El pormenor de los pactos

Este sábado se constituyeron más de 8.000 consistorios españoles, se eligieron a sus alcaldes y quedó confirmada la pérdida de poder local del partido socialista, que pasará a gobernar solo 10 de las capitales de provincia (11 si se confirman los resultados de León), frente a las 30 con las que se ha hecho el Partido Popular. Mientras, siguen a su propio ritmo las negociaciones para conformar los ejecutivos autonómicos, no todos con la precipitación con que se aprestaron a cerrar su acuerdo PP y Vox en la Comunidad Valenciana, y las diputaciones. En 12 de estas capitales, los pactos entre distintos grupos para formar una mayoría de la mitad más uno de los representantes electos han hecho que la lista más votada (las hay socialistas, del PP, de Bildu y de Junts) no se haya hecho con la alcaldía. Todos ellos legítimos, algo cada vez más asumido en la cultura democrática del país aunque haya quien solo señale ilegitimidades cuando es el perjudicado. Como cuando se denuncia lo sucedido en Barcelona y no en Girona. Quien discrepe tiene como alternativa plantear una reforma del sistema electoral, que muy probablemente requeriría de mejoras: aunque difícilmente podrán pasar, en un sistema representativo y proporcional como el que establece la Constitución, por la sacralización de la lista más votada.

En algunos casos los pactos se pueden leer en clave de política general. En otros, en función de dinámicas estrictamente locales. Estas a veces explican mucho más lo que ha ido sucediendo que los análisis a distancia: como, por ejemplo, que tras lo sucedido en la ciudad de Barcelona sigan abiertas las opciones para que los socialistas catalanes gobiernen las diputaciones de Barcelona (con Junts) y de Tarragona y Lleida (con ERC), o las dinámicas de pactos locales en el País Vasco tan contradictorias con el uso que se hizo en campaña del historial de voto en el Congreso de los Diputados de Bildu.

Con todo, es evidente que, tras la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio, muchas decisiones han quedado mediatizadas por la mochila que convenía o no convenía arrastrar camino de esta inesperada convocatoria electoral. Y sobre todo, aún más interferidos por esta lógica han quedado los análisis e interpretaciones de lo sucedido. En este sentido, aunque desde los intereses electorales de Pedro Sánchez convenga poner el foco exclusivamente en ellos, y desde los de Alberto Núñez Feijóo desviar la atención, cabe distinguir entre intensidad y extensión, entre lo cualitativo y lo cuantitativo, en lo que respecta a los pactos consumados entre el Partido Popular y Vox. Es democráticamente inquietante abrir a la extrema derecha las instituciones, normalizar algunos de sus discursos y aún más, si lo consigue, que estos inspiren políticas efectivas en campos donde derechos esenciales pueden verse amenazados. Pero ni dimensionar su presencia más allá de lo constatable (Vox ha pactado con el PP en cerca de un centenar de municipios), ni fiar los resultados en las urnas a la alarma ante su irrupción (magnificar el fenómeno en algunos contextos lo ha hecho crecer, y en todo caso parece que ha conducido a más mayorías absolutas del PP que a movilizaciones en masa desde las izquierdas) tiene por qué dar los resultados esperados. Como tampoco, en general, los pactos a la contra, cuya efectividad quizá merecería algún debate y reflexión.