SEGÚN LAS NORMAS VIGENTES
La jueza decana de Barcelona rechaza readjudicar el caso del 1-O porque su reparto fue "aleatorio"
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
La jueza decana de Barcelona, Mercè Caso, ha rechazado adjudicar a otro magistrado la causa sobre los preparativos del 1-O, como pidió el abogado de varios imputados, porque recayó de forma "aleatoria" en el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, con un sistema informático ejecutado por la Generalitat. La junta de jueces de instrucción de la capital catalana, por su parte, esmienten que se haya cometido una irregularidad en la distribución del asunto.
En un escrito, la jueza decana desestima así la petición que planteó el abogado Ramon Setó, que pidió la nulidad de la causa del 1-O al considerar que fue adjudicada de forma irregular al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por su "obsesión" con el proceso independentista.
En un escrito, la jueza decana resalta que la adjudicación de esta causa al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona se hizo de forma "aleatoria" y de acuerdo con las normas de reparto vigentes en el momento de la interposición de la denuncia, en el 2017.
Sistema "que no se puede manipular"
Según detalla el escrito, el reparto aleatorio es un sistema informático ejecutado por los servicios técnicos de Justícia de la Generalitat, "que no se puede manipular" desde el decanato y que solo puede introducir cambios por petición expresa de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
El control técnico de este sistema, insiste Caso, no recae en el poder judicial, sino en la administración prestacional, en referencia a la Generalitat.
En el escrito, dirigido tanto al abogado -que pidió al decanato que readjudicara de nuevo la causa- como al juez -a quien la defensa solicitó la nulidad de todo el procedimiento-, la decana remarca que en julio del 2010 la sala de gobierno del TSJC aprobó modificar las normas de reparto y establecer que se efectuarían sin exclusión alguna de los juzgados de guardia entrantes y salientes.
En abogado Ramon Setó advirtió de que se había efectuado una adjudicación a dedo de este procedimiento porque el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona entraba de guardia justo después de la recepción de la denuncia, interpuesta el 27 de enero del 2017 y que seguía vigente la exclusión de los jueces entrantes y salientes.
La junta de jueces
La junta de jueces de instrucción de Barcelona, por su marte, ha desmentido en un comunicado que se haya cometido irregularidad alguna y recuerda que en el 2010 aprobó la eliminación de la exención de reparto de los juzgados de guardia, como hasta entonces se establecía. El sistema informático que se encarga de distribuir los asuntos fue modificado para la ejecución de este acuerdo.
"La mentamos profundamente los juicios falsos vertidos sobre nuestro compañero fallecido Juan Antonio Ramírez (que fue el primer instructor del proceso) quien fue un ejemplo de honestidad, compromiso con su función u profesionalidad y que actuó en todo momento con elevados valores éticos" y respeto a los derechos fundamentales, señala el comunciado de los jueces de la capital catalana. También reprueban las declaraciones realizadas por la exjuez decana Maria José Feliu, sobre esta polémica.
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