Análisis

El carajal madrileño

Sería bueno que Ayuso se aclarara, porque la que está confusa e irritada es la mayor parte de la ciudadanía madrileña, necesitada de respuestas serias para combatir el virus y harta ya de tanta bronca

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, el pasado 14 de septiembre, en la Asamblea regional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, el pasado 14 de septiembre, en la Asamblea regional. / JOSÉ LUIS ROCA

Con un índice de contagios menor que el de Madrid y sin bronca política de por medio, los gobiernos francés y belga han cerrado esta semana bares y cafeterías en París y Bruselas. Unas medidas mucho más drásticas que las que suponía el cierre perimetral de la capital madrileña, que este jueves echó abajo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En París se decretó previamente el estado de emergencia, el mismo que el Parlamento italiano ha prorrogado hasta el 31 de enero, y que ha permitido al Gobierno de Roma mantener medidas restrictivas este verano para que la desescalada fuera progresiva y para frenar la propagación del virus.

Nada de eso ocurre aquí, porque aquí el PP decidió hacer de la pandemia del coronavirus un campo de batalla contra el Gobierno —del que pensó que caería como consecuencia del duro confinamiento y de la durísima crisis económica—, negándose incluso a ampliar la declaración del estado de alarma con el argumento de que no era necesario. Así que en junio, ya sin medidas extraordinarias, se procedió a una desescalada exprés como si no hubiera pasado nada y como si no hubiera un mañana. Y de aquellos polvos, estos lodos. Porque los contagios se extendieron exponencialmente durante el verano, se hundió la campaña turística y llegó el otoño con la reyerta política al rojo vivo, protagonizada por el líder del PP, Pablo Casado, y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lograra hace una semana imponer medidas limitativas para los madrileños ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Ayuso, empeñada en preservar su política trumpista, favorable a dejar libertad total pese al alto grado de contagios, este jueves la justicia madrileña ha vuelto a poner la ficha en la casilla de salida. Un carajal. La vía legal adoptada por Illa no es suficiente, a juicio del tribunal, para restringir derechos fundamentales así que ahora, salvo un milagro en forma de acuerdo con la Comunidad de Madrid, es probable que el Gobierno opte por decretar un estado de alarma para toda o parte de esta autonomía. También en eso se volvería al punto de origen de algunos de los problemas y el embrollo madrileño se agravaría.

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Cierto que la primera respuesta de Ayuso y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, fue pedir a los madrileños que no salgan de la capital durante el puente del Pilar. Una contradicción en el caso de la presidenta, que siempre ha realizado alegatos, al mejor estilo de Trump y Bolsonaro, en contra de cualquier restricción. Viniendo de ella tampoco se sabe cuánto le puede durar ese ataque de sensatez. ¿Habrá entrado en razón? ¿Será por fin consciente de la gravedad de la situación? ¿No querrá empeorar las relaciones con su vicepresidente, de Ciudadanos, alineado en este caso con Illa? Sería bueno que Ayuso se aclarara, porque la que está confusa e irritada es la mayor parte de la ciudadanía madrileña, necesitada de respuestas serias para combatir el virus y harta ya de tanta bronca.