El TC tumba los 6.000 euros de Wert para estudiar en castellano en Catalunya

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado este martes un serio revés a la política lingüística del PP en materia educativa. Mientras los técnicos del Ministerio de Educación, siguiendo las instrucciones de su actual titular, Íñigo Méndez de Vigo, continúan dándole vueltas a cómo introducir el castellano como lengua vehicular en un sistema escolar en el que la inmersión lingüística en lengua catalana funciona desde hace más de 30 años, el TC ha anulado la ayuda de 6.000 euros creada por el exministro José Ignacio Wert para las familias catalanas que quisieran escolarizar a sus hijos en castellano. Era a una de las medidas más controvertidas de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la polémica LOMCE.

Este cheque ideado por Wert, cuyo importe pagaría inicialmente el ministerio pero que luego iba a ser detraído de las transferencias que el Estado realiza hacia la Generalitat, estaba ya paralizado desde hace unos meses por orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordenó que no se hicieran efectivas las ayudas mientras no se resolviera el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat.

Desde su implantación en el curso 2014-2015, un total de 154 estudiantes han solicitado al ministerio esos 6.000 euros, pero solo 50 peticiones han sido estimadas favorablemente, según datos de Ensenyament, que asegura que en todo este tiempo no se les ha detraído ningún importe de las transferencias del Estado. En estos tres años, además, el Gobierno ha ido reduciendo el presupuesto para aplicar dicha disposición: comenzó con cinco millones en el 2015; pasó a un millón en el 2016 y en los Presupuestos del 2017 fue ya de 500.000 euros.

El rol de la Alta Inspección del Estado

En concreto, la sentencia del TC hecha pública este martes considera que "el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma". La designación de colegio para los estudiantes de etapas obligatorias que solicitaran el castellano como lengua vehicular tenía que hacerla la Alta Inspección del Estado, un organismo que depende del Ministerio de Educación, ajeno a la Generalitat. Pero se da la circunstancia de que es esta la que tiene la competencia en materia de asignación de plazas escolares.

El PP, que en su batalla contra la ley de educación de Catalunya (LEC) del 2009 no había cuestionado el modelo de inmersión lingüística (aunque sí otros capítulos de esa normativa), hizo suya, con la LOMCE, la reivindicación de la libre elección de las familias que quisieran que sus hijos estudiaran en castellano, un frente político hasta entonces liderado por Ciudadanos.

"Un problema que no existe"

El problema con que se encontró Wert, y ahora se está encontrando Méndez de Vigo, es que en Catalunya solo un puñado de escuelas, casi todas ellas de élite (de ahí que fueran necesarios 6.000 euros para pagar la matrícula), ofrecen clases impartidas en lengua castellana. "Querían demostrar además que la Generalitat no actuaba correctamente para resolver un hipotético problema lingüístico y acabaron dándose cuenta de que en realidad ese problema no existe", ha declarado a este diario Irene Rigau, la 'exconsellera' de Ensenyament que promovió el recurso ante el TC.

El Ministerio de Educación, ha dicho el ministro Méndez de Vigo nada más conocer la sentencia, tomará buena nota del contenido del fallo. "No esperábamos que el Tribunal Constitucional se pronunciara este martes y lo que dice la sentencia lo tenemos que llevar a nuestros estudios y reflexiones", ha afirmado el ministro. En todo caso, ha agregado Wert, en declaraciones a la agencia Efe, lo que se declara inconstitucional es "un procedimiento". El fallo, en opinión de Wert, "no pone en cuestión en absoluto el fundamento jurídico y la constitucionalidad del derecho a tener una oferta razonable en castellano con fondos públicos", ha zanjado.