Una semana pésima

El martes de la semana pasada el acuerdo de los Veintisiete para un plan europeo de recuperación de 750.000 millones insufló optimismo sobre la salida de la crisis del coronavirus. Pero ahora estamos sufriendo una pésima semana. Primero por la decisión de Gran Bretaña de imponer una cuarentena a los que viajeros provenientes de España, lo que, unido a los consejos de los gobiernos de Francia y Alemania, ha acabado de dar la puntilla a una temporada turística ya horrible. Ahora todavía será peor y, además, los recientes rebrotes (y su mala gestión) generan dudas sobre España como destino turístico seguro y la economía el próximo otoño.

El segundo golpe han sido los <strong>datos de la EPA</strong> que no por esperados dejan de ser una penosa realidad. En el segundo trimestre el confinamiento hizo perder nada menos que un millón de puestos de trabajo, algo que no tiene precedentes ni en los peores trimestres de la crisis iniciada en el 2008.

Sin embargo, quizás lo más preocupante es que la acumulación de desgracias no lleve a una mínima contención al abordar los graves problemas políticos. El conflicto catalán es político y nunca debió caer en la administración de justicia. Si lo hizo fue que porque el independentismo decidió -de forma torpe e irresponsable- violentar la legalidad constitucional. De ahí vinieron las órdenes de prisión, el juicio del Tribunal Supremo y su famosa y controvertida sentencia. Pero ya nadie puede creer -vistos los resultados electorales del 2019 y los sondeos sobre las próximas elecciones catalanas- que la via penal pueda arreglar un conflicto que imposibilita la normalidad catalana y española.

Hay un consenso en las fuerzas que apoyan al Gobierno de Sánchez, e incluso en la mayoría del independentismo, de que el conflicto solo puede reducirse a través de una negociación racional que exige una previa desinflamación. En este sentido -y sin entrar en la discusión jurídica sobre la decisión inspirada por el Supremo- la revocación del tercer grado a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y otros tres dirigentes catalanes es una mala noticia.

Algunos creen que la letra con sangre entra, pero la convivencia exige respeto a la ley y también inteligencia emocional

Primero porque entorpece la negociación que, con muchas dificultades, se intentaba con la mesa de diálogo entre los gobiernos de Madrid y Catalunya. Segundo, porque el inevitable retorno de la tensión favorecerá, dentro del independentismo, las actitudes más radicales, lo que es muy inconveniente en vísperas de unas elecciones que serán importantes. Parece como si en algunos círculos de Madrid -entre los que no debería estar ni la derecha democrática ni el Supremo- se pensara aquello tan primitivo de que la letra con sangre entra, cuando la convivencia de las nacionalidades y regiones -que promulga la Constitución- exige tanto el respeto de la ley como inteligencia política y emocional.

En Catalunya habrá quien aproveche la ocasión para proclamar -el 'president' Torra va por ahí- que el diálogo es inútil. Pueden volver a equivocarse, pero -con independencia del juicio sobre la actuación del Supremo- la triste realidad es que Catalunya está hoy peor que en el 2017. Los datos del 2019 -los últimos conocidos- indican que Catalunya creció no solo menos que la comunidad de Madrid (1,8% frente a 2,5%) sino por debajo de la media española del 2% y de comunidades como Navarra, Valencia, Murcia, Andalucía, Galicia y País Vasco.

Los que piensen más con el estómago que con la cabeza pueden repetir lo de “lo volveremos a hacer”. Pero, visto lo visto, eso solo conduce a una muy incómoda y esterilizante inestabilidad en la que Catalunya pierde más que gana.

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