Desafío alemán a la UE

El Tribunal Constitucional alemán ha creado esta semana una crisis constitucional sin precedentes en la Unión Europea (UE), que socava la integración europea, restringe la capacidad de superar la actual recesión y favorece la desestabilización impulsada por los gobiernos autoritarios de Hungría y Polonia. La sentencia del tribunal alemán cuestionando la actuación del Banco Central Europeo (BCE) para reactivar la economía mediante la compra de deuda pública del 2015 al 2018 vulnera los tratados de la UE, suplanta las competencias del Tribunal de Justicia de la UE y no respeta la independencia del BCE, impuesta precisamente por Berlín en 1992.

El Tratado de la UE establece que el Tribunal de Justicia Europeo será el responsable de garantizar “el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los tratados” (artículo 19). El Tratado de Funcionamiento de la UE precisa que el Tribunal de Justicia Europeo “controlará la legalidad de los actos del Consejo de la UE, de la Comisión Europea y del BCE” (artículo 263) y que es el encargado de pronunciarse sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones y organismos de la UE (artículo 267) y del cumplimiento de las obligaciones de los bancos centrales hacia el BCE (artículo 271). El mandato y la independencia del BCE están detalladas en el artículo 282.

El conflicto constitucional arranca de la demanda presentada ante el tribunal alemán por varios políticos y economistas conservadores y euroescépticos, incluidos algunos de los dirigentes iniciales de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), como Bernd Lucke y Heinrich Weiss. Estos euroescépticos sostenían que el programa del BCE de reactivación económica con la inyección masiva de fondos mediante la compra de deuda pública en el mercado secundario iniciado en el 2015 excedía las competencias y el mandato del BCE. El programa del BCE evitó la deflación y posibilitó un crecimiento sostenido tras la recesión creada por la política de austeridad. Su conclusión en el 2018 contribuyó a debilitar el crecimiento en el 2019. La cuestión prejudicial planteada por el Constitucional alemán al Tribunal de la UE en el 2017 trasladando la demanda euroescéptica ya contenía las semillas del actual conflicto, porque indicaba que no reconocía como vinculante la respuesta que pudiera dar el tribunal europeo.

Plazo de tres meses

En su sentencia del 11 de diciembre del 2018, el Tribunal de Justicia de la UE avaló la actuación del BCE, rechazó que hubiera excedido su mandato y estableció que había respetado el principio de proporcionalidad. Como la sentencia no satisfacía la opinión previa de los jueces alemanes, han dictado esta semana que el tribunal europeo actuó al margen de sus competencias ('ultra vires') y que la sentencia europea es errónea,  “arbitraria” e “insostenible”, reclamando al BCE que demuestre la proporcionalidad de sus decisiones en el plazo de tres meses.

De este modo, el Constitucional alemán se autoproclama como el verdadero interprete de los tratados de la UE y los siete jueces que respaldan el fallo pretenden definir con su criterio personal cómo debe ser la política económica europea, aunque carecen de un mandato democrático para ello. Los jueces alemanes reprochan en especial al BCE la pérdida de rentabilidad de los ahorros debido a los bajos tipos de interés aplicados para salir de la crisis. Los jueces fueron asesorados por la banca y las aseguradoras alemanas, indica Guntram Wolff, director del 'think tank' europeo Bruegel. Cinco de los siete jueces que respaldan la sentencia son conocidos por su hostilidad pública a la política del BCE, recuerda el economista Frederik Ducrozet.

Pese a que el BCE ha reafirmado su independencia, su mandato y la validez de la sentencia del Tribunal de la UE del 2018, el Constitucional alemán puede empujar al 'Bundesbank' a frenar una intervención con la amplitud necesaria en un momento crucial, con una caída prevista del 7,7% de la economía de la eurozona este año. La sentencia puede estimular más demandas, ahora contra el nuevo plan de acción del BCE.

La actitud de los jueces alemanes alienta a otros países a no respetar las decisiones del Tribunal de la UE cuando ya existen tensas disputas con Polonia y Hungría. El viceministro polaco de Justicia, Sebastian Kaleta, reaccionó de inmediato respaldado al tribunal alemán. Si la Comisión Europea no actúa con rapidez para restablecer la primacía del Tribunal de la UE y del Derecho Europeo, se abrirá otro foco de disgregación europea. 

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