Un imputado por el 1-O pide anular la causa por su asignación a un juez de forma "irregular"

Un imputado en la causa abierta en Barcelona por el 1-O ha pedido anular el procedimiento al considerar que está viciado de origen porque se adjudicó de forma "irregular" al titular del juzgado de instrucción número 13 por su "obsesión" con el 'procés'. Así lo sostiene el investigado, un exalto cargo del Govern en la etapa de Carles Puigdemont, en un escrito al que ha tenido acceso Efe y que su abogado presentará este martes.

El documento entrará en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, dirigido por Alejandra Gil Lima tras la muerte, en noviembre pasado, de Juan Antonio Ramírez Sunyer. El imputado considera que hubo una "vulneración flagrante" de las normas de reparto por parte del poder judicial para adjudicar el caso de forma "irregular" a Ramírez Sunyer, debido a su "sesgo ideológico" y a su "obsesión con la situación de Catalunya y España".

"Todas las actuaciones se encuentran viciadas de nulidad desde el inicio como consecuencia de la irregularidad del reparto de la denuncia", advierte el escrito, que apunta que el entonces titular del juzgado mantenía una "afinidad ideológica" con el denunciante y con los "intereses del Estado", por lo que la instrucción ha adolecido de una "falta de imparcialidad subjetiva y objetiva".

Tras un mes de gestiones infructuosas ante los juzgados, el abogado del imputado logró que el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) le facilitase en diciembre pasado una copia de las normas de reparto en la capital catalana. Según detalla, estas establecen que no se pueden adjudicar diligencias sin detenidos a un juez que haya entrado o salido de la guardia en las 72 horas previas, para evitar que se pueda elegir al juez.

En el caso que propició la investigación sobre el 1-O, el abogado Miguel Duran interpuso el 27 de enero del 2017 una denuncia contra el exsenador de ERC Santi Vidal por sus conferencias -en las que afirmó que el Govern tenía una partida "camuflada" de 400 millones para el referéndum- y el juez de guardia, el de instrucción 9, la remitió al decanato para su reparto, en aplicación de la mencionada regla relativa a las 72 horas previas.

Se da el caso de que, según el escrito, el 28 de enero del 2017 estaba de guardia el juzgado 13, por lo que el recurso sostiene que, en una "aplicación correcta" de las normas de reparto, las diligencias "nunca podrían" haber recaído en Ramírez Sunyer.

"Indefensión" de los procesados

Por este motivo, el abogado pide la nulidad de la causa -en la que las investigaciones de la Guardia Civil han nutrido también al procedimiento abierto en el Tribunal Supremo contra la cúpula del 'procés'-, alegando que se ha vulnerado el derecho al juez imparcial y predeterminado, lo que "ha creado, y sigue creando, una manifiesta indefensión" a los imputados.

Según el escrito, las "dudas" sobre la "imparcialidad" de Ramírez Sunyer son "numerosas", por hechos como que en mayo del 2017, cuando ya llevaba el caso, se tenía que jubilar y se le prorrogó su servicio en activo hasta los 72 años, pese a que ya estaba enfermo "y se podía dudar de que llevara a cabo toda la instrucción". "El fallecido juez instructor, pese a sufrir una grave enfermedad, se dedicó en exclusiva a una causa tan compleja y, además, prorrogó su jubilación hasta los 72 años", detalla.

El escrito insiste en que la "obsesión" del juez en relación al proceso independentista era "tan patente" que incluso un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José María Macías Castaño, publicó un artículo en que, refiriéndose a Ramírez Sunyer, destacaba: "Siempre se negó [a dejar el juzgado], obsesionado con culminar una investigación en la que tanto se juegan Catalunya y España".