Deterioro político en la UE

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, y el primer ministro Donald Tusk

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, y el primer ministro Donald Tusk / Aleksandra Szmigiel

Eliseo Oliveras

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A cinco meses de las cruciales elecciones europeas del 9 de junio, el clima político se está deteriorando en la Unión Europea (UE). Una polarización cada vez mayor se ha adueñado del debate político, el 'trumpismo' más desacomplejado está arraigando en Europa, los contrapesos democráticos se debilitan y ha resurgido un peligroso matonismo político callejero.

Polonia ejemplifica lo difícil que resulta desmantelar el control ultra sobre las estructuras del Estado después de que el Gobierno de coalición (popular, socialdemócrata, liberal) de Donald Tusk desalojara en diciembre al ultraderechista Ley y Justicia (PiS), que gobernaba desde 2015. La reforma de los medios de comunicación públicos, que el PiS convirtió en maquinas de propaganda, está siendo saboteada por el aparato judicial controlado por afines al antiguo Gobierno.

La situación es tan tensa que esta semana la policía tuvo que ir a detener al exministro de Interior Mariusz Kaminski y a su exviceministro Maciej Wasik, al palacio presidencial, donde se habían refugiado por invitación del presidente de la República, Andrzej Duda (PiS). Ambos fueron condenados en diciembre en última instancia a dos años de prisión por haber montado un falso caso de corrupción contra un rival político en 2007, en otra etapa de Gobierno del PiS.

Indulto anulado

El Supremo consideró nulo el indulto de 2015 para que pudieran ser ministro y viceministro, porque entonces aún no había una sentencia definitiva. Duda ha anunciado que volverá a indultarlos y movilizó a 35.000 personas contra Tusk, al que el PiS acusa de "destruir la democracia". Esta acusación es similar a las del PP y Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con la diferencia de que Tusk pertenece al Partido Popular Europeo.

España es uno de los países de la UE donde la polarización política es más extrema debido a la frustración del PP y Vox por no haber logrado los votos y escaños para gobernar. A la agresividad verbal, demagogia y falsedades de la oposición, se han sumado la violencia contra las sedes del PSOE, el apaleamiento y ahorcamiento de un muñeco representando al presidente del Gobierno, la evocación de "colgar por los pies" a Pedro Sánchez realizada por el líder de Vox, Santiago Abascal, y los alardes ultras por las calles.

En Italia, desde que la ultra Giorgia Meloni se convirtió en primera ministra en 2022 se están normalizando los actos con barniz fascista. El último fue el 7 de enero en Roma, donde cientos de personas vestidas de negro como en el periodo mussoliniano realizaron la ceremonia del saludo fascista en presencia de diferentes autoridades. Pero más grave que la tolerancia hacia simbologías fascistas, es la reforma constitucional y electoral emprendida por Meloni.

Reforma laboral en Grecia

Si es aprobada, desvirtuará los resultados electorales al otorgar de forma artificial una mayoría absoluta parlamentaria del 55% al partido o coalición más votado, aunque no haya llegado al 30% de los votos, y permitirá a Meloni perpetuarse en el poder. En Grecia, una ley parecida regaló al primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, la mayoría absoluta parlamentaria, con 50 escaños adicionales al voto ciudadano, que usó para aprobar una reforma laboral extrema.

En Francia, la pérdida de la mayoría parlamentaria por parte del presidente Emmanuel Macron ha conducido a abusos autoritarios, como recurrir 22 veces en 20 meses al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar por decreto leyes y reformas cuando se carecía de los votos parlamentarios. El Gobierno incluso sometió a votación la ley de inmigración en la Asamblea Nacional a sabiendas de que una serie de sus artículos eran inconstitucionales, como reconocieron Macron y la entonces primera ministra Elisabeth Borne. El presidente del Consejo Constitucional, Laurent Faibus, recriminó esta semana a Macron que no se puede presentar a votación una ley que se sabe de antemano que contiene disipaciones contrarias a la Constitución, ya que pone en peligro la democracia.

En Alemania, el hundimiento del Gobierno socialdemócrata, verde y liberal a causa de su caótica e impopular gestión ha disparado la expectativa de voto de la ultra Alternativa por Alemania (AfD) al 23%, 8 puntos por encima los socialdemócratas, 10 más que los verdes y 18 más que los liberales. En lugar de responder al descontento ciudadano que alimenta el voto ultra, desde la cúpula socialdemócrata se ha reabierto el debate sobre ilegalizar a AfD, que ya aparece como primer partido en los estados orientales con una intención de voto del 32%-36%

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