La encrucijada libanesa

Líbano atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente. A la aguda crisis económica que padece se une el creciente malestar popular ante la incapacidad de la clase política para abordar los retos que afronta el país. La deuda externa representa el 150% del PIB, la tercera mayor del mundo, y el déficit público superará este año el 11%. En los últimos meses, la moneda local ha perdido un cuarto de su valor y el coste de la vida se ha disparado. Por si fuera poco, Líbano acoge a un millón y medio de refugiados sirios (lo que representa el 25% de su población), cuyo retorno no se atisba al menos en el corto plazo y supone una carga más para las arcas del estado.

No debería sorprendernos, por lo tanto, que cientos de miles de libaneses se hayan echado a las calles para demandar reformas radicales y no meros cambios cosméticos. Los manifestantes reclaman la formación de un gobierno tecnócrata, la aprobación de una nueva ley electoral y la convocatoria de elecciones para renovar el Parlamento. Estas demandas son compartidas por una parte significativa de la población, independientemente de su confesión o ideología, lo que representa un torpedo en la línea de flotación del sistema sectario y clientelar vigente en el país desde la independencia alcanzada en 1946. Lo que se pretende, en definitiva, es erigir las bases de una tercera república y poner fin a un sistema político obsoleto basado en la repartición del poder en función del peso demográfico de cada una de las comunidades más relevantes del país: la cristiana, la sunní, la chií y la drusa.

Los problemas del Líbano no son nuevos, pero en los últimos años se han agravado de manera notable. Según el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparency International, Líbano es uno de los países más corruptos del mundo ocupando el puesto 138 de los 180 analizados. Además, la riqueza está desigualmente repartida ya que se concentra en unas pocas familias bien conectadas con el poder, mientras que un tercio de la población vive bajo el umbral de la pobreza. A pesar de que la guerra civil finalizó en 1990, los sucesivos gobiernos que han dirigido el país desde entonces han sido incapaces de reconstruir las infraestructuras dañadas durante el conflicto y garantizar la prestación de servicios básicos a la población, entre ellos el agua, la electricidad, la educación o la sanidad.

El pueblo se moviliza

La guerra civil que devastó el país se cerró en falso, ya que los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados durante los 15 años que duró el conflicto quedaron impunes. No solo eso, sino que los señores de la guerra se hicieron con el control de la vida política y establecieron redes clientelares para garantizarse la lealtad de sus respectivas comunidades. De hecho, los partidos políticos gestionan sus propias clínicas y escuelas y reparten contratos gubernamentales o puestos en la Administración entre sus fieles. Esta estructura clientelar explica que, durante mucho tiempo, los ciudadanos hayan sido más leales a sus representantes políticos y religiosos que al propio Estado libanés.

Líbano es uno de los países más corruptos del mundo y acoge un millón y medio de refugiados sirios

Ante la masiva movilización de la población libanesa en estos últimos dos meses, la clase política intenta a toda costa ganar tiempo y dividir a los manifestantes para debilitar su posición. Aunque el primer ministro Saad Hariri Saad Haririse ha visto obligado a dimitir ante la presión popular, el presidente Michel Aoun sigue apostando por el continuismo para desactivar la crisis. De ahí que haya propuesto como candidato a primer ministro a un hombre de negocios multimillonario, lo que ha provocado la indignación de los manifestantes. No solo eso, sino que además se ha permitido aconsejar a quienes se sientan incómodos con la situación “emigrar” del país. 

Como tantas otras veces ha ocurrido en el pasado, una vez más se pretende imponer la idea de que no existen alternativas posibles al caduco sistema confesional vigente en el país y que su reformulación podría abrir la caja de Pandora y desencadenar una ola de violencia o, aún peor, conducir a una nueva guerra civil. En este contexto, algunas formaciones políticas han dejado claro que harán todo lo posible por mantener el statu quo y han acusado a los activistas de recibir consignas desde el extranjero. Se trata del mismo argumento que fue empleado recientemente en países como Siria e Irán y sirvió para justificar la brutal represión contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y las milicias armadas.