JUICIO DEL 'PROCÉS'

Zoido también se desentiende del dispositivo policial del 1-O

Declaración de Zoido

periodico

Ángeles Vázquez / J. G. Albalat

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El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido optó por una cerrada defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación más polémica, el 1-O, fue calificada de «proporcional y racional», y la justificó en la pasividad de los Mossos d’Esquadra, que «toleraron»  un referéndum ilegal. Para ello, con insistencia, se amparó en lo que le transmitió el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto –que declarará ante el tribunal del ‘procés’ el lunes–, en el sentido de que la policía autonómica «no había cumplido las previsiones a las que se habían comprometido». En Nieto y en el coordinador del dispositivo, el coronel Diego Pérez de los Cobos –que declarará el martes– parecen haber descargado la patata caliente del responder por el operativo policial tanto Zoido como Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.

Ante la insistencia de la defensa de ponerle frente a las cargas policiales de ese día, Zoido afirmó: "No debe culparse a las Fuerzas de Seguridad" de lo ocurrido ese día, "sino a los que alentaron y promovieron el referéndum ilegal". "Cuando se producen imágenes de fuerza ninguna es agradable", pero, en su opinión, los agentes priorizaron la "proporcionalidad y seguridad de las personas", principios que rigen todos los dispositivos policiales. El problema fue que cuando llegaron los agentes a los colegios "no se vieron unidades de intervención de los Mossos", "no se había cerrado ningún colegio" y se encontraron con "auténticos escudos humanos", "concentraciones organizadas", que impedían cumplir el mandamiento judicial. 

El exministro negó que eso fuera "la convivencia ciudadana", por lo que "no debe culparse a las fuerzas de seguridad, sino a los que alentaron y promovieron el referéndum ilegal". Señaló que "todos los cuerpos tenían el cometido de clausurar el colegio, pero en muchos de ellos se comprobó que había una resistencia activa, organizada", y se comprobó la inactividad de los Mossos, que levantaron actas para "simular que cumplían las órdenes judiciales", respondió a preguntas de la fiscala Consuelo Madrigal.

"Ante un referéndum que se había declarado ilegal y que se estaba alentado a la participación y sabiendo que tenía que intervenir, el dispositivo de los Mossos era totalmente insuficiente”, dijo Zoido, que desvió cualquier pregunta sobre el despliegue policial a "los operativos", a cuyo frente situó al coronel Diego Pérez de los Cobos, una vez que fue nombrado su coordinador por la fiscalía y luego el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. 

“Siempre me he preguntado qué hubiera pasado si no se hubiera alentado el referéndum y qué hubiera pasado si en lugar de los 7.000 mossos que actuaron hubieran estado los 12.000 habituales, con el apoyo de los 6.000 guardias civiles y policías" desplazados a Catalunya en un principio, según explicó, para apoyar a la policía autonómica y realizar labores de policía judicial. "Todo habría sido totalmente distinto. Se habría podido obtener un mejor resultado", se respondió él mismo poco después.

Primer contacto con el fiscal

Explicó que el primer contacto del ministerio con la fiscalía para coordinar un dispositivo fue a partir del 8 de septiembre, tras la suspensión de las leyes de referéndum y transitoriedad, momento en el que dijo que pudo empezar a tramitarse el atraque del barco de Piolín para alojar a los agentes. A continuación citó las instrucciones fiscales el día 12, en las que no se plantea la posibilidad de un refuerzo a los Mossos. Añade que desde la secretaría de Estado se empezó a hacer una valoración a medida que se aproximaba el 1-0, y más tras el 20 de septiembre, por la "magnitud y trascendencia" de lo ocurrido ese día en que se habían producido unos 40 registros y una veintena de arrestos, así como manifestaciones de protesta. El día 22 la fiscalía interpuso la primera denuncia, por la que fueron a prisión los responsables de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y el mayor Josep Lluís Trapero.

Pese a que el responsable policial está imputado en la Audiencia Nacional y no el Supremo, la fiscala Consuelo Madrigal le preguntó por él y Zoido respondió que "no era muy colaborador y no le gustaba el hecho de estar coordinado por Pérez de los Cobos". Señaló que tras la aplicación del 155 se nombró a propuesta suya a Ferran López. Cuando se reunió con él le dijo que "esperaba que cumpliera con la legalidad vigente, con la Constitución y el Estatuto de autonomía". No le dio instrucciones, porque dijo no tener costumbre de ello. Tampoco la tenía de diseñar y valorar los dispositivos policiales, como cree que es habitual en los ministros de Interior, ya que son los expertos los que se encargan.

Auxiliar a los Mossos

Según el ministro, en septiembre le mandó al conseller de Interior, Joaquim Forn, la notificación de que “dadas las circunstancias” se reforzaría la presencia de policía y la Guardia Civil, como auxilio o refuerzo a los Mossos. Ello supuso el envío de un contingente de 6.000 agentes para que actuaran como policía judicial en apoyo de la policía autonómica. Debía también incautar todo lo que se le requería y "mantener la vigencia de la Constitución y la soberanía nacional. Lo del auxilio a los Mossos cambia en un momento", añadió el testigo a preguntas del abogado de Forn, Javier Melero.

"¿Enviar a 6.000 hombres a 2.239 colegios no es mandarlos al matadero?", llegó a preguntar el letrado. Zoido se mantuvo firme a la hora de trasladarle la responsabilidad a "los operativos". Por no saber ni le constaba que en los vehículos de la Guardia Civil destrozados en las puertas de la Conselleria d'Econòmia se hubieran dejado armas largas. En cambio, recordaba la petición de armas de guerra y munición solicitada por los Mossos que durante el 155 se suspendió y simplemente se autorizó la munición habitual.

La despedida de los agentes que iban a Catalunya al grito de "A por ellos", por la que le preguntó el abogado de Cuixart y luego el de Sànchez, que calificó de "energúmenos" a quienes lo properían, fue desautorizada por el ministro y que a nivel institucional pidió que no se reprodujeran estas actitudes. Tras señalar que creía recordar que la protagonizaron personas externas a los cuarteles no pudo asegurar si se había abierto algún expediente, pero sí mostró su disconformidad con ellas desde el primer minuto. Y respecto al lanzamiento de una pelota de goma por el que perdió un ojo una persona, el exministro respondió apelando a la defensa de los agentes a los que previamente había lanzado una valla a los agentes.