Marchena riñe a los testigos por valorar su "alucinación o estado febril"

Al presidente del tribunal del 'procés', Manuel Marchena, le ha costado perder la paciencia. Ha necesitado 44 sesiones del juicio y los testigos propuestos por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, con su tono pedagógico sobre principios democráticos, para que estallara. A uno de los testigos le amenazó con responsabilidades penales si seguía haciendo perder el tiempo al tribunal; a otra le pidió que se guardara el guión y sus valoraciones sobre "su grado de alucinación o su estado febril", y a otro le recordó que como testigo no podía hablar catalán, lo que como abogado debía saber.

Fuentes del tribunal, de una forma nada habitual, informaron del "profundo malestar" que les había supuesto la estrategia de defensa de Cuixart, basada en el 'Yo acuso', con el que pretende utilizar el juicio para denunciar presuntas vulneraciones de derechos fundamentales en España. No tanto por los testigos, sino por los abogados que comparecieron como tales, cuya actitud la Sala entendió una "intolerable provocación" que "raya el código deontológico de la abogacía". Varios de esos letrados fueron los de Manresa que se encargaron de asesorar a los ciudadanos sobre cómo había que saltar la prohibición del referéndum ilegal, y uno de ellos había mandado una carta al tribunal pidiendo declarar en catalán que fue considerada, al menso, poco respetuosa.

La semana 14 del juicio del 'procés'

Todo había empezado con Ramón Font, portavoz del sindicato de enseñanza USTEC STEs, al que el tribunal dio todo el margen del mundo. Eso le llevó a responder con un contundente "por supuesto" a la pregunta de si el proyecto de 'Escolas obertes' con el que se mantuvieron abiertos los colegios el fin de semana del 1-O obedecía al referéndum ilegal. Sin darle importancia alguna desmentió la versión ofrecida hasta entonces por acusados y el resto de testigos, que siempre habían desvinculado las chocolatadas, butifarradas y otras actividades para evitar la clausura de colegios ante la votación ilegal. Y eso aliñado con valoraciones, como que el 1 de octubre los ciudadanos ejercieron su "derecho a la autodeterminación y también a la manifestación y a la reivindicación pacífica, no violenta", derecho que "uno de los poderes del Estado había intentado impedir.

Para cuando llegó el séptimo testigo, Jordi Pesarrodona, investigado por lucir nariz de payaso junto a un guardia civil que custodiaba un registro, Marchena ya se notaba cansado de cómo había transurrido el interrogatorio y le preguntó si era "amigo de represión" de los acusados, cuando este dijo que los conocía a todos "debido a la represión". [Sigue el juicio del 'procés' en directo.] Poco después el juez fue advertido por otro miembro del tribunal de que escondía el objeto que usaba para mostrar su protesta entre sus manos. Pesarrodona las abrió y justificó que las movía por nervios. La nariz estaba en la mesa a su lado.

"La fiebre no tiene trascendencia jurídica"

Marchena no intervino hasta que la abogada del Estado preguntó a Font por la "ocupación" de los colegios y Font se revolvió y detalló el mérito pedagógico del acercamiento del centro al alumno. Entonces el juez le recordó su obligación a contestar la pregunta formulada "sin hacer perder tiempo" al tribunal. El testigo le replicó y el juez le advirtió de que su actitud puede tener "trascendencia jurídica".

Con Marina Garcés tuvo mucha menos paciendia Marchena. La interrumpió cuando contaba que el 1-O tenía fiebre, porque eso "no tiene trascendencia jurídica". "Usted no viene aquí y, si es profesora de filosofía, entenderá que no viene a explicar su grado de alucinación o su estado febril, sino a contestar al letrado lo que le ha preguntado. No tiene ningún interés su valoración personal", la regañó.

El abogado de Cuixart, Benet Salellas, protestó, al entender que a los policías del 1-O que declararon ante el tribunal "se les dejó expresar su percepción" y a sus testigos no. El presidente del tribunal le respondió que una cosa son "las percepciones sensoriales y otra la percepción sobre la alucinación". El letrado optó por no realizar más preguntas y el juez replicó con un "mucho mejor". No recuperó

El juez también prohibió a la testigo hacer uso de ese "guión", no permitido a los testigos. La que en ese momento ocupaba el estrado todavía pudo criticar la "violencia estatal" y la ruptura de la confianza que también rompen las porras, pero el magistrado no la dejó explicar una rueda de prensa que ofreció sobre la actuación policial el 1-O. 

Cuando el siguiente testigo, el abogado Lluís Matamala, quiso declarar en catalán, Marchena le dijo que como letrado debía conocer la Ley de Enjuiciamiento Criminal que solo lo prevé para los acusados en los juicios que se celebran en el Supremo, ubicado en Madrid, donde no es lengua oficial. El testigo, que había enviado una carta al tribunal en términos poco respetuosos, según fuentes jurídicas, trató de rebatirle, por lo que el magistrado le amenazó con la expulsión y las consecuencia penal y disciplinaria que ello le pudiera acarrear.

El magistrado volvió a recuperar la paciencia cuando acabaron los abogados y volvieron los ciudadanos. María Luis Carrillo, una anciana a la que se le fracturó la pelvis, lo que le costó "cuatro meses sin valerse", con su "carácter", se permitió decir que ella no es letrada, pero sabía "que no se quería que se votase". "Soy una ciudadana libre y mi opinión tienen que ser respetada, porque si no hay opinión de los ciudadanos no sé dénde vamos, fui a dar una opinión limpia y clara", declaró. Como se está convirtiendo en costumbre, se quedó a presenciar el resto del juicio en la sala de vistas.

Con los testigos propuestos por Carme Forcadell, entre ellos, los que fueron miembros de la Mesa del Parlament con ella Lluís Corominas y Anna Simó, pendientes de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el juicio retomó la normalidad. El presidente del tribunal solo intervino para reprender al fiscal por no dar tiempo a explicarse al testigo.

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