Ferrovial, ¿cuándo y dónde es la batalla?

El anuncio de la empresa Ferrovial de que traslada su matriz a los Países Bajos ha provocado todo tipo de comentarios. El periodismo atrincherado ha hecho causa del tema. Unos han querido convertirlo en una nueva excusa para dar por amortizado al actual Gobierno. Y desde la Moncloa se ha querido señalar a la empresa, en la línea de algunas declaraciones de los últimos meses sobre empresas o sectores concretos, tan impropias de la tradición socialdemócrata europea. Ante tal excitación hay que tomar distancia y darle a las cosas la importancia que tienen, no la que nos gustaría que tuvieran.

Por parte de Ferrovial se ha alegado la falta de "seguridad jurídica" y su proyecto de salir a bolsa en Estados Unidos. Lo segundo es, en sí mismo una buena noticia. Lo primero, depende. Si habla de la operativa de sus empresas o de la fiscalidad de sus accionistas. En lo que se refiere a las empresas, todo indica que no es el problema. La filial española no ha anunciado que renuncia a su actividad como adjudicataria del Estado, que sería lo propio si pensara que está fallido. Todo indica que estamos hablando de una posible inseguridad para sus accionistas, específicamente en términos impositivos, ya que algunos de ellos tienen actas fiscales levantadas por importes sustanciosos. Ferrovial se ha explicado mal y es lógico que haya quedado al albur del pim pam pum político, lo cual es una irresponsabilidad por todas las partes.

El Gobierno, y los partidos políticos, tampoco han estado muy acertados. Aquí todo el mundo ha olvidado una obviedad: los Países Bajos forman parte, como España, de la UE. Quiere ello decir que no "se ha marchado" ni la "han sacado" sino que se ha trasladado dentro de un mercado común, que en última instancia ya tiene una seguridad jurídica compartida y una fiscalidad armonizada. Olvidar esto es olvidar que los impuestos de Ferrovial alimentarán ahora una sanidad o una educación que pueden utilizar también los ciudadanos españoles como ahora los holandeses lo hacían con los que pagaban en España. Y lo mismo sería aplicable respecto a los fondos europeos. Más esperpéntico es aún el argumentario destilado desde el Gobierno sobre las adjudicaciones que ha obtenido Ferrovial en los últimos años con algunas insinuaciones de trato de favor que en otro país hubieran motivado la actuación de oficio de la Fiscalía.

El resultado de este episodio ha sido un debate un tanto infantilizado. Correlato del que alimentan algunos empresarios que se niegan a pagar impuestos y del que mueven algunos partidos que persiguen a las grandes empresas por el mero hecho de ser grandes, sin evaluar lo que aportan y lo que hacen. España se merece un debate sereno sobre el compromiso de las empresas y sobre una fiscalidad equitativa. Y no esta barra de bar en la que algunos quieren convertirlo todo, con una frivolidad y una banalidad que no está a la altura ni de la madurez que demuestra la ciudadanía ni de la importancia que tienen algunas empresas también en el panorama internacional. Es el momento de recapacitar y de recomenzar este debate pensando en el día después de una hipotética salida a bolsa y de unas elecciones que provocan demasiados nervios. Y ya se sabe que nunca las gana la oposición sino que las pierden los gobiernos.