Un plan para expulsar a millones de extranjeros compromete a la ultraderecha alemana

¿Se puede ilegalizar en Alemania un partido con propósitos claramente tóxicos y anticonstitucionales, incluida la derogación del orden democrático? La respuesta es sí, aunque los requisitos para lograrlo son muy estrictos y el precio político, en caso de fracaso, muy alto. Así se demostró en 2017, cuando tras años de debates y complejos procesos, el Tribunal Constitucional decidió no ilegalizar el Partido Nacional Democrático (NPD), por entonces el principal aglutinante de neonazis del país. La corte estimó que, pese a sus objetivos, no tenía capacidad para socavar el orden constitucional. El NPD tenía por entonces 6.000 militantes y ningún escaño a escala nacional o en las cámaras regionales.

La pregunta en torno a una eventual ilegalización alcanza ahora a Alternativa para Alemania (AfD), con 78 escaños en el Bundestag (Parlamento) y representación en 14 de los 16 estados federados, además de ocupar el segundo puesto en intención de voto a escala nacional, solo superado por el bloque de la oposición conservadora. El partido está bajo observación de los servicios secretos de Interior en tres de sus bastiones del este alemán, donde se le califica de claramente extremista.

Unas revelaciones del medio periodístico de investigación Correctiv ha brindado ahora nuevos argumentos a los partidarios de la ilegalización. En un amplio reportaje se describe con todo lujo de detalles y cierto aire de película de suspense una reunión conspirativa en una villa de Potsdam, ciudad vecina a Berlín, entre radicales alemanes y austríacos. En ella participaron al menos un exdiputado de la AfD, Roland Hartwig, ahora asesor de la líder del partido, Alice Weidel, así como el jefe del movimiento identitario austríaco IBÖ, Martin Sellner, entre otros neonazis y algún empresario. También acudieron algunos miembros de la llamada Unión de Valores, una corriente interna de la oposición conservadora que predica el acercamiento a la AfD.

Dos millones de expulsiones

En la reunión se abordó un plan de "remigración", consistente en la expulsión en dirección a África de dos millones de personas, entre solicitantes de asilo, otros extranjeros e incluso personas con ciudadanía alemana pero consideradas "no integradas" en su sociedad.

A esas informaciones han seguido un cúmulo de condenas del conjunto del espectro parlamentario, así como sucesivas declaraciones de la dirección de la AfD distanciándose del encuentro o explicando que no eran ellos los convocantes. No han desmentido, sin embargo, la asistencia ni del asesor de Weidel ni de otros cargos regionales del partido, cuyos nombres constan en el listado publicado por Correctiv.

AfD es una formación en auge que según los sondeos podría convertirse en primera fuerza en las regionales que se celebrarán en otoño en el este del país. De momento la comprometedora reunión ha animado un debate en torno a la "oportunidad" de iniciar ahora un proceso de ilegalización. La decisión para partidos con estructuras nacionales puede emanar en Alemania del Tribunal Constitucional y debe estar respaldada por una petición procedente del Gobierno o del Parlamento.