El Parlament abre un expediente disciplinario a la exsecretaria general por la plaza de su hijo como ujier

El Parlament ha decidido abrir un expediente disciplinario a su exsecretaria general Esther Andreu por no haberse abstenido en el concurso de plazas de ujieres en el que fue nombrado su hijo. Así lo ha validado la Mesa de la institución a partir de las actuaciones informativas que han hecho los servicios jurídicos después del informe de la Oficina Antifrau de Catalunya del pasado mes de octubre, que señaló que debía revisarse el procedimiento por un posible conflicto de intereses por no haber informado de que un familiar de primer grado concurría para obtener la plaza. De hecho, fue a partir de que trascendiera esta polémica que Andreu, que fue designada por Laura Borràs como máxima responsable de la administración parlamentaria, anunció su dimisión a finales de mayo de 2022.

Resolución en seis meses

El expediente debe resolverse en un plazo de seis meses y fuentes de la Mesa insisten en que su incoación no implica que se vulnere la presunción de inocencia, que continúa trabajando para la institución. Los juristas han llegado a la conclusión de que incluso en el caso de no detectarse "intencionalidad de influir" en el concurso de ujieres, el hecho de no abstenerse al presentarse su hijo y nombrarlo es motivo suficiente para abrir el expediente, que irá a cargo del actual secretario general del Parlament, Albert Capelleras. Desde la dimisión de Andreu, pasó un año y medio hasta que se pudo poner fin a la interinidad de este cargo ya con Anna Erra como presidenta en substitución de Borràs.

Antifrau pidió que se revisara el procedimiento para otorgar la plaza de ujier al hijo de Andreu y que la institución aclare si tomó medidas contra la exsecretaria general tras conocer la situación. Lo hizo dentro de un informe en el que detectó hasta una decena de prácticas "irregulares" en la institución tras recibir una denuncia anónima. A partir de ese documento, el Parlament se comprometió a dar respuesta a cada una de las peticiones del organismo y encargó al secretario general un informe "sobre el contenido y alcance" de esta resolución.

Una de las primeras decisiones que tomó la Cámara fue dejar en suspenso las primas de jubilación y los premios de vinculación a los que tenían derecho los trabajadores de la institución y que Antifrau consideró que no tenían suficiente "encaje normativo", además de urgir a la revisión de los pagos.