ERC reprocha a CiU su afán por salvar a las concesionarias de autopistas

Todo parece indicar que los presupuestos del Estado para el 2011 incorporarán una enmienda pactada entre el PSOE, el PP y CiU que salvará de la quiebra a varias concesionarias de autopistas de peaje del extrarradio de Madrid. Empresas como Ferrovial, Abertis y ACS tienen pérdidas económicas por el escaso tráfico que circula por esas vías, y la enmienda plantea que el Estado aporte recursos para compensar ese déficit. ERC puso ayer el grito en el cielo porque tal idea partió de CiU, a la que acusan de tener las «manos atadas» por las concesionarias y buscar su beneficio, incluso a costa de reflotar infraestructuras de fuera de Catalunya.

El candidato de los republicanos, Joan Puigcercós, exigió a los nacionalistas que expliquen «a qué intereses obedece» la enmienda y por qué defiende la financiación de un modelo de autopistas radial, «perjudicial para Catalunya». Pero, al lanzar su reproche a CiU, el líder de Esquerra sacó a colación elcaso Millet,insinuando algún tipo de relación entre la enmienda y las irregularidades del Palau de la Música.

«Puede que tengamos que pedir a Artur Mas que, tras el escándalo del Palau, explique por qué CiU hace una enmienda a los presupuestos que no va a favor de Catalunya y cuya única intención es beneficiar a unas concesionarias», dijo. Ferrovial está señalada por el fiscal como presunta pagadora de comisiones a CDC por adjudicaciones de obra pública.

SECTOR PUNTERO / Naturalmente, los nacionalistas rechazan todas esas interpretaciones y justifican la enmienda en la necesidad de evitar el fiasco de un sector puntero en el mundo. Otra de las empresas que se beneficiaría de la compensación estatal, la ACS de Florentino Pérez, siempre ha tenido una gran relación con CiU. Y una tercera compañía, Abertis, está presidida por Salvador Alemany, nombre que sonó como posibleconsellerde Mas.

CiU propone que las concesionarias ingresen la diferencia entre la facturación real y el 80% de la prevista cuando se adjudicó la vía. Cada cinco años, el Estado les pagaría esa compensación con intereses. Si, por el contrario, el tráfico es superior al previsto, las empresas solo deberían retornar la mitad de la diferencia.