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DECLARACIÓN DEL MAYOR

Trapero: "Los Mossos estábamos preparados para detener a Puigdemont si se nos pedía"

Atribuye un "punto de irresponsabilidad" al 'exconseller' Forn por sus declaraciones

Asegura que comunicó al Govern que el cuerpo "no acompañaban el proyecto independentista"

Ángeles Vázquez / J. G. Albalat

Trapero: Los Mossos estábamos preparados para detener a Puigdemont y a los exconsellers. / ACN

El 'major' de los Mossos, Josep Lluís Trapero, parecía tener ganas de declarar en el juicio del 'procés', pese a estar acusado por rebelión en la Audiencia Nacional. Eso podría explicar que haya ido más lejos de lo que se esperaba y ante una pregunta de la defensa del 'exconseller' Joaquim Forn sobre el 27 de octubre, día de la declaración unilateral de independencia, haya desvelado que los Mossos tenían "un dispositivo preparado" desde dos días antes para detener al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus 'consellers'. El arresto no se materializó, porque nadie lo ordenó. Y eso que él, aunque desconocía la trascendencia jurídica de la DUI, se puso a disposición del fiscal Superior de Catalunya, el fallecido José María Romero de Tejada, y del presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, para lo que precisaran pues entendía que la situación era "de cierta gravedad".

Hasta ese momento daba la impresión de que lo que se esperaba de su declaración no se iba a producir por el deficitario interrogatorio del secretario general de Vox, Javier Ortega, y el error de la fiscalía y la Abogacía del Estado de no proponerle como testigo, lo que llevó al presidente del tribunal, Manuel Marchena, a vetar el interrogatorio sobre lo que desbordaran los límites marcados por el primero. Ello incluía la reunión del 28 de septiembre, en la que según declaró el comisario Manel Castellví se pidió la desconvocatoria del 1-O ante el riesgo de violencia. 

De ahí que Trapero se permitiera decir que "en esa reunión de la que no estamos hablando" se advirtió de que la convocatoria "podía desembocar en desórdenes públicos", que más tarde a través del informe que presentó al día siguiente se planteaban distintos escenarios del 1-O, en los que habría "resistencia pasiva" en la mayoría de los centros de votación y previsiblemente "activa" en algunos zonas o barrios.

Pero hubo que esperar al final del interrogatorio para que Marchena utilizara la prerrogativa del tribunal para preguntar aquellos aspectos fundamentales que considerara que no había quedado claros para darle la oportunidad de explicarse. Precisamente, se interesó por aquello que no había dejado preguntar: los motivos de su "preocupación" para pedir una reunión con Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y Forn, a la que también quiso que asistiera la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, cuya presencia creía importante, porque "el emplazamiento iba más allá del referéndum".

Trapero respondió que transmitieron "varios mensajes". "Les trasladamos nuestra preocupación por posibles conflictos graves de orden público y seguridad ciudadana. Que iba a haber dos millones de personas en la calle y 15.000 policías y eso iba a provocar conflictos graves de orden público. Les emplazamos al cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales, y les dijimos que íbamos a cumplirlas. Que el cuerpo de Mossos no iba a quebrar con la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista", dijo antes de criticar las declaraciones que había hecho Forn y de Jordi Turull

"Lo que tengan que hacer"

Tras la intervención del presidente, que en la práctica supuso saltarse el veto que el tribunal había impuesto por unanimidad al fiscal, la defensa de Joaquim Forn ha vuelto a preguntar si después de sus advertencias recibieron alguna instrucción del Govern. "Hagan el trabajo que tengan que hacer", dijo que fue la respuesta del 'expresident'. Tampoco por parte del 'conseller' de Interior, al que atribuyó "un punto de irresponsabilidad", como "político, que hace política". "Causaban malestar algunas declaraciones, como las de Forn, que confundían a la gente sobre lo que es el papel de los Mossos. Daba una imagen que ahora estamos pagando y por eso he dicho que fue un punto irresponsable”, puntualizó luego.

El ministerio público se interesó por la crisis del Govern de julio que motivó la marcha de Jordi Jané de la Conselleria de Interior, cuya responsabilidad la asumió Forn. "¿Tuvo usted alguna explicación por parte de Jané de por qué se marchaba?", preguntó Javier Zaragoza. "Me dijo que por la deriva política y porque él no quería correr un riesgo y estaba incómodo", respondió Trapero, que agregó que pese a los derroteros por los que iba el discurso de Forn, "respetaba el cuerpo".

Previamente había negado ante el tribunal del 'procés' que el dispositivo Ágora, del que dijo que era "gubernativo para cubrir necesidades de protección" de altos cargos de la Generalitat o políticos destacados, tuviera "intención de facilitar el referéndum", que más adelante él mismo calificó de "ilegal". Añadió que impedir el 1-O venía dado por mandato judicial y enmarcó el dispositivo "en un momento en el que Catalunya está un momento de conflictividad", lo que "deriva en algunos incidentes", como escrachea. Sostuvo que "se establecía a personas de diferentes sesgos ideológicos o instituciones". Debió entrar en vigor el 4 de septiembre, pero lo hizo unas dos semanas después por los atentados del 17 de agosto, y debían mantenerse hasta mediados de octubre, incluyendo el 1-O. Su eficacia se extendía hasta mediados de octubre e incluía el 1-O. 

Llamó a Sànchez por Forn

El testigo, que pese a estar acusado en la Audiencia Nacional de un delito de rebelión accedió a contestar a todas las preguntas, explicó que mantuvo más de 40 llamadas con el entonces presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, durante la protesta del 20 de septiembre frente a la Conselleria d'Econòmia, después de que el 'conseller' Joaquim Forn le indicó que llamara al líder de la asociación soberanista "para intentar mediar" en lo que está ocurriendo.

Trapero respondió a la acusación que ejerce Vox diciendo que no sabía si llamó 21 veces a Sànchez, pero "sí muchas", y recibió otras 22 de su interlocutor. Con la intendente Teresa Laplana solo mantuvo una llamada que no llegó a dos minutos, pero explicó que entre ambos hay dos superiores. Añadió que durante todos el día hablan "constantemente con la Guardia Civil": "hay una interlocución que dura todo el día entre el comisario Ferran López y el coronel (sic) de la Guardia Civil".

Cuando habla con el presidente de la ANC recibe "el mensaje" de que "con la gente que tiene ascendente intentará ayudar". Según el testigo, hacia la una y media le pidió ayuda para hacer "un cordón de voluntarios del servicio de orden de la concentración por el que debían transitar los deternidos que debían pasar al registro". Las últimas fueron después de recibir la del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, "preocupado", por la salida de la comisión judicial, a partir de la que se implica "personalmente más" que en cualquier otra concentración por esa llamada.

Explicó que habían "previsto un cordón policial de la brigada móvil", para sustituir al de voluntarios, compuesto por "entre 15 a 20 agentes de escolta de paisanos que estaban dentro del departamento de Economía. Dentro de esa capsula debía salir la comisión", porque lo consideraron "seguro". La letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, finalmente salió por la azotea a un teatro anexo.

Trapero explicó que a las 11 y cuarto de la noche le telefoneó el propio juez del 13, que es "la primera noticia de que el registro se ha acabado" y que "la comitiva ha acabado y quiere salir". Es entonces ordenó que se deje de hablar con la Guardia Civil y se hable directamente con ella, como no hay tiempo de montar de nuevo del pasillo, es cuando se piensa en el teatro, para lo que debe esperar a que acabe la función, aunque finalmente no salió mezclada entre el público.

En cualquier caso durante todo el día la única violencia que describió fue el "lanzamiento de una botella de agua a dos agentes del area de mediación". Señaló que en esa concentración hubo unos 300 efectivos, entre ellos cuatro unidades de la Brigada Móvil. En el centro de mando señaló que no se supo que había armas en los coches de las Guardia Civil que quedaron destrozados hasta la madrugada, aunque dentro se supiera antes. Lo que se hizo fue pedir a los voluntarios que hicieran un cordón para evitar problemas.

Delegar en Ferran López

Justificó su oposición al nombramiento del coronel Diego Pérez de los Cobos como coordinador del dispositivo del 1-O en que entendía que era más político que mando operativo que debía comunicarse de Interior a la Consejería de Forn. "Una cosa es expresar que pensaba que no era la persona oportuna y otra que no se cumpliera la orden de la fiscalía, lo que no se dio en ningún momento", explicó para enmarcar la carta remitida al cuerpo como una forma de tranquilizarles ante su preocupación porque otro asumiera el mando.

Admitió que quizá no estuvo fino en las reuniones de coordinación, pero lo desvinculó de la inactividad atribuida al cuerpo. En la del 23 el fiscal le dijo que desde Fiscalía General del Estado le habían dicho que "el plan de los Mossos parecía más para favorecer el referéndum que para impedirlo". Pero el testigo insistió en que las dudas que planteaba se debían a su intención de cumplir el mandato recibido y que solo los Mossos habían presentado un dispositivo, aunque se considerara más propio de unas elecciones legales. A la del día 25 ya fue Ferran López, lo que según Trapero sintió "como una liberación", porque entendía "que no estaba haciendo un buen papel" con Pérez de los Cobos.

Explicó que la mañana del 27 cesan las acciones de fiscalía y "vamos a un nuevo escenario" a partir de la orden a la magistrada del TSJC, Mercedes Armas, que, según Trapero, llegó a precisar que las que había dejaban de tener vigor y dictó hasta un segundo auto para que quedara constancia de que los tres cuerpos son policía judicial y que Pérez de lo Cobos les supervisará a todos.

Para diferenciar una de otra puso como ejemplo que la primera ordenaba no solo cerrar los colegiso, sino hacer un cerco de 100 metros alrededor de colegios electorales desde el viernes, lo que suponía un dispositivo de 40.000 efectivos, con el que no contaba y que la magistrada que les pidió que actuaran con paciencia, contención y garantizando la paz social". "Evitar el 1 de octubre es muchas cosas y se puede hacer de muchas maneras. La instrucción y la orden apuntaban a diferentes maneras", explicó.

Defensa de los Mossos

Durante su declaración negó la inactividad del cuerpo. Aseguró que Ferran López había transmitido en las reuniones que los mossos harían lo "de los días previos" y que "el grueso del orden público estaba en manos de la Guardia Civil y Policía Nacional", porque "ellos tenían 6.000 efectivos" y la Policía de la Generalitat "800". Destacó la labor del binomio o pareja de mossos en cada centro se había comunicado y zanjó el rifirrafe que tuvo con Zaragoza en relación con las cifras, porque según constaba en la causa se movilizaron a 7.850 mossos, con un "nos hubiera encantado que hubiera más resultados, pero hubo los que pudimos hacer entre todos".

Además, sostuvo que los Mossos pueden usar la fuerza, pero "para repeler violencia contra los agentes o un tercero". Por lo que se indicó en las reuniones que actuarían "con serenidad y siendo especialmente cuidadosos con el uso de la fuerza". "Pérez de los Cobos decía que eso no podía ser una excusa para impedir la votación, una afirmación que me resulta ofensiva", agregó. 

Situó la ruptura de la coordinación el 1-O en el momento en que ven las actuaciones en colegios por la Guardia Civil y la Policía Nacional, donde no los habían solicitado, motivo por el que López llamó a Pérez de los Cobos. "Ahora te llamo y no le vuelve a llamar", precisó, aunque le ve en la reunión con la magistrada Armas. "Esa coordinación no es la que habíamos acordado y desconozco las razones", precisó. "Desde mi percepción el esfuerzo fue el máximo que podíamos hacer y el máximo que históricamente había hecho el cuerpo", dijo.

Explicó que conoce los "datos reales" de la actuación de los Mossos del 1-O. Entre los que cifró "134 o 139" colegios que se cerraron durante el día, de ellos 24 no llegaron a abrir por acción de primera patrulla, 104 por la actuación de Arro (equipos de intervención). Añadió que "en algunos de ellos se colocaron delante de la puerta y que de esa manera ya no se pudiese votar más", y que otros 250 no llegaron a abrir, por el "trabajo previo que se hizo el fin de semana". En cuanto a las modificaciones de actas lo justificó con cambios de fechas y horas. Y negó categóricamente las vigilancias a guardias civiles y policías; "si alguien lo ha hecho, deberá dar cuenta", dijo.

Sin pedido a Unipost

Previamente había comparecido ante el tribunal Teresa Prohias, directora de Servicios de Políticas Digitales y en 2017, de los Servicios del Departamento de Presidencia, quien declaró ante el tribunal que, tras recibir un requerimiento de la Guardia Civil, comprobó que no existía ningún expediente por importe de 240.000 euros firmado entre la Generalitat y Unipost, lo que en su opinión significa “que no hubo tal pedido”. Aseguró que solo existía un convenio marco para facilitar material electoral por 6.000 y 12.000 y que este último ni siquiera se había agotado.

Y en cuanto a las facturas libradas por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, una por 93.179 y otra por 184.000 euros, contra la Generalitat señaló que no constaban por ningún sitio y al pedir explicaciones al presidente de la corporació le “contestó que eran por anuncios del referéndum”. Añadió que los servicios jurídicos recordaron que el ente tiene un compromiso de servicio público y que se debían enmarcar en el contrato firmado entre instituciones.

Era la campaña Civisme, la de las vías del tren, presupuestada en 2.7 millones de euros y que quedó desierta, porque las empresas a las que se adjudicó su difusión en medios renunciaron al decirles estos que era política y quedaba fuera de tarifa. La de la campaña del registro de catalanes en el exterior no se abonó tras recibir la comunicación de que se estaba investigando en el Jugado de instrucción número 13 de Barcelona.