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EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

JxSí y la CUP proponen declarar a Catalunya como estado independiente

La resolución insta al Govern a desplegar la ley de transitoriedad jurídica

Fidel Masreal / Xabi Barrena

El diputado de JxSí, Roger Torrent, muestra unos documentos a los parlamentarios de la CUP Albert Botran y Carles Riera.

El diputado de JxSí, Roger Torrent, muestra unos documentos a los parlamentarios de la CUP Albert Botran y Carles Riera. / ALBERT BERTRAN

Documento

Texto de la resolución de Junts pel Sí y CUP sobre la DUI

Texto de la resolución de Junts pel Sí y CUP sobre la DUI

"Asumimos en mandato del pueblo de Catalunya expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Catalunya se convierte en un estado independiente en forma de república". Esta es la propuesta de resolución conjunta que Junts pel Sí y la CUP han registrado este viernes en el Parlament. No obstante, según fuentes de ambos grupos, esta declaración no se votará porque forma parte del preámbulo del texto y no de la parte dispositiva.

Pese a ello, en esa parte dispositiva JxSí y la CUP instan al Govern a "dictar todas las resoluciones necesarias para el despliegue de la ley de transitoriedad jurídica y funcacional de la república", anulada por el Tribunal Constitucional y que solo preveía entrar en vigor una vez proclamada la independencia.

La resolución reproduce íntegramente la "declaración de los representantes de Catalunya" que Junts pel Sí y la CUP suscribieron el pasado 10 de octubre, tras la suspensión de la DUI por parte del 'president' Carles Puigdemont. Pero ambos grupos han incluido un último epígrafe para declarar la independencia de Catalunya. Otro de los puntos del preámbulo reza así: "Constituimos la república catalana como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".

Fuentes de Junts pel Sí han argumentado que la declaración de independencia "ya la votaron los ciudadanos" el pasado 1 de octubre, por lo que la parte de la resolución que se vota simplemente despliega los "efectos" de esa declaración.

Nuevo legalidad catalana

Entre los puntos de la resolución que sí se votan, el Parlament insta al Govern a aprobar todos los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica -que crea un nuevo marco legal catalán-, empezando por la "expedición a la ciudadanía" de los documentos de identidad catalanes.

Se propone impulsar un "tratado de doble nacionalidad" con el Gobierno de España, promover "ante todos los estados e instituciones el reconocimiento de la república catalana" y establecer el "régimen de integración en la administración de la Generalitat" de todos los funcionarios -salvo que renuncien a ello- que hasta ahora prestaban sus servicios en la administración general del Estado en Cataluña.

Se insta a adoptar las medidas necesarias para el "ejercicio de la autoridad fiscal, de la seguridad social, aduanera y catastral" y para la creación de un "banco público de desarrollo al servicio de la economía productiva", así como de un "Banc de Catalunya, con las funciones de banco central".

Negociar con España

La resolución también plantea "abrir un periodo de negociaciones con el Estado español" para abordar la "sucesión del estado catalán mediante un acuerdo, en derechos y obligaciones de carácter económico y financiero". Asimismo, llama a "elaborar un inventario de bienes de titularidad del Estado español, radicados en el territorio nacional de Catalunya, a fin de hacer efectiva la sucesión en su titularidad", y a "elaborar una propuesta de reparto de activos y pasivos entre el reino de España y la república de Catalunya".

Por otra parte, el texto pide al Parlament abrir una "comisión de investigación para determinar las responsabilidades" del Gobierno central "en la comisión de delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, individuales y colectivos" para evitar que el 1-O se celebrara el referéndum. Esta comisión estaría formada por diputados y expertos, personal de la Oficina Antifrau, de la Sindicatura de Greuges y de la abogacía catalana, además de representantes de organizaciones internacionales.

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