Mercadeo de migrantes en el Congreso

De las concesiones que el PSOE hizo a Junts per Catalunya, la más esperpéntica, para un gobierno que se define como progresista, es la del traspaso integral de las competencias de inmigración a la Generalitat. Los motivos para el esperpento son varios: 1. El acuerdo se adopta con un partido que no solo no gobierna en Catalunya sino que está a matar con el que ostenta la presidencia de la Generalitat. 2. La decisión la toma el ministro de la Presidencia (en contacto con Pedro Sánchez, suponemos) sin que estén al loro sus colegas de Interior y Inclusión. 3. Lo mismo con ERC, el socio independentista más fiable del PSOE, a quien Bolaños ha tenido que llamar, al día siguiente, para calmar los ánimos. 4. Se acordó el traspaso con Carles Puigdemont, que propuso a Quim Torra como presidente de la Generalitat. En palabras de Pedro Sánchez: "el Le Pen de la política española". 5. ¿Tuvo tiempo y tiento suficiente el negociador socialista para concretar cómo será la ley orgánica necesaria para delegar competencias que son de la Constitución? Todos pudimos ver que el asunto se sustanciaba a través del móvil, durante el 'tie-break'. 6. ¿Sabe el PSOE cómo va a tomarse el acuerdo la Comisión Europea en tiempos en los que la inmigración enciende todas las alarmas en Bruselas?

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Hasta aquí, el esperpento. Ahora el fondo de la cuestión. El silencio del PSOE al día siguiente del acuerdo –que ha opacado buena parte de los avances sociales de los decretos aprobados– contrasta con la euforia de Junts. ¿Cómo no? Jordi Turull se ha referido a expulsar migrantes ilegales, y Míriam Nogueras se ha permitido risas al hablar de permisos de residencia, fronteras, flujos y lengua catalana. ¡Ya somos un Estado! ¿Qué va a responder el PSOE? Dudo que, en este caso, pueda hacer como hizo con la condonación de la deuda: decir que la ley será para todas las comunidades autónomas. ¿Alguien se imagina una política migratoria en la que cada comunidad decidiera el cuándo, el por qué y el cómo de las expulsiones? ¿De los inmigrantes llegados a sus fronteras (pocos llegan a las costas catalanas, o al aeropuerto de El Prat), o de los que llegan a Canarias y Andalucía, y son reubicados con cupos que requieren visión de conjunto y solidaridad? ¿Qué dirá Pedro Sánchez si Junts gana unas próximas elecciones catalanas (el tema da votos en toda Europa) y aplica a los inmigrantes residentes en Catalunya las recetas xenófobas de Silvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll?

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El disparate es de tal magnitud que solo cabe esperar que todo haya sido un paripé, por ambas partes. Puigdemont: me lo das y lo utilizo para las próximas elecciones, aunque sé muy bien que va a quedar en nada. (¿Cómo no lo va a saber, llevando seis años en Bruselas?). Sánchez: te lo doy, pero no te hagas ilusiones, te lo quitaré cuando hablemos de la ley orgánica. Si es así, el daño para la política migratoria será menor. ¿Pero, y el daño a la credibilidad de la política? Por no hablar del trato a los inmigrantes, que habrán servido de moneda de cambio.  

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