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EL CONFLICTO DEL TAXI

El Congreso aprueba el decreto 'antiVTC' pero abre la puerta a su modificación

PDECat y ERC se alian con el PP y Cs para imponer la tramitación de la norrma como proyecto de ley

Ábalos lamenta que por intereses "poco claros" se prolongue tres meses más "la incertidumbre del sector"

Manuel Vilaseró

El ministro Ávalos intenta convencer al diputado de ERC, Joan Maragall Sastre, de que su grupo no vote a favor de la tramitación del decreto de las VTC como proyecto de ley.  

El ministro Ávalos intenta convencer al diputado de ERC, Joan Maragall Sastre, de que su grupo no vote a favor de la tramitación del decreto de las VTC como proyecto de ley.   / DAVID CASTRO

El Gobierno ha logrado que el pleno del Congreso convalide el real decreto que pone fecha de caducidad a los VTC (los vehículos que usan las plataformas de Uber  y Cabify). No ha conseguido evitar, sin embargo, que puedan introducirse cambios en el futuro. Las intensas negociaciones mantenidas con PDECat ERC hasta unos minutos antes del debate han fracasadoo. Ambos grupos han votado a favor de la nueva norma, pero luego se han aliado con sus principales detractores, el PP y Ciudadanos, para imponer que se tramite como proyecto de ley.

La decisión no afecta a la entrada en vigor de la nueva regulación. Como todos los decretos, su efectividad es inmediata una vez se publica en el BOE pero las administraciones suelen esperar para desplegarlos a que el Congreso los convalide para evitar rectificaciones. La convalidación ya se ha producido y, por tanto, hay vía libre para su aplicación. Otra cuestión es que algunas autonomías y municipios decidan esperar hasta comprobar qué cambios de introducen durante el trámite parlamentario. Esta decisión queda en sus manos.

El decreto habilita a los ayuntamientos y a las comunidades para que impongan de inmediato a los Uber y Cabify horarios, tarifas y otras restricciones similares a las que están sujetos los taxis. En el plazo de cuatro años ampliables a seis caducarán todas las licencias para los viajes urbanos de los VTC (el 95% de los que hacen) y quedará en manos de la administración autonómica y local expedir una nueva o acabar con la actividad.

Temor de los taxistas

El Gobierno está convencido de que, dada su escaso peso parlamentario (84 diputados), la tramitación como proyecto de ley entraña el riesgo de que la norma “se desvirtúe”.  "Vamos a pudrir este asunto manteniendo la incertidumbre", ha lamentado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que se mostró muy disgustado pese a haber visto aprobado su decreto. El temor de los socialistas es que las crecientes presiones de las grandes empresas con intereses en los VTC logren acaben teniendo efecto.

Los exconvegentes han cimentado su postura en la necesidad de garantizar que las comunidades autónomas no tengan que hacer frente a las hipotéticas indemnizaciones que podrían obtener los VTC en las reclamaciones judiciales que a buen seguro presentarán. También en la necesidad de blindar la competencias de la Generalitat en este campo. Su diputado Ferran Bel ha anunciado que aprovecharán el nuevo trámite para presentar dos enmiendas en este sentido y ninguna más.

"Si hubieran dialogado antes de redactar el decreto ahora no sería necesario ir al proyecto de ley", le ha advertido el diputado independentista al ministro. Un reproche que han repetido prácticamente todos los grupos, entre ellos ERC que ha expuesto los mismos argumento que el PDECat en una sintonía poco habitual en los últimos tiempos.

Los socialistas creen que si se introduce una cláusula de salvaguardia que atribuya al Estado el pago de las hipotéticas indemnizaciones producirse es como dar armas a quienes a buen seguro las reclamarán. "La indemnización ya se establece en el decreto , son los cuatro años transitorios prorrogables a seis", han explicado fuentes de este grupo.  

Compromiso del 'conseller' 

Para calmar al sector del taxi en Catalunya, el 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha prometido a los sindicatos deplegará inmediatamente la nueva regulación, sin esperar más. Quizás por esta razón el sindicato de taxistas Élite, ampliamente mayoritario en Barcelona, ha reaccionado con optimismo. "Sabemos que las comunidades autónomas pueden aplicar desde hoy mismo el decreto y hemos visto que disponemos de una mayoría parlamentaria para revalidarlo", ha señalado su portavoz, Tito Álvavez,  que ha aplaudido la votación desde la tribuna del público. 

El debate, muy tenso y que requirió la intervención en tres ocasiones del ministro, algo muy poco habitual, ha tenido momentos chocantes, como cuando el diputado de ERC a reprochado al Gobierno de "desviar al córner el conflicto". Ábalos le ha preguntado si las comunidades autónomas son el córner. "Sorprende ver como partidos que quieren irse del Estado critican que se les traspasen una competencias", ha añadido con sorna.

Quienes sí han sido coherentes con su discurso centralizador y mimético de los últimos tiempos, son el PP y Ciudadanos, que han coincidido casi en todo. Han asegurado que se trata de una expropiación en toda regla, inconstitucional, y que el Ejecutivo "pasa el marrón a las autonomías", sin resolver nada. ¿Lograrán apoyo de idependentistas y nacionalistas para revertir aspectos clave del decreto? Veremos. Decir que la situación política cambia cada poco en Madrid es quedarse cortos.

El cálculo de los taxistas

El Partido Popular y Ciudadanos argumentan que el decreto del Gobierno no arregla nada sino que solo supone un traslado del “marrón” a las autonomías y los municipios. Es cierto, pero solo en parte. “Quieren que las manifestaciones se produzcan en las consejerías de Transportes y no frente al Ministerio de Fomento”, argumentan.  Y no les falta razón. Lo que ocurre es que esta vez la conveniencia política va unida a la lógica.

Realmente no tiene sentido que un transporte que hace el mismo servicio que los taxis sea regulado desde el Estado. “¿Quieren que controlemos también el taxi o el autobús de todas las ciudades de España desde el Gobierno?”, les ha preguntado no sin razón Ábalos.

La mayoría de los sindicatos de taxistas apoyan las reforma (aunque la moratoria de cuatro años les parece demasiado larga). En este caso la lógica de acercar las decisiones al poder local también favorece a sus intereses. Al menos de momento. Mientras en Barcelona y Madrid, las dos únicas ciudades en las que de verdad hay conflicto, sigan gobernando Ada Colau y Manuela Carmena, los coches de Uber y Cabify tendrán poco que hacer.  Después de las elecciones de mayo está por ver.

    

Temas: Cabify Uber Taxis