ACCIÓN JUDICIAL
La jueza suspende la semilibertad de los presos del 1-O
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Júlia Regué
Responsable de la sección de Política.
Graduada en Periodismo y en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha desarrollado su carrera profesional en la sección de Política, donde se incorporó en noviembre de 2016. Ha seguido la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos. También ha colaborado en programas de TV-3, Catalunya Ràdio y RAC1.
J. G. Albalat / Júlia Regué
La magistrada Maria Jesús Arnau, titular del Juzgado de Vigilancia número 5 de Catalunya, suspendió este martes cautelarmente el tercer grado penitenciario a cinco presos por el 1-O: el ‘exvicepresident’ de la Generalitat, Oriol Junqueras, los ‘exconsellers’ Raül Romeva y Joaquim Forn; el exlíder de la ANC, Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Todos ellos reingresaron en la cárcel de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), de donde no podrán salir ni a trabajar, tal y como había solicitado la fiscalía.
Los independentistas presos estarán de nuevo clasificados en segundo grado –el más habitual entre los reos– y solo podrán disfrutar de nuevo del artículo 100.2 del reglamento penitenciario –que les permitía salir de la cárcel unas horas a trabajar y a hacer voluntariado– si lo aprueba otra vez la junta de tratamiento de la prisión.
La suspensión inmediata del tercer grado que les concedió la Generalitat el pasado 14 de julio responde a la presentación del recurso de la fiscalía que, siguiendo lo establecido por el Tribunal Supremo en una resolución dictada la semana pasada, debe ejecutarse mientras se examina el recurso.
El ministerio público argumenta que el régimen de semilibertad crea una "total sensación de impunidad" y que la progresión a tercer grado es incompatible con "la necesaria realización de los fines retributivos y de prevención general" de la pena, por cuanto continúan "reconociendo los hechos y sus consecuencias pero no el delito". A su entender, no han "superado" ningún programa específico de tratamiento para abordar tal déficit" y tampoco se ha producido el "necesario acercamiento con el exterior de la cárcel", con la concesión de permisos. Con el tercer grado, los líderes independentistas solo iban a dormir a la cárcel cuatro días y los fines de semana podían permanecer en sus casas.
El recurso sostiene que Junqueras, Romeva y Forcadell "aún no han cumplido una cuarta parte de la condena" y se le otorga el artículo 100.2 del reglamento penitenciario con amplio régimen de salidas, "lo que es del todo inusual". Y, ahora, transcurridos "sólo" seis meses desde la clasificación inicial en segundo grado se progresa al mismo a tercer grado, "lo que muy lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad tanto en el interno como en la sociedad", añade la fiscalía. Sànchez, Forn y Cuixart sí han cumplido la cuarta parte de la condena este mismo año.
Por otra parte, el ministerio público subraya la "extrema gravedad" del delito sedición e indica que el bien jurídico atacado es "el orden público y el adecuado funcionamiento de los servicios e instituciones públicas", por lo que "debe ser objeto de un importante reproche, dado que en última instancia el perjuicio causado es la estructura de nuestro Estado social y democrático de derecho", habiendo "querido vulnerar la unidad territorial".
En su opinión, el programa de tratamiento de la cúpula que organizó el 1-O debe tener por objeto enseñarles a respetar la ley, a que sólo se puede conseguir aquello que se desea utilizando mecanismos legalmente, y no se puede trasmitir a la sociedad "que puede quedar impune el haber convertido la propia voluntad en ley fuera de los cauces legalmente establecidos".
La fiscalía aún no ha presentado recurso contra los ‘exconsellers’ Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, por lo que seguirán con el tercer grado, y falta por ver la resolución del juez sobre la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Reingreso
El independentismo organizó un breve acto a las puertas de la cárcel de Lledoners antes de que ingresaran en prisión los cinco afectados por la orden de la jueza, un evento al que no acudió el exlíder de la ANC, Jordi Sànchez. Los presos se reafirmaron en el derecho a la autodeterminación y animaron a "persistir" y a "no abandonar" esta "lucha". Cuixart, incluso, llamó a los jóvenes a "desobedecer las leyes injustas" y a no temer ni la cárcel ni la "represión". Turull abogó por la unidad independentista "sin esperar a que nos den garrotazos" y Junqueras sostuvo que el Estado les tiene "miedo" y por eso les "encierra".
El Executiu acusó al Gobierno de la suspensión del tercer grado recuperando las palabras de Pedro Sánchez en campaña electoral, cuando dijo que la fiscalía depende del Ejecutivo central. El ‘president’ de la Generalitat, Quim Torra, hizo una declaración institucional y exigió a Sánchez "parar las hostilidades" si quiere retomar el diálogo: "Quizás creen que con esta decisión han derrotado a alguien. Al contrario. Nos hacen más fuertes, refuerzan nuestras razones y nos invitan a prepararnos mejor para definitivamente dejar de ser prisioneros de un Estado autoritario que no acepta la voluntad democrática", aseveró.
"El Gobierno más progresista de la historia actúa de la misma manera que actuaba el del PP", inquirió la portavoz Meritxell Budó. La ‘consellera’ de Justícia, Ester Capella, dijo que "el Supremo y la fiscalía han secuestrado la política española".
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