La deuda y la letra pequeña

En la disyuntiva de pacto de investidura o nuevas elecciones, Pedro Sánchez ha apostado desde las elecciones del 23J por mantener y ampliar (forzado por los resultados) sus alianzas parlamentarias para ser reelegido presidente por el Congreso de los Diputados. Se trata de una opción legítima, acorde con nuestro sistema parlamentario, que debe ser valorada por el contenido de los acuerdos y que, en el caso concreto de las minorías parlamentarias catalanas (ERC y JxCat), exige no confundir un pacto táctico de investidura con un «acuerdo histórico» entre Catalunya y el resto de España para el que faltarían otros muchos participantes. Es la letra pequeña de los acuerdos, y no los grandes relatos, la que debe ser analizada para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones.

Este es el caso, de entrada, del acuerdo de investidura suscrito el jueves entre el PSOE y ERC. Hoy nos detendremos a analizar su anexo segundo, de 5 páginas, de un total de 14, sobre «una mejora significativa de los recursos públicos destinados a la ciudadanía de Catalunya». El acuerdo parte de un diagnóstico compartido: Catalunya, uno de los principales motores económicos de España, ha sufrido una infraejecución de inversiones y algunos aspectos del sistema de financiación, unidos a la carga de la deuda, afectan a su autonomía financiera y a su capacidad para lograr financiación en los mercados.

El pacto, desde esta lógica, no supone un cambio del sistema de financiación, que se deja para una negociación posterior, con dos previsiones estatutarias como antecedente: el principio de ordinalidad -el Estado debe garantizar que los mecanismos de nivelación no alteren la posición de Catalunya en la ordenación de rentas per cápita autonómicas- y la disposición adicional sobre inversión en infraestructuras. Entre tanto, con el fin de sanear la situación financiera de la Generalitat y de facilitar su vuelta a los mercados de deuda, el acuerdo establece «la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico».

La letra del acuerdo, en contra de lo que asumían las primeras críticas desde el PP, luego matizadas, prevé su aplicación en todas las autonomías de régimen común, es decir, excepto el País Vasco y Navarra. No es una reforma del sistema de financiación, que requeriría de un acuerdo de Estado que en las actuales circunstancias se antoja inverosímil, pero beneficiaría también a comunidades muy endeudadas como la valenciana y la andaluza, a diferencia de la madrileña, que lo considera «una miseria». La quita se determinará en función de qué parte del incremento de la deuda obedece al impacto del ciclo económico. Una parte de ese aumento, como constata el acuerdo, fue consecuencia del impacto de la crisis de 2009-2013 en las finanzas autonómicas y de la insuficiente respuesta europea y del Estado a diferencia de lo sucedido estos dos últimos años.

En el caso de Catalunya, con cifras de 2022, la deuda pública ascendía a 84.518 millones de euros, mientras que en 2007 la deuda catalana se situaba en 15.766 millones. Con la condonación parcial que ahora se acuerda, esta operación supondrá la asunción del 20% de la deuda viva por parte del Estado. Hasta aquí, la letra pequeña de un acuerdo que no supone que gana Catalunya en perjuicio de nadie, como se ha dicho, sino que beneficiará a todos los ciudadanos.