La querella fiscal contra Puigdemont incluirá a "todos" los que han participado en la declaración de independencia

La Fiscalía General del Estado tiene algo muy claro: tras la declaración unilateral de independencia de Catalunya, actuará con todas las consecuencias contra todos sus responsables. De hecho lleva semanas trabajando en una querella por rebelión contra el presidente de la Generalitat,rebelión Carles Puigdemont, que finalmente interpondrá el próximo lunes. Pero el 'president' no será el único que comparecerá ante los tribunales, también le acompañarán los miembros el Govern y los de la mesa del Parlament que han permitido su votación.

Este viernes la fiscalía hizo pública una escueta nota en la que esperaba no "que tener que ejercer acciones", pero añadía que una vez "llegado el momento, se ejercerán contra todos quienes hayan participado en los hechos". Para ello deberá valorar la actuación de cada uno de los protagonistas de la jornada, determinar si es constitutiva de delito y "concretar la imputación" que le corresponde. El abanico que se abre pasa por rebelión y sedición, pero también desobediencia, prevaricación y malversación. Además, se puede ser autor de un delito o cooperador necesario para su comisión. 

Fuentes fiscales señalaron que el ministerio público interpondrá la querella anunciada en cuanto sea completada con todo lo que ocurra a lo largo de este viernes y se puedan concretar todos esos aspectos, por lo que no se formalizará hasta el lunes.

La genérica afirmación sirve incluso para pensar que el fiscal también actuará contra los firmantes de la propuesta de constitución de una república catalana, "como un estado independiente y de derecho", que el Parlament votó en secreto, para evitar que quedara constancia de cómo se pronunciaban los diputados catalanes y así conjurar posibles consecuencias legales. La habían rubricado Lluís Corominas y Marta Rovira, presidente y portavoz del grupo parlamentario de Junts pel Sí, y Mireia Boya y Anna Gabriel, sus homólogas en el de la CUP.

Con efectos en toda España

Las fuentes consultadas dan por consumada la sedición y consideran que existiría una rebelión "de libro", si se declara la independencia. El artículo 472 del Código Penal castiga con hasta 30 años de cárcel a los que "se alzaren violenta y públicamente" para derogar, suspender o modificar la Constitución; destituir al Rey, o declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Cualquiera de estas tres vías parecen atribuibles a una declaración de una república catalana.

Al tratarse de ser un delito de resultado, se considera que sus efectos se extienden a toda España, por sus consecuencias económicas y por lo que supone para la organización del Estado, pero también porque se cree que parte de los actos preparatorios se realizaron en Francia. Todo ello conducía a que el competente para encargarse de la causa fuera el Tribunal Supremo, dado el fuero que gozan los diputados, hasta que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decidió disolver el Parlament para convocar elecciones, lo que ha abierto la puerta a la Audiencia Nacional. Solo mantendrían el fuero los miembros de la cámara que formen parte de la diputación permanente, como su presidenta, Carme Forcadell. 

El requisito de violencia necesario para que se dé este delito se entiende ya cumplido, incluso, únicamente con la "coactiva" vivida el pasado 20 de septiembre en las concentraciones que obstaculizaron la labor de la comisión judicial enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona a realizar 14 arrestos y más de 40 registros. Lo que pasó entonces, capitaneado por la ANC y Òmnium, forma parte de un plan preconcebido encaminado a lograr la independencia, según el último informe de la Guardia Civil aportado en la Audiencia Nacional, que incluye, además, lo ocurrido hasta el 1-O.