¡Cuánta paciencia, Marchena!

Han transcurrido ya tres meses de juicio y a mediados de junio Manuel Marchena podría dictar el visto para sentencia. Los elogios hacia el presidente del tribunal por la corrección en el trato hacia todas las partes, así como por la gran competencia que está demostrando en la dirección de un juicio que se preveía muy complicado, son bastante unánimes en el mundo del derecho. El independentismo creyó que iba a poder convertir el desarrollo de la vista en una acusación contra el Estado, señalando a las fuerzas de seguridad como las únicas responsable de los sucesos violentos del 1-O. Empezó el juicio bastante bien para sus objetivos propagandísticos con las esperadas declaraciones de los acusados y de unos primeros testigos políticos, particularmente del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, que no dijeron más que vaguedades.

Durante las primeras sesiones, parecía que los delitos de malversación, sedición y rebelión flaqueaban, pero a medida que empezaron a declarar testimonios de referencia, inicialmente los responsables de la seguridad del Estado en el 2017, los segundos y terceros niveles de Administración, así como los mandos de la policía nacional, la guardia civil y los Mossos, el juicio fue de mal en peor para las defensas. Los comisarios Castellví, Trapero y López afirmaron que Puigdemont, Junqueras y Forn asumieron el riesgo de un escenario violento con tal de llevar a cabo el referéndum ilegal. Los más de 200 testigos policiales dieron cuenta de que, entre septiembre y octubre, sufrieron decenas de agresiones, episodios de acoso y hostigamiento. Ahora bien, no está claro que el tribunal vaya a aceptar la tesis de la rebelión en base a la violencia acreditada tanto en la fase testifical como en la documental. En caso de dudas, parece más fácil que se incline por circunscribir los hechos a un levantamiento público y tumultuario para impedir la aplicación de las resoluciones judiciales (sedición). Con todo, lo importante será ver cómo se conecta a cada acusado con esos posibles delitos que por su naturaleza son pluripersonales. En caso de que el tribunal optase por la conspiración o la tentativa de rebelión tendría igualmente que justificar la operativa de la trama, aunque está por ver si para ello se serviría de los documentos (Enfocats y agenda Moleskine) hallados en el despacho de Josep Maria Jové, número dos de Junqueras. Finalmente, las conclusiones de la pericial pueden ser determinantes para la malversación, cuya intencionalidad reconocen algunas defensas pero complejo de probar para las acusaciones.

Otro elemento que se ha dilucidado es la forma de interpretar el auto de la magistrada Mercedes Armas de 27 de septiembre, que sirvió en su día tanto a Puigdemont como al mayor Trapero para argumentar que la alusión a preservar “la normal convivencia ciudadana” prohibía el uso de la fuerza el 1-O y, por tanto, permitía la pasividad de los Mossos. Sin embargo, en una breve nota remitida al tribunal, la magistrada ha aclarado que en ningún momento ordenó parar la actuación de las fuerzas policiales y que el auto dejaba claro que el propósito era impedir el referéndum. Es un golpetazo tanto para Trapero, cara a la causa que tiene pendiente en la Audiencia Nacional, como para los acusados en el Supremo, cuyos abogados han hecho de esa lectura un caballo de batalla.

A pocas semanas del final, las defensas saben que el juicio no les está yendo bien, porque incluso cuando han declarado sus testigos ha habido fuego amigo sobre algunos acusados. El más perjudicado ha sido Jordi Sànchez, cuya responsabilidad en los graves sucesos ante la sede de Economía fue verbalizada por el responsable de los antidisturbios de los Mossos al ser interrogado por el abogado de Forn, Javier Melero, que se ha limitado a una defensa técnica. El resto de los letrados han intentado no solo invertir la carga de la prueba sobre la violencia, sino convertir la vista en una apología de la desobediencia civil y la autodeterminación con la presencia de testigos que poco podían aportar a los hechos y que, en cambio, parecían citados para aleccionar al tribunal sobre las bases históricas, políticas y filosóficas de esas ideas. Marchena ha sido muy paciente, actitud poco usual en los tribunales, pero tampoco ha permitido que nadie se le subiera a las barbas. Ante la reiteración de preguntas impertinentes o cuando algunos testigos pretendían introducir opiniones, el presidente ha impuesto su autoridad. Y eso no ha gustado a los que creían que iban a convertir el Supremo en un plató de TV-3.