Otra prórroga para el taxi

El decreto pactado entre el Ministerio de Fomento y los taxistas Ministerio de Fomentotaxistaspara poner fin a los paros del pasado verano pasó ayer su convalidación en el Congreso, pero PDECat y Esquerra pusieron como condición que se tramite como proyecto de ley como pedían el PP y Ciudadanos. No hay riesgo de inseguridad jurídica, puesto que el decreto está vigente a todos los efectos, pero algunas de las facultades que concede a ayuntamientos y comunidades autónomas será difícil que se pongan en marcha mientras no se apruebe la ley correspondiente. El Gobierno cumple su compromiso, pero el conflicto no se cierra del todo.

Resultado ciertamente paradójico que los partidos catalanes ahora independentistas no acojan de manera entusiasta una cesión de competencias que plantea la nueva norma tal y como señaló el ministro. Aunque tampoco hay que menospreciar sus argumentos en lo que se refiere a las futuras indemnizaciones que se tengan que otorgar tras el cambio de normativa. El decreto y la futura ley lo que hacen es facultar a ayuntamientos y comunidades autónomas a restringir los servicios que puedan dar los titulares de licencias VTC (vehículos de turismo con conductor), que son las que usan las aplicaciones de Uber y Cabify. Ciertamente, era paradójico que dos licencias que actúan sobre el mismo mercado, taxi y VTC, tuvieran reguladores distintos. Como también parece lógico acercar la capacidad de regulación al territorio donde se debe aplicar, por un mero principio de subsidariedad. De todas formas, si el Gobierno hubiera previsto lo que ahora piden los partidos independentistas en cuanto a la posible resolución de las licencias, el texto ya podría ser definitivo. 

A pesar del compromiso de PDECat y de Esquerra de no pactar con la oposición otras enmiendas que no sean las de protección de las comunidades autónomas, es evidente que el trámite parlamentario causa preocupación entre los taxistastrámite parlamentariocausa preocupacióntaxistas, muy hartos de este largo conflicto y del peloteo entre administraciones. El único hervor de esperanza que queda es que esta prórroga pueda servir a comunidades autónomas y ayuntamientos para lograr establecer una normativa pactada con todas las partes que evite confusiones entre lo que es servicio público y lo que no lo es. Solo de esta manera se acabaría definitivamente con un conflicto que mantiene en la zozobra a muchas familias.