo de ellos, aunque solo recibió el 5% de los fondos estatales para que se habilitaran extraordinariamente para financiar los servicios de tutela. El Govern pide más fondos, y que se aceleren los trámites para la documentación de los menores. Oficialmente, Afers Socials no es partidario de repartir los jóvenes por todo el territorio español, como propone el Gobierno de Sánchez. El Estado se hará cargo, en primera instancia, de la acogida de los menores que migran solos a España, los conocidos como menas. Es el compromiso que ha adoptado el Gobierno central, según se reveló el pasado diciembre.

Catalán y castellano en las aulas

Gobierno central y Generalitat están de acuerdo en que la LOMCE, la polémica ley educativa del PP, debe derogarse cuanto antes. Cuando se materialice, Catalunya recuperará, entre otras cosas, competencias para ampliar los contenidos autonómicos de los temarios escolares. También se se eliminarán las ayudas de 6.000 euros previstas por el que fuera ministro de Educación José Ignacio Wert para que las familias que quieran escolarizar a sus hijos en lengua castellana puedan hacerlo en un colegio privado con financiación pública. Más difícil será encontrar el consenso sobre la necesidad de blindar (o no) la inmersión lingüística en las escuelas catalanas, sobre todo después de que algunos sectores del PSC hayan mostrado en alguna ocasión sus dudas respecto a la aplicación de este modelo de enseñanza.